En el día de ayer, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, expuso ante el Congreso Nacional por diversas cuestiones relacionadas a la gestión del Poder Ejecutivo Nacional.

Se trata de una obligación que le impone el artículo 101 de la Constitución Nacional de manera taxativa: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

Sin embargo, a pesar de la contundencia y claridad del texto de la carta magna, el kirchnerismo jamás ha cumplido con el referido trámite mensual. No ocurrió con el entonces titular de la cartera, Alberto Fernández, ni sucede con el actual, Aníbal ídem, quien se sienta en el “banquillo” del Congreso luego de nueve meses de no dar explicaciones sobre tarea alguna del Ejecutivo nacional.

Esto motivó a que, a principios de mayo de este año, la diputada del PRO Paula Bertol presentara un Proyecto de Resolución “por el que se intima al jefe de Gabinete de Ministros a concurrir a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional”.

En ese documento, la legisladora requiere la presencia de Fernández y aclara que este “asistió por última vez al recinto de Diputados en noviembre de 2009. No se trata de una prerrogativa de este funcionario presentarse o no ante el Congreso, se trata de una obligación expresa que establece la Constitución Nacional cuando dice en el artículo 101”.

Asimismo, Bertol le recuerda al funcionario que “tiene responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, que podría someterlo a una moción de censura para removerlo”.

Más allá de que esta sea efectiva o no, ¿es útil la convocatoria al Jefe de Gabinete? ¿Tiene alguna relevancia a futuro lo que eventualmente diga el funcionario? Por los resultados que se conocen hasta hoy, no. Las declaraciones de los diversos titulares de esa cartera a lo largo de los últimos años, muestra que sólo se ha falseado información y se han tapado diversos escándalos oficiales.

Por ello, en mayo de este año, Elisa Carrió y Adrián Pérez propusieron modificar el modo en que el Jefe de Gabinete debe dar su informe, ya que, según estos, “ha devenido en un mero acto ritual”.

Bajo la premisa de “otorgar mayor eficacia institucional”, el proyecto propone “flexibilizar el contenido del informe, a través del plenario de labor parlamentaria, facultándolo para la inclusión de temas adicionales al temario propuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros”.

Asimismo, se otorga a los diputados “la facultad de habilitar el tratamiento de este hecho como un nuevo tema para su discusión en la sesión informativa”, así como también “Favorecer el intercambio entre los legisladores y el Jefe de Gabinete de Ministros, posibilitando a todos los diputados la reformulación de preguntas y facultando a la Cámara para que declare libre el debate, cuando así lo proponga uno de sus integrantes”.

La propuesta suena interesante, pero jamás obtuvo la adhesión de la mayoría de los legisladores del Congreso Nacional.

No cumplirás 

La exposición del Jefe de Gabinete no es el único precepto constitucional que no cumple el gobierno de turno; tampoco se lleva adelante lo ordenado por el artículo 100, inciso 5, que habla sobre la necesidad de organizar periódicas reuniones de ministros del Ejecutivo Nacional.

Es una obligación que le cabe también al titular de la jefatura de Gabinete y que jamás se ha cumplido desde que Cristina llegó a la Casa Rosada.

Todo un síntoma de cómo valora el kirchnerismo las instituciones públicas.