Cobos lo hizo. Una vez más, emulando su propia actitud del 17 de julio de 2008, el vacilante vicepresidente volvió a amargar los planes del oficialismo, esta vez a través de un voto “sí positivo” que pone en serios problemas al Gobierno.
Al menos de esa manera lo expresan los funcionarios que mejor reflejan el pensamiento de Cristina Kirchner, como el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, quien aseguró que la sanción de la referida norma "llevaría a la quiebra del Estado argentino”.
¿Es así? ¿Quebrarían las arcas públicas de aplicarse la ley? Las opiniones se dividen a ese respecto y nada puede decirse aún a ciencia cierta. Sin embargo, no es esa la preocupación más relevante del oficialismo en estas horas, sino el costo político que tendrá el eventual veto de la norma, decisión que, según fuentes oficiales, ya se habría tomado en Balcarce 50.
¿Cómo explicar a la misma sociedad a la que se le quiere “vender” una gestión progresista, que se anulará una ley que beneficia a los postergados abuelos argentinos? ¿Cómo hacerlo después de los discursos oficiales en los que Cristina se jactó reiteradamente de haber hecho más que cualquier otro gobierno a favor de los jubilados vernáculos?
No hay manera de que el oficialismo pueda explicar semejante contradicción y de ahí deviene la bronca que en estas horas se mastica contra Cobos. Como siempre, el encargado de defenestrarlo ha sido el jefe de Gabinete, quien ha reflotado un término que gusta utilizar para estas ocasiones: “traidor”.
En realidad sólo ha sido el primero en hacer “catarsis oficial”; en las próximas horas, media docena de funcionarios acompañarán la embestida oficial contra el Vicepresidente, agencia Télam mediante.
Como sea, la estocada de Cobos tiene esa inevitable connotación: es una certera espada que acaba de clavarse en el centro del corazón del discurso de los Kirchner.
No es poco.