La historia fue tan escandalosa que generó hasta la queja de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Fue el 21 de diciembre de 2005, cuando trascendió que el narcotraficante serbio Dragoslav Ilic, procesado con prisión preventiva en el marco del operativo “Viñas Blancas”, recibió autorización del juez Daniel Rafecas para casarse.

El sospechado —quien fue beneficiado junto a otro narco llamado Dejan Trisc— ofreció una fiesta “a todo trapo” en el lujoso hotel Four Seasons luego de casarse con una mujer de nacionalidad venezolana y ello provocó que se encendieran todas las suspicacias. ¿Cómo es posible que un magistrado permita semejante beneficio? ¿Por qué lo hizo?

Ese hecho, que parecía haber quedado en el olvido, ha regresado de la mano del Boudou-gate, luego de que el vicepresidente apuntara sus cañones contra Rafecas.  Así lo publicó Tribuna de Periodistas el pasado 5 de abril: “El Vicepresidente apretó indirectamente al juez al recordarle que fue él quien permitió que un narco serbio llamado Dragoslav Ilic pudiera salir de prisión para ser parte de una fiesta que generó fuerte polémica. No fue casual: en el escritorio de Boudou reposa una carpeta donde se asegura que Rafecas le habría cobrado dos millones de dólares al mismo narcotraficante que liberó de manera temporal”.

Esas sospechas, sumadas al hecho de que el juez hoy cuestionado habría beneficiado a diario Clarín en la información brindada acerca de ese y otros temas, llevaron al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a presentar una fuerte denuncia ante el Consejo de la Magistratura, “a fin de que se investigue si el magistrado ha incurrido en alguna de las causales de remoción que establece el reglamento para la Justicia Nacional, la ley de Ética Pública 25.188 y/o haber infringido algún tipo penal contenido en el Código Penal de la República Argentina”.

En la misma presentación, el letrado pone el foco sobre la sospechosa conducta del fiscal en torno de la causa “Viñas Blancas”, ya que el funcionario “cambió súbitamente su acusación a Dragoslav Ilic y Dejan Trisc por un pedido de ‘falta de mérito’, que dejaba a los sospechosos más cerca de su liberación. La jueza María Romilda Servini de Cubría calificó este sorpresivo cambio de temperamento como un ‘turbulento cambio’”.

En la denuncia, se recuerda que incluso los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal Porteña sospecharon de lo ocurrido y “remitieron los antecedentes del expediente a la Procuración General de la Nación”.

Más adelante, el escrito se detiene en el intercambio de correos electrónicos que se dieron a conocer subrepticiamente en mayo de 2006 entre Rafecas y el periodista Daniel Santoro. Fue luego de que hackearan las cuentas de mail de varios trabajadores de Clarín.

Lo ocurrido puso en duda “la actuación del magistrado Rafecas en una de las obligaciones legales y reglamentarias que tenía a su cargo, como es la circunspección de los datos y constancias de las causas que tramitaran por ante sus estrados, únicamente accesibles para las partes y no para terceros interesados, como por ejemplo, los periodistas”.

Luego de hacer un repaso por la carrera profesional de Rafecas, Kalbermatten recuerda los lazos políticos de este, principalmente en su llegada a la Justicia Federal a través del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Y finaliza con un elocuente petitorio: “Por todo lo expuesto, solicito que se tenga por formulada la presente denuncia y se de curso a la investigación que se propone a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieren haber incurrido integrantes del Poder Judicial de la Nación”.