Avanza la “causa Cromagnon”. Ya acumuló 38 cuerpos de 200 fojas cada uno pero aún no está todo dicho. Y es que este tema esconde en sus páginas algunas perlitas que merecen ser contadas. Como es de esperar, tienen que ver con actitudes miserables y conductas reprochables.

Todo es esperable en lo que respecta a la filosofía del ser humano, no hay nada que pueda asombrarnos luego de los acontecimientos que la historia nos ha deparado a lo largo de los siglos. En este caso sucede lo mismo. Hay defectos y virtudes, miserias y grandezas, sólo que estas últimas no se han destacado demasiado.

Hay un abogado, padre de una de las victimas de la tragedia, llamado José Antonio Iglesias, que se ha presentado como querellante en la causa penal y cuyo desempeño merece ser contado en un párrafo aparte.

Se supo esta semana que la polémica jueza María Angélica Crotto obligó a las victimas a elegir un solo letrado que los represente y su decisión cayó “casualmente” en el propio Iglesias.

En medio de lo antedicho hay algunas cosas que todavía no se dijeron y otras que se sospechan. Abróchense los cinturones para prepararse a lo que viene.


A confesión de partes...

El miércoles 2 de febrero a las 17 horas José Antonio Iglesias convocó a los querellantes  a una reunión “informativa” en el auditorio del  2ª piso de la Asociación Cristiana de Jóvenes, cita en Reconquista y Corrientes de esta Capital. Nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que el abogado iba a informar.

Según testigos presenciales, luego de informar sobre las novedades producidas en la causa, contó —sin ruborizarse— el detalle de diversas reuniones que mantuvo en el Ministerio del Interior con titular de esa cartera, Aníbal Fernández. Según las palabras de Iglesias, el ministro le habría manifestado su “más férrea voluntad y la del Presidente, para solucionar todos los problemas que deban enfrentar los querellantes”.

Entre otras cosas, los presentes se enteraron por boca del abogado que el Ejecutivo Nacional había dispuesto una suma de dinero con el fin de constituir un fideicomiso en el Banco de la Nación Argentina en concepto de “gastos” para llevar adelante la querella.

Sin que ninguno de los presentes percibiera aún la gravedad de las “revelaciones” de Iglesias, el abogado comentó que la “preocupación y generosidad” llegó a tal punto que el ministro le aseguró que ayudaría a solucionar uno de los mayores problemas de los familiares: fotocopiar la causa judicial.

En tal sentido, Iglesias contó algo que en cualquier país serio hubiera provocado un enorme escándalo: Aníbal Fernández le había ofrecido poner a su disposición un automóvil con chofer para que fueran transportando la causa a la sede del ministerio a su cargo para hacer las copias necesarias. A esos efectos, se pondría a dos personas realizar el trabajo.

Cuando Iglesias le comentó esto a la jueza —con la que también sostiene escandalosos y asiduos encuentros— la magistrada rechazó de plano la propuesta. Según su relato, la Dra. Crotto le dijo que “no podía perder su independencia”, ya que la causa sería trasladada a una oficina perteneciente al Ejecutivo Nacional, pero que estaba dispuesta a aceptar una propuesta  que implicara que las copias fueran extraídas en un lugar “imparcial”.

El lugar imparcial elegido luego de no pocas reuniones con la jueza y el ministro, terminó siendo... ¡su propio estudio jurídico!

Aníbal Fernández le daría —sólo a él— “dos fotocopiadoras y todo el papel necesario”. Eso significa que, toda vez que los familiares o sus letrados patrocinantes quisieran una copia de la causa, tendrían que dirigirse a las oficinas de Iglesias. Algo insólito.

De lo antedicho surgen varias preguntas:

-¿Con qué motivo/s Iglesias se ha reunido con el ministro del Interior?

-¿Por qué el funcionario no recibió a otros letrados?

-¿Cómo es posible que Iglesias tenga acceso irrestricto al despacho de la jueza Crotto?

-¿Con qué motivo la jueza lo ha elegido como único querellante de la causa?

-¿Por qué se consideró “imparcial” al estudio jurídico de Iglesias?

-¿Por qué aceptó dicho letrado la ayuda del Estado Nacional, parte interesada de la causa referida?

-¿Cuál es el real interés de Aníbal Fernández en todo esto?

La dos últimas preguntas son las más sencillas de responder y tal vez las más escandalosas. Es evidente que el Dr. Iglesias no tiene en la mira de orientación de su querella al Poder Ejecutivo Nacional como responsable, aún cuando parte de la culpa le cabe al departamento de Bomberos, perteneciente al Ejecutivo Nacional.

En tal sentido, es dable decir que en una de las partes de su exposición del 2 de febrero, Iglesias hizo una injustificada alabanza al estudio realizado por el Departamento de Peritajes del Bomberos en el local de República de Cromagnón. (1)

Realmente escandaloso.


Quemando Iglesias

El Dr. José Antonio Iglesias es padre de uno de los chicos muertos en República Cromagnon y, con esa bandera de pretexto, intenta asumir la representación de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once.

Lo que pocos saben es que detrás de su dolor de padre, Iglesias, ex abogado de Rubén Beraja, oculta una causa por lavado de dinero en la mesa de que funcionaba en el Banco Mayo y una dudosa gestión como administrador judicial de la cooperativa El Hogar Obrero.

En ese sentido, el 25 de junio de 2004 el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó por tentativa de lavado de dinero, confirmó un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos y le prohibió salir del país sin autorización judicial.

En la resolución que forma parte de la causa 4.224/02, Oyarbide estableció que Iglesias “pretendía licuar el reclamo judicial de los acreedores” a través de inversiones propias de “la gestión fraudulenta de la mesa de dinero del Mayo”. También deja claro que “Iglesias no se limitó a ejercer la defensa comercial lícita de Beraja, sino que se adentró en pergeñar la ingeniería jurídica para procurar impunidad a su defendido y asegurarle al banquero el provecho de la defraudación”.

Otro de los puntos que constan en la resolución del juez es la comprobación del estudio de Iglesias “con Israel Lublinerman, profesional contable del Uruguay, aparentemente vinculado con este tipo de operatorias y señalado en el informe de la Comisión Investigadora contra el Lavado de Dinero, del Congreso de la Nación, que dirigiera la diputada Elisa Carrió.

Según el sitio Indymedia.org “en su edición del 8 de abril de 2004, la revista TXT denunció que a pesar de estar implicado en la causa del Banco Mayo, José Antonio Iglesias, ‘un abogado con prontuario XXL y conexiones sospechosas’ estaba a cargo de la intervención de la cooperativa El Hogar Obrero. La nota informaba también que en los registros del Banco Central había constancias de 31 cheques sin fondo emitidos por Iglesias, que pesaban sobre él dos pedidos de quiebra, y que había sido removido como síndico de la firma Combal por incumplimientos graves.

Iglesias reclamó a la revista TXT un derecho a réplica que le fue concedido en el número 60, del 7 de mayo de 2004. Lejos de limpiar su nombre, Iglesias confirmó su relación con el banquero Rubén Beraja y reconoció ser el apoderado de The Altona y Greypark Internacional, dos sociedades panameñas a las que el propio Iglesias definió como ‘sellos de goma’ y que fueron usadas para hacer transacciones irregulares por 6 millones de dólares”.

La gestión de Iglesias al frente de El Hogar Obrero duró sólo un año y dejó un manto de sospechas. Entre otras, el haber favorecido a la sociedad que alquilaba el edificio donde funciona Caballito Shopping Center en perjuicio de la cooperativa.

Durante el año que duró la intervención, el Consejo de Administración interpuso numerosos recursos contra la figura de Iglesias, que pueden verse en la página web de la entidad.

Por si fuera poco y, según pudo saber este periodista de boca de dos fuentes independientes, Iglesias tiene asiduo contacto con el estudio Cúneo Libarona, perteneciente al tristemente célebre Mariano Idem y sus hermanos.

Mariano —recordemos— es un abogado mediático, presente en la memoria de la gente más que por su pericia profesional por su actuación en la causa contra Amira Yoma en el marco del Yomagate por lavado de dinero de la droga (2).

En el marco de la causa Cromagnon, Rafael —hermano del mediático letrado— aseguró con cara de piedra que “con mis hermanos, Mariano, Mathías y Cristian, asumimos la representación de los familiares de algunas de las víctimas porque sentimos la obligación y la necesidad de que se haga justicia (...) No tenemos ningún interés económico en esto”.

Conociendo los antecedentes de Marianito, pocos creyeron las palabras de su hermano.


Juicio Crotto

La jueza María Angélica Crotto es titular del juzgado que lleva delante la causa Cromagnon de manera poco convencional.

Es dable recordar que esta jueza es la misma que sospechosamente desistió de llevar adelante el caso por la muerte de Marcelo Cattáneo y que a fines de los años 90 cerró por “falta de mérito” la causa judicial que involucraba a Graciela Fernández Meijide por ser empleada “ñoqui”.

Pero el mayor mérito de la jueza se dio cuando excarceló en el año 2003 al subcomisario Gerardo Lovaiza, acusado de haber agredido a un grupo de travestis.

El 14 de octubre de 2003 por la noche, Lovaiza había acordado pagar 20 pesos a un travesti apodado Lucy por un servicio sexual, a quien luego le exigió que le consiguiera droga. Según los testimonios recogidos en el sumario policial, la negativa del travesti generó una fuerte discusión dentro del auto del policía, que pareció tener fin cuando Lovaiza obligó a "Lucy" a bajarse del auto.

Según cuenta diario La Nación “el travesti, en efecto, ganó la vereda. Pero para Lovaiza el episodio no había terminado. La siguió con su auto y se le puso a la par, al tiempo que le exigía la devolución del billete de 20 pesos que le había dado.

Ante una nueva negativa (esta vez, por la falta de restitución del dinero pagado por el servicio sexual), Lovaiza se bajó del auto y, tras increpar verbalmente a su reciente acompañante, pasó a los hechos y le pegó a un puñetazo en la cara.

Lucy comenzó a gritar; acudieron en su auxilio tres de sus colegas, que comenzaron a golpear a Lovaiza. Pronto se sumaron otros travestis, hasta que se convirtieron en una verdadera horda que cayó sobre el subcomisario bonaerense.

Según los testigos, el policía, en inferioridad numérica, sacó su pistola nueve milímetros y efectuó entre cuatro y cinco disparos al aire. Según las fuentes consultadas, tres travestis recibieron heridas, provocadas por las esquirlas derivadas del rebote de las balas. Lovaiza, en tanto, sufrió cortes en la cabeza, al parecer, producto de golpes con un "taco aguja" de un zapato.

Varios vecinos dijeron haber escuchado que Lovaiza le exigía a "Lucy" que le entregara ‘dinero y drogas’.”

El desempeño de la jueza en la investigación por la masacre en República Cromagnon no difiere demasiado del patrón que suele impregnar a sus causas judiciales. Fuentes de la justicia porteña confiaron a este periodista que existe una “real afinidad entre Crotto y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

Por caso, podemos nombrar el rechazo de la magistrada a que la COFAVI (Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social) sea tenida como parte querellante por la investigación de la muerte de la periodista Jacqueline Karina Santillán. (3)

Uno de los personajes que la jueza debería citar a declarar es Javier Grossman, nexo entre la gestión aliancista-frepasista porteña con los hermanos Chabán y a quien se lo reconoce por haber sido socio de Omar en la disco Babilonia y Cemento.

Grossman fue director general de prensa durante la gestión de Ibarra-Ariel Schifrin al frente de la Legislatura (1998/99). Ese período en el que se realizaron las reformas edilicias de la Legislatura donde se comprobaron millonarios sobreprecios en numerosas contrataciones.

Ese fraude, del que fue responsable principal Ibarra, quedó virtualmente admitido el año pasado cuando la Legislatura votó una partida de seis millones de pesos para finalizar las cuestionadas obras, a fin de “obtener el Final de Obra”.

Otro dato, poco casual es que el citado Grossman es actual “operador” de prensa del diputado porteño Jorge Giorno, que lidera el Partido de la Ciudad. Ese bloque, lo integran además Julio De Giovanni, que antecediera a Juan Carlos López en la secretaría de Justicia y Seguridad y Carlos Amejeiras. Justo los tres votos que faltaron para aprobar el proyecto para interpelar a Ibarra.


Concluyendo

Mientras la jueza se niega a llamar a declarar a algunos de los involucrados políticos más importantes de la causa y los medios siguen analizando sin mayores resultados la responsabilidad de Chabán e Ibarra en la tragedia, algunos puntos que muchos desconocen se nos escapan de las manos. A saber:

-Hay chicos que murieron porque no se les dio oxígeno cuando se los atendió en sendos hospitales la noche de la tragedia.

-Hubo represión de la policía a los pibes que esa noche querían cruzar para el lado de Plaza Once.

-En medio de su desesperación, hubo chicos que apedreaban algunas ambulancias porque no se detenían a asistirlos.

-Se les quitó asistencia médica a muchas de las víctimas, lo cual podría producir sus muertes en el corto-mediano plazo. 

-El boliche República Cromagnon contaba con un certificado de bomberos vigente para su funcionamiento, motivo por el cual, más temprano que tarde, algún funcionario oficial deberá dar las pertinentes explicaciones.

Hay mucho por contar y poca voluntad para que se sepa la verdad. La justicia ya ha demostrado adonde llegará el nivel de responsabilidades y la vergüenza ya se anticipa a los hechos.

Haremos lo que sea para revertirlo. Es nuestro deber.

No es poco...

 

Christian Sanz

Notas:

(1) Si se determina que el Cuerpo de bomberos tiene responsabilidad en los hechos que se están investigando, ningún querellante ni sus asesores letrados puede recibir dádivas del Poder Ejecutivo Nacional, ya sean estas provenientes de un fideicomiso que se constituye con aporte del Ejecutivo Nacional ni fotocopiadoras que cede o transfiere el Ministro del Interior.

(2) Mariano Cúneo Libarona fue quien sacó a Amira Yoma del palacio de Tribunales escondida en el baúl de su automóvil. También fue defensor de Emir Yoma, Guillermo Coppola, y otros impresentables.

(3) La COFAVI  tiene una larga trayectoria que exime de cualquier tipo de suspicacias. Entre otros logros cuenta con 9 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 4 de las cuales ya son “Peticiones” o “casos aceptados” por la misma: Schiavini, Giovanelli, Santillán y Acosta.