Antes de hacer cualquier análisis al respecto, debe quedar claro que el concepto de “democratización” de la Justicia que concibe Cristina Kirchner jamás hubiera existido de haber fallado la Justicia contra el grupo Clarín en el marco del errático “7D”. Luego, cabe preguntarse:

¿Por qué se esperó casi diez años para llevar adelante una reforma que supuestamente será positiva tanto para el Poder Judicial como para la sociedad?

La avanzada del Ejecutivo sobre la Justicia debe analizarse como un capricho de la Presidenta, mal que le pese a más de un militante. La propia Cristina se anticipó a todas las suspicacias al advertir que no se trató de ningún intento de “politizar la Justicia”. ¿Para qué mencionarlo si ello no estuviera en su propio inconsciente?

Los anuncios que hoy se hicieron no buscan mejorar nada, solo vengarse de uno de los poderes más relevantes del Estado. Especialmente de los jueces supremos que han mostrado independencia de los dictados oficiales. ¿Por qué no avanzar contra magistrados como Servini de Cubría u Oyarbide si se busca realmente mejorar ese cuerpo?

No hay respuestas para las preguntas más básicas, apenas vacías frases de ocasión que suelen repetir los cibermilitantes K de siempre. ¿Quién fue acaso el cráneo que propuso que los miembros del Consejo de la Magistratura deberán ser elegidos por el pueblo, iniciativa que fracasó en todo el mundo?

La cooptación de ese cuerpo, por si alguien lo ha olvidado, fue llevada a cabo por el mismísimo kirchnerismo en febrero del año 2006. En esos días, se redujeron de 20 a 13 los miembros, iniciativa que se contradice con la medida hoy anunciada. Es que, de acuerdo al capricho oficial, ahora se elevarán nuevamente a 19. ¿Cómo explicar semejante contradicción?

La respuesta más lógica la aporta la siempre picante Elisa Carrió: “Lo único que quiere el gobierno es tener los dos tercios del Consejo de la Magistratura para nombrar, acusar y destituir jueces”.

En fin, la anunciada “democratización” de la Justicia es un gran acierto… pero solo a nivel discursivo. Por caso, se habla del impulso a una ley “de Ingreso Democrático al Poder Judicial”, lo cual lleva a preguntarse: ¿Antes el ingreso era “de facto”?

Algo similar ocurre con la ley de “acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios”. La medida es acertada, pero es paradójico que se exija a los jueces mostrar sus patrimonios y no hagan lo mismo los principales ministros y secretarios del Ejecutivo.

La misma contradicción se da con el intento oficial de regular las medidas cautelares contra el Estado.

¿Olvida Cristina el uso y abuso que ha hecho de esa herramienta en el marco del expediente de Papel Prensa?

Mucho podrá decirse para defender lo que hoy anunció la Presidenta, pero la realidad pasa por otro lado. Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, lo describió mejor que nadie: "Los proyectos anunciados hoy solo apuntan a restarle poder a la Corte Suprema, a crear nuevos tribunales que puedan integrarse con jueces cercanos al Gobierno, a controlar el Consejo de la Magistratura y a evitar el límite que ciertas decisiones judiciales y en particular las medidas cautelares suelen implicar para las iniciativas del Gobierno".

Más claro, echarle agua… Evián.

Christian Sanz
Seguir a @CeSanz1