Hoy se cumplen 19 años del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 a las 9.53 hs. Cristina Kirchner ha buscado una oportuna excusa para, al igual que el año pasado, pegar el faltazo al evento. ¿Cómo enfrentar a la comunidad judía luego del polémico acuerdo con Irán?

Luego de casi dos décadas de ocurrido uno de los peores hechos criminales en la Argentina, aún hoy hay quienes insisten en fábulas respecto a lo sucedido en la mutual israelí.

De la misma manera, aún muchos desconocen que las pruebas sobre lo ocurrido son varias y varias. Por caso, la factura de la bomba que explotó aparecen en el expediente de marras.

Y... ¿dónde está el explosivo?

Poco tiempo después de la explosión de la sede de la AMIA se comprobó que el dueño de una empresa llamada Santa Rita, el sirio Nassib Haddad —quien trabajaba en las refacciones a la mutual judía—, era habitual comprador de grandes cantidades de explosivos.

De hecho, el sirio había comprado, poco antes del atentado, 425 kilos de amonal para obras en la represa Casa de Piedra.

Lo extraño es que no todos los explosivos se usaron en la obra y, nueve meses después de la compra, Santa Rita depositó un volquete frente a la AMIA instantes antes de la explosión.

Fue cuando —casualmente— el entonces juez Juan José Galeano viajó de apuro a Venezuela para interrogar a Manoucher Moatamer, un iraní prófugo que dijo haber sido auxiliar de Fallahijan y acusó a Teherán en el magnicidio.

Al momento de prestar declaración, Haddad aseguró que nunca había utilizado Amonal y que incluso lo desconocía.

En ese momento, el juez Galeano pidió información al respecto al ministerio de Defensa, entidad encargada de controlar la venta de explosivos. Dicha respuesta le llegó de mano del Coronel Carlos Franke, quien aseguró que Haddad había comenzado a comprar explosivos recién en marzo de 1994. Siempre para utilizar en supuestas refacciones a Casa de Piedra.

Pero no pasaría demasiado tiempo hasta que la verdad saliera a la luz.

Para amargura de Haddad y Franke, Fabrica Argentina de Explosivos de Olavarría envió al juzgado de Galeano una boleta por compra de amonal fechada en octubre de 1993, pocos meses antes del atentado a la AMIA.

Lo sorprendente es que la cantidad y tipo de explosivos comprados por Haddad coinciden con los utilizados para volar la mutual judía.

Pero más llamativo aún es que la ex SIDE no hizo nada respecto a que la empresa que estaba comprando grandes cantidades de explosivos fuera la misma que refaccionaba la sede de la AMIA.

¿Irán o Siria? 

Mientras algunos periodistas —de manera inentendible— siguen apuntando sin pruebas a Irán y aún hablan de la inexistente Traffic-Bomba, se va difuminando, consecuentemente, la pista más importante de la posible ejecución del magnicidio: la pista Siria.

Uno de los pocos documentos que respaldan la supuesta participación de Irán en el mismo, es un paper surgido del seno de la SIDE en épocas de Miguel Ángel Toma como Jefe de dicho organismo.

El informe “secreto” es tan poco serio que lista entre los “contactos de (Carlos Alberto) Telleldín” para ejecutar el atentado a personas que fallecieron hace más de 30 años, jóvenes que tenían sólo 20 años y chicos de entre cuatro y seis años.

Un botón de muestra: en aquel momento Mehsen Massud y Helale Yurie —nombrados en el informe— llevaban más de 30 años muertos; Osman Massud también había fallecido, Dajal Massud tenía 15 años; y Emiliano, Matías y Santiago Samid todavía hoy no alcanzaron la mayoría de edad.

Por estas vergonzosas acusaciones, oportunamente el Centro Islámico de Buenos Aires tomó la decisión de presentarse en la causa AMIA "para ayudar a esclarecer los hechos".

Los integrantes de ese centro aseguran que el juez Galeano "se cansó de preguntarles a los que interrogaba qué religión profesaban, dónde iban a rezar y si conocían a otros árabes. Y eso también es discriminación".

¿La prensa?... Bien, gracias.

Yabrán: la yapa que faltaba

Uno de los detalles más escabrosos que ha escapado a la prensa y a la justicia es el que vincula al desaparecido Alfredo Yabrán con el atentado a la AMIA.

Y es que una de sus empresas, La Royal —nucleada en el grupo Orgamer SA—, se ocupó de la limpieza de la mutual judía un día antes de la explosión del 18 de julio de 1994.

Orgamer SA , a su vez, nació como resultado del vaciamiento de la firma Zapram, que en sus comienzos había sido la encargada de agrupar algunas de las empresas de seguridad y limpieza de Yabrán.

Esto viene a colación de que la abogada Martha Nercellas, representante legal de la DAIA, fue abogada de Zapram, es decir, que indirectamente fue letrada de Don Alfredo.

Concretamente, Nercellas fue defensora —por evasión impositiva y otros delitos—, entre otros, de los directivos de Zapram Carlos Orlando Generoso y Marcelo Claudio Carmona, ambos suboficiales (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal.

Generoso, comisionado a la ESMA durante la dictadura, fue presidente de Zapram S.A. y socio gerente de Zapram S.R.L., mientras que Carmona fue socio gerente de Zapram S.R.L. y presidente de Zapram Technical.

El sitio Diariojudicial.com publicó en su momento algo más que sugestivo respecto a la defensa de Nercellas: el 17 de diciembre de 2001 el Tribunal que investigaba la causa AMIA “pidió que se le enviaran escuchas telefónicas de una investigación sobre la quiebra del Banco Mayo que puedan vincularse al ataque terrorista, luego de difundirse una conversación entre el ex titular de esta entidad Rubén Beraja y el juez federal Juan José Galeano.

Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo requirieron al juzgado federal de Norberto Oyarbide el envío de ‘copias de audios y escuchas telefónicas de conversaciones interceptadas en la causa Beraja Rubén y otros sobre defraudación a la administración pública’.

Beraja era titular de la DAIA al momento del ataque del 18 de julio de 1994 y luego fue imputado en una causa por la quiebra del banco que presidía.

Galeano y Beraja hablaban de cómo hacer declarar a un policía que quería aportar información y de un inminente viaje del magistrado a Estados Unidos y Francia, para entrevistar arrepentidos iraníes.

Ese mismo día, el nombre de Alfredo Yabrán apareció en el juicio. La abogada de la DAIA, Marta Nercellas, quiso desmentir a través de un testigo que una empresa vinculada al polémico empresario se haya encargado de la limpieza de la sede de la comunidad política judía al momento del atentado. Sin embargo, el juez Guillermo Gordo, presidente del tribunal, frustró rápidamente la intención de la letrada”.

Lo más llamativo es que Nercellas fue puesta en la causa AMIA por recomendación del corrupto Galeano.

La solicitada de Yabrán

Pocos saben que el propio Alfredo Yabrán, poco antes de su desaparición física —el 20 de mayo de 1998—, dejó un escrito de su puño y letra que debía ser publicado como solicitada y que sostenía que “el asesinato de (José Luis) Cabezas fue politizado por unos y por otros (...) y también utilizado para tapar otros hechos aún más terribles, como el bombardeo de la AMIA...”.

¿Por qué hablaba Yabrán de “bombardeo”?

Si uno busca la definición de la palabra “bombardeo” encontrará que su acepción habla de la detonación de más de una bomba.

Y no es casual. Algunos testigos presenciales del atentado a la AMIA aseguran que escucharon dos explosiones. Probablemente una estuviera dentro de la sede de la mutual judía y la otra en el volquete de la empresa Santa Rita de Nassib Haddad. Hay más de un indicio en ese sentido.

Una historia rara en verdad, donde se conjugan una abogada sospechosa, una empresa de limpieza fantasma, un mentiroso empresario que vende explosivos y un juez corrupto.

Todo eso sazonado con una docena de periodistas oficialistas.

Realmente lo que se diría una mezcla explosiva.