Sorprendió a propios y ajenos la jueza María Romilda Servini de Cubría cuando decidió procesar al ex titular de la Sedronar, José Granero, por el delito de facilitación de elementos y lugares para el transporte de estupefacientes, más específicamente efedrina.

Hoy, en el marco de ese expediente, hay varios funcionarios de la dependencia antidrogas argentina que están bajo sospecha judicial, dos de ellos procesados junto a Granero.

Sin embargo, el coletazo más duro de esa causa criminal se dará en otro juzgado, el de Ariel Lijo. El magistrado decidió desempolvar un expediente que había fenecido justamente por inacción judicial, paradójicamente por parte de Servini de Cubría.

Se trata de una investigación que busca determinar si los laboratorios medicinales que traficaron efedrina aprovecharon la campaña política del Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero.

Lijo tiene en su poder un documento determinante y elocuente: un dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da por probado el hecho.

Con ese informe en sus manos, el juez que tiene en jaque al vicepresidente Amado Boudou, va ahora por Cristina Kirchner.

Lijo sospecha que se habría violado la ley 25.246, al tiempo que abriga la posibilidad de que hubiera habido encubrimiento de la procedencia de activos —del artículo 278 del código de rito—. También podrían darse otras figuras penales como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y hasta contrabando simple.

Al documento de la Corte, debe sumarse un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de principios del año 2010 que también está en poder del juez. Allí también se vincula la campaña del año 2007 con puntuales empresarios investigador por tráfico de efedrina.

Por caso, en ese documento, donde aparecen oportunos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se desnuda cómo el empresario Néstor Lorenzo hizo una serie de aportes en efectivo a la campaña ad hoc por un total de 2 millones ochocientos mil pesos, entre octubre y noviembre del 2007.

Bautizado como el "Yabrán de los remedios" por Graciela Ocaña, Lorenzo se encuentra procesado —está libre bajo fianza—por tráfico de fármacos, en el contexto del expediente denominado "la mafia de los medicamentos".

Otro de los aportantes que aparece en el paper es Marcelo Abasto, ex socio del asesinado Sebastián Forza en el marco del Triple Crimen de General Rodríguez de agosto de 2008. Ambos fueron socios en la droguería Seacamp, también involucrada con el tráfico de efedrina.

Pero hay más: Ariel Vilán también aportó a la campaña de Cristina y Julio Cobos. Lo hizo a través de la droguería Unifarma, también implicada en la mafia de los remedios.

No obstante, Vilán no cobró celebridad por ello, sino por haberse suicidado poco después de ocurrido el triple crimen arriba mencionado.

Al mismo tiempo, Abasto y Vilán supieron extender cheques a favor de Luis Tarzia, nexo con el cártel mexicano de Sinaloa, comandado por Joaquín "Chapo" Guzmán.

Fallecido en 2009, Tarzia era el único argentino que se encontraba preso por el allanamiento a la quinta de Ingeniero Maschwitz, donde se arrestó a 9 mexicanos y se desmanteló una cocina de efedrina.

El documento de la UIF incluye algo inquietante: señala que las mencionadas empresas también tuvieron vínculos financieros con los sospechados Laboratorios Sanfer SA e Invekra SA, ambos mexicanos.

Para cerrar el círculo, debe mencionarse que otro de los aportantes al Frente para la Victoria supo ser Ibar Esteban Pérez Corradi, un acusado de narcotráfico que la DEA pidió extraditar a EEUU.

Ex socio del asesinado Forza, Pérez Corradi hoy está prófugo por el triple crimen de General Rodríguez.

Más allá de las improbables casualidades, algunos de los laboratorios bajo sospecha son los siguientes: Multipharma (donó $310.000), Bristol Park SA ($310.000), Iter Medicina ($310.000), Droguería Urbana ($310.000), Audifarm ($100.000), Medic Técnica Santa Bárbara ($50.000), Framaline SA ($77.500), Seacamp (esta era la compañía del fallecido Forza, $200.000), Droguería La Plata ($50.000), Droguería Unifarm ($100.000) y All Medicine ($160.000).

¿Qué sospecha Lijo? Que los fondos de campaña de 2007 podrían estar compuestos de “plata negra” que luego habría sido blanqueada por testaferros de Néstor Lorenzo, los cuales a su vez hicieron donaciones en cheques a la campaña K.

Por lo pronto, se pudo determinar judicialmente que esos valores salían de la Obra Social Bancaria, pasaban por las cuentas de la droguería San Javier y terminaban siendo cobrados en efectivo por Pérez Corradi.

En ese contexto, el informe de marras de la unidad fiscal antilavado complementa todas las sospechas existentes: sin dudarlo, en sus conclusiones señala que estos y otros movimientos "revisten característica sospechosas" que podrían encuadrarse como delito de lavado de dinero.

Colofón político

En la mira de Lijo aparece Héctor Capaccioli, eyectado superintendente de Servicios de Salud en noviembre de 2008 y hombre del riñón del auto-renunciado Alberto Fernández. Fue uno de los que se ocupó de recaudar fondos para la campaña de Cristina y Cobos en 2007.

Capaccioli ha sido la misma persona que Forza mencionó como "intermediario necesario" respecto a cualquier ilícito vinculado a la venta de medicamentos o adulteración de fármacos. Casualmente, merced a su gestión, la mayor cantidad de aportantes a "la causa" fueron laboratorios medicinales y/o personas vinculadas a estos.

“Vos sabés que muchos, como en mi caso no pusimos un solo peso. Nunca ni el fiscal Di Lelo, ni Servini de Cubría, llamaron a nadie a declarar, el único fue quien te habla. ¿Y los demás que salieron en diarios revistas que no pusieron un solo peso? ¿Los verdaderos financistas adonde están?”, preguntó retóricamente Gabriel Brito, titular de la consultora Global Pharmacy, ante la consulta de este cronista.

Brito es uno de los supuestos aportantes a la campaña del Frente para la Victoria que en realidad nunca puso dinero de su bolsillo.

¿Cómo avanzará el expediente de Lijo? Es imposible anticiparlo, aunque, más allá de lo que ocurra a nivel judicial, perjudicará políticamente a Cristina de manera directa.

Como reveló este cronista en su momento, en marzo de 2008, Aníbal Fernández y Ricardo Echegaray —uno a cargo del Ministerio de Justicia y otro al frente de la Dirección General de Aduanas—, junto al jefe del departamento de Narcotráfico de la Aduana, Diego Pérez Escobar, recibieron por parte de la DEA y la Procuraduría General de México, lo que se llama "Alerta Efedrina", esto es, la advertencia de que estaba saliendo efedrina en grandes cantidades desde el territorio nacional.

Por si fuera poco, en noviembre de 2008, la Procuraduría General de México dio una nueva "alerta" tanto a Aníbal Fernández como al ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli.

Fue en reuniones separadas que uno y otro tuvieron en Argentina con los delegados mexicanos, luego de que la Policía Federal incautara en San Miguel 750 kilos de cocaína y detuviera en el operativo a dos mexicanos.

No obstante, lo más sorprendente no fue la alerta en sí, sino el "cajoneo" de esa advertencia por parte de los funcionarios argentinos.

¿Había no había voluntad de detener el tráfico de efedrina por parte del gobierno? ¿Por qué no se dio importancia a los alertas de los sabuesos mexicanos?

Esas preguntas no tuvieron respuesta en su momento; tal vez el momento de todas las revelaciones sea ahora, seis años más tarde, Lijo mediante.