Cuando Cristina Kirchner acusó al massismo de impulsar la denuncia contra ella en relación a la firma Hotesur —y el consecuente nexo con Lázaro Báez—, no reparó en un detalle: ningún referente del peronismo tradicional se pronunció al respecto, ni a favor ni en contra de ella.
Ese mutismo es más que sintomático: un sector del PJ está detrás de la embestida judicial contra la presidenta.
El de Claudio Bonadío es solo un ejemplo de esto. Hay otro aún más elocuente: tiene que ver con el reimpulso que su colega Ariel Lijo le está dando a un expediente que busca determinar si los laboratorios medicinales que traficaron efedrina aprovecharon la campaña política del Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero.
Lijo tiene en su poder un documento determinante y elocuente: un dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da por probado el hecho.
Con ese informe en sus manos, el juez va ahora por Cristina.
Lijo sospecha que se habría violado la ley 25.246, al tiempo que abriga la posibilidad de que hubiera habido encubrimiento de la procedencia de activos —del artículo 278 del código de rito—. También podrían darse otras figuras penales como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y hasta contrabando simple.
Al documento de la Corte, debe sumarse un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de principios del año 2010 que también está en poder del juez. Allí también se vincula la campaña del año 2007 con puntuales empresarios investigador por tráfico de efedrina.
Por caso, en ese documento, donde aparecen oportunos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se desnuda cómo el empresario Néstor Lorenzo hizo una serie de aportes en efectivo a la campaña ad hoc por un total de 2 millones ochocientos mil pesos, entre octubre y noviembre del 2007.
Como sea, según reveló diario Perfil este fin de semana, un grupo de jueces se reunieron en Puerto Madero para ponerse de acuerdo entre sí y avanzar en causas de corrupción contra el kirchnerismo. Quien coordinó ese ágape es un operador cercano a Eduardo Duhalde, a quien, dicho sea de paso, el gobierno acusa por impulsar disturbios de cara a diciembre de este año.
Uno de los magistrados que estuvo allí explicó a Perfil con crudeza: “Acá (en tribunales) hay una sensación de que este Gobierno se terminó”. A pesar de lo antedicho, el kirchnerismo insiste en ver fantasmas donde no los hay.
Cristina está convencida de que la mano de Sergio Massa fue que movió los hilos de la voluntad de Bonadío.
Mal que le pese a la presidenta, el único nexo que conserva el ex intendente de Tigre con los tribunales federales es el fiscal Guillermo Marijuán, a quien Massa conoció cuando era titular de la Anses y creó la unidad fiscal para investigar delitos cometidos. Marijuán quedó a cargo.
Luego le pidió el control de los planes jefes y Jefas de Hogar, viajaron juntos a los Estados Unidos y formaron una incipiente y duradera amistad.
Tan es así que, en el eventual armado de su campaña de cara a 2015, Massa le propuso a Marijuán ser su Procurador General, es decir, el jefe de los fiscales.
Concluyendo
Cristina está preocupada, no solamente por el avance judicial sobre sus cuentas —Bonadío ahora empezó a investigar otro de sus hoteles, Los Sauces—, sino además por la imposibilidad de operar sobre la justicia Federal.
Su otrora operador, el auditor Javier Fernández, quedó desactivado luego de que el 5 de octubre de 2011 alguien tiroteara su automóvil. Ocurrió mientras transitaba desde su casa hacia sus oficinas en el microcentro porteño.
Esa mañana, Fernández fue interceptado por un vehículo, desde el cual habrían disparado “a matar”, según detalló un peritaje hecho por Gendarmería nacional.
Lo curioso del hecho es que, hasta el día de hoy, el auditor insiste en asegurar que lo que le pasó es, ni más ni menos, que la cara más feroz de la interna del PJ.
Como dijo alguien alguna vez, “en política las casualidades no existe”.