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Es inevitable, irreversible, imparable. Lo que viene es imposible de detener: en los meses que vienen, Cristina Kirchner y muchos de sus funcionarios tendrán que recorrer tribunales por doquier.
Lo que les espera son puros problemas judiciales y, por qué no decirlo, una fuerte condena social.
Cuando empiecen a develarse algunos desaguisados que aún persisten ocultos y que se suman a los que supieron ver la luz, la bronca ciudadana se multiplicará exponencialmente.
Parte de lo que se destapará tiene que ver con el patrimonio de los Kirchner, que es muy superior a lo que se cree.
Por caso, si avanza una incipiente denuncia de Margarita Stolbizer, que hoy reposa en el despacho del juez Sergio Torres, Cristina y su hijo Máximo estarán en graves problemas.
Allí, queda de manifiesto que la flamante expresidenta y su vástago falsearon sus declaraciones juradas —ya abultadas, por cierto— entre los años 2007 y 2013 para mostrar que obtuvieron ingresos inferiores a los que realmente acopiaron.
Según revela al respecto la colega Emilia Delfino, si se analiza bajo lupa esos documentos se descubrirá que el patrimonio del hijo de los Kirchner creció más de 53.000%. Obviamente, se trata de dinero derivado de la corrupción de los últimos 12 años.
En ese contexto, la mala noticia para Cristina —y Máximo, eventualmente— es que el fiscal Carlos Rívolo se encuentra decidido a llevar la indagación hasta las últimas consecuencias. Por ello, analiza en las próximas horas imputar a la exmandataria.
Si a este expediente se suman las revelaciones del caso Hotesur, puede decirse que Cristina tiene su futuro complicado a nivel judicial. Más todavía si se tiene en cuenta que hay sendas autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, ante el cambio de signo político, están dispuestas a revelar los secretos del falso título de abogada que ostenta la expresidenta.
Uno de ellos ocupa hoy un cargo académico de relevancia en la amplia oficina que ocupa en la Presidencia de esa casa de estudios, ubicada en Avenida 7 nº 776 de esa ciudad. Es la misma persona que aportó a este periodista el documento adulterado de inscripción de Cristina a la UNLP.
No obstante las complicaciones que arreciarán a la exjefa de Estado, otros funcionarios del kirchnerismo también tendrán severos problemas judiciales. Dos de ellos están cantados: Amado Boudou y Aníbal Fernández.
Baste mencionar que el exvicepresidente ni siquiera puede salir del país, por su implicancia en el caso Ciccone. A ello debe sumarse la “sorpresa” que le depara el juez Ariel Lijo en el marco de la denuncia que inició este periodista en su contra por enriquecimiento ilícito.
En el caso de Aníbal, su destino es menos auspicioso aún: lo espera una condena segura por parte de la jueza María Romilda Servini de Cubría por su responsabilidad en el triple crimen de General Rodríguez en el año 2008.
A su vez, tendrá que dar explicaciones por sus vínculos con el tráfico de drogas en los últimos 10 años. Desde el caso Southern Winds, pasando por el contrabando de efedrina, sus huellas aparecen por doquier.
En pos de sus pocas definiciones, Mauricio Macri aseguró esta semana, en el contexto de su asunción como presidente de la Nación, que dará total libertad de acción a los jueces Federales —no habrá magistrados “macristas”, aseveró— enviando un mensaje por elevación al kirchnerismo para que no intente buscar impunidad judicial a través de la política. Ciertamente, se trata del peor de los mundos para Cristina y su séquito.
Como puede verse, el destino del otrora kirchnerismo no es de grandeza sino de purga en prisión.
Y es así como debe ser, es parte de la lógica más pura. Ya lo dijo con meridiana claridad Sófocles: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.
