Hay una licitación que suena a negociado, que viene siendo denunciada, no solo por Tribuna de Periodistas, sino también por otros medios de prensa e incluso legisladores bonaerenses.

Tiene que ver con una empresa llamada Dienst Consulting, dedicada entre otras cosas al servicio “de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legitimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados”.

Pertenece a un testaferro de Hugo Moyano llamado Gustavo Elías. Es decir, que pertenece al propio Camionero, con la colaboración del exjuez Daniel Llermanos, vinculado a varios hechos de corrupción cuando era magistrado.

La firma tiene desde el año 2009 la potestad de hacer los psicofísicos para los legítimos usuarios de armas, aún cuando cuenta en su haber con denuncias por la supuesta utilización de facturas truchas y distintos incumplimientos impositivos.

Así y todo, el macrismo en general, y María Eugenia Vidal en particular, le otorgaron otros contratos millonarios en el Estado nacional y en el gobierno porteño.

Cuando ello ocurrió, este portal habló con diversos funcionarios del gobierno bonaerense, quienes admitieron que el contrato con Dienst no sería renovado. “Estamos al tanto de las denuncias contra la empresa”, dijeron a TDP desde la gobernación de La Plata. Luego, como prometieron, dejaron de lado a la cuestionada firma.

Sin embargo, en las últimas horas, todo volvió a “fojas cero” y Dienst volvió a hacerse con el contrato millonario. ¿Qué explicación puede aportar la gobernadora Vidal al respecto?

El propio Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, admitió a este sitio que “es ilegal” la delegación de facultades que son propias del Estado, como la tarea que realiza la Dirección de Reconocimientos Médicos, en una empresa privada como Dienst.

A ello se suma el proyecto de Comunicación S-3825/17 presentado por el Senador por Chubut Juan Pais que pide explicaciones respecto de “los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos por el cual se adjudicó a la firma Dienst Consulting S.A (30-70771220-8) el servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legitimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados. Para ello se requiere copia certificada de los dictámenes emitidos en el marco de la contratación mencionada, adjudicada a través de la Resolución 0015/17 de la ANMaC. Asimismo solicita que adjunte el análisis de los componentes económicos de las ofertas en el concurso público de cada uno de los oferentes”.

El mismo legislador ha solicitado en su presentación que le informen “cuántas personas humanas han accedido a la credencial de legítimo usuario de armas de fuego en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente” y que le digan “la cantidad de pedidos rechazados durante los períodos mencionados en el párrafo anterior”.

El punto quizás más importante es aquel en el que pide el “detalle de la composición accionaria y titularidad de la empresa Dienst Consulting S.A (30-70771220-8)”.

Finalmente, País solicita que le informen cuáles son y dónde se encuentran los centros médicos de la empresa: “Se requiere que se aclare, en cada caso, si estos pertenecen a la mencionada empresa o son establecimientos cuya titularidad pertenece a otras personas jurídicas o humanas”.

El escándalo, que parecía haber amainado, volvió a cobrar fuerza, en medio de sospechas por supuestas coimas y licitaciones direccionadas. Quien tiene la palabra es Vidal. Habrá que ver qué tiene para decir.