No les falta nada. Están vinculados a todo tipo de delitos: aprietes, amenazas, lavado de dinero, mafia de los medicamentos, enriquecimiento e incluso tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, Hugo y Pablo Moyano no purgarán penalidad alguna por todo eso, simplemente porque no hay juez que se anime a avanzar contra ellos.

La postal de ello la aportó este martes el magistrado Luis Carzoglio, quien desistió de detener a Pablo.  

No solo desairó al fiscal Sebastián Scalera, quien había hecho una contundente fundamentación para meter a Moyano tras las rejas, sino que además arremetió contra el periodismo, como si fueran los responsables de los desaguisados del “clan camionero”.

No debería sorprender: Carzoglio, no solo está íntimamente vinculado al peronismo, sino que además su hijo fue vocal suplente en la lista en la que Víctor Javier Cantero se presentó para ser presidente de Independiente (ver al pie).

Pero hay más: oportunamente la fiscalía de Delitos Económicos e Institucionales pidió que indaguen a Carzoglio por dos casos de falsedad en documentos públicos. A su vez, acumula dos sumarios en la Secretaría de Control Disciplinario de la Corte de la Provincia. Y está por darse a conocer un nuevo pedido de jury, por un hecho gravísimo. 

Dicho sea de paso, ¿es cierto que el intermediario entre los Moyano y el juez a la hora de "cocinar" la decisión del magistrado fue el siempre polémico intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi?

A esta altura, nadie entiende cómo alguien con los antecedentes de Carzoglio puede ocupar un cargo de tal relevancia en la justicia. Solo ocurre en Argenzuela.

Como sea, en las próximas horas los medios dedicarán horas y horas a discutir lo que hizo el juez. Se polemizará respecto de la pertinencia de los procedimientos judiciales y se analizarán las palabras del juez, principalmente las dedicadas a la prensa.

No será menor el debate, todo lo contrario. Pero eclipsará lo importante: la actuación delictiva de los Moyano, algo sobre lo cual Tribuna de Periodistas viene hablando desde el año 2003.

¿Cómo pretender construir las bases de una república cuando uno de los principales poderes —el judicial— no termina de hacer lo que la sociedad espera de él? ¿Cómo convencer al ciudadano de a pie de que existe la justicia en un país donde solo reina la impunidad?

Mucho podrá decirse, pero solo una cosa ha quedado claro a partir de hoy: los Moyano son oficialmente intocables.