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“Más que nada, todo depende de Bonadio”, dice Carlos Stornelli. La pregunta refiere a la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda terminar presa. ¿Hay chances? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas se multiplican.
El fiscal es cortante y breve: “Depende de lo que haga el juez”.
Por su parte, Claudio Bonadio es puro misterio. De repente, decidió apagar su teléfono celular y decidió jugar al mutismo. “No habrá declaraciones, ni en ‘on’ ni en ‘off’”, dicen desde su pequeña oficina en el juzgado Federal Nº 11 de Comodoro Py.
Sin embargo, el periodismo siempre encuentra maneras de conseguir información, a como sea. Hay colaboradores, secretarios, incluso “meritorios” que filtran la información que se precisa para avanzar.
“El pedido de prisión es un hecho”, dicen desde la periferia de Bonadio. Y añaden: “Claudio (por Bonadio, obvio) dice que ya hay elementos probatorios como para que Cristina vaya presa”.
Esos “elementos” tienen nombre y apellido: Víctor Manzanares, otrora contador de Néstor y Cristina. Según el informante, su testimonio es superador de todo lo que se ha dicho en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Suena lógico: cualquiera de los testigos puede ser desacreditado con facilidad, incluso el propio chofer Centeno. Sin embargo, ¿cómo podría Cristina negar la existencia de Manzanares, aquel que supo registrar todos los movimientos contables de ella y su extinto marido?
“No solo aportó su testimonio, también acompañó documentación y prometió aportar aun más”, puntualiza la fuente de marras acerca del malogrado contador. Y agrega: “Cristina está muy complicada, y no solo por la sumatoria de indicios, que son muchos”.
Está claro que será un año complicado para la expresidenta, cuyo derrotero arrancará el próximo 26 de febrero. Luego vendrá lo ya consabido: los pedidos de desafuero y la discusión en el Congreso Nacional. Habrá que ver qué hace entonces el peronismo.
Entretanto, otro nubarrón se yergue sobre la cabeza de Cristina: luego de la declaración de Manzanares, abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) evalúan pedir que se reabra el expediente por enriquecimiento ilícito que clausuró Norberto Oyarbide en 2009.
Ya lo habían evaluado e incluso lo revelaron a este portal hace unos meses. Sin embargo, faltaba la frutilla del postre: la confesión del contador, quien confesó que detrás de la decisión de Oyarbide circuló dinero contante y sonante.
La herramienta que evalúa utilizar la UIF es aquella denominada “cosa juzgada írrita”, muy bien explicada por Federico Morgenstern, actual letrado de la Corte, en un libro que viene inquietando a los exfuncionarios kirchneristas desde su aparición, en 2015.
Allí, el abogado plantea que hay casos puntuales en los que amerita que se reabran procesos que ya cuentan con sentencia firme, por su carácter engañoso.
"Algo puede haber sido juzgado sin que se haya realmente perseguido al sujeto, y en esos casos la respuesta normativa debería ser que no hubo juicio, o en realidad que este fue fraudulento y, por ello, es nulo", argumenta Morgenstern.
Es la discusión que viene, la de la cosa juzgada irrita. No solo por Cristina, sino también por muchos otros exfuncionarios de su gobierno. Será un debate para alquilar balcones.
