Cristina Kirchner introdujo este lunes un concepto que viene generando cierta inquietud en la política, no solo Argentina, sino también latinoamericana. Se trata del "lawfare", una suerte de asociación espuria entre el Poder Judicial, los medios de comunicación y la política a efectos de avanzar en contra de un espacio político determinado.

Ello explicaría el derrotero que le toca vivir en estas horas en torno a las denuncias que la tienen en el centro de la escena.

"Si alguien tenía la duda de la existencia del lawfare, o no sabía de qué se trataba, la lectura que acaba de hacer el señor presidente de este tribunal donde se nos deniega transmitir en vivo y en directo esta audiencia, esto es una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este Tribunal", dijo Cristina ayer nomás en su indagatoria. Para que no queden dudas respecto de los alcances del término, sostuvo: "Se trata de perseguir a dirigentes políticos".

Ciertamente, podría haber algún viso de realidad en sus palabras, sobre todo cuando se pone el foco en puntuales expedientes que la complican y que se muestran demasiado forzados, como el denominado "dólar futuro". Allí, a la expresidenta se la juzga por un delito de casi imposible probanza.

No obstante, a la hora de hablar de manipulación judicial, no se puede dejar de recordar aquellas causas judiciales que la beneficiaron junto a su marido.

Hay uno en particular que es emblemático al respecto, aquel que investigó al otrora "matrimonio presidencial" por presunto enriquecimiento ilícito.

Se trató de una indagación plagada de irregularidades, que pasó por alto todos los procedimientos judiciales de rigor. Por caso, se aceptó al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, como perito oficial. Algo jamás visto en la historia de la justicia argenta.

Quien obró el milagro fue el siempre sospechado Norberto Oyarbide, hoy jubilado de la justicia. En un trámite que se mostró altamente cuestionado por los principales juristas del país. Tanto es así, que hay serios intentos de que se reabra esa causa, invocando el concepto de "cosa juzgada írrita".

El propio Manzanares agigantó las sospechas al declarar que el peritaje que salvó a los Kirchner se negoció en 10 millones de dólares, que habrían ido a parar a los bolsillos del juez. ¿Eso no es acaso un "lawfare" de manual?

Una investigación seria y profunda jamás habría permitido que los Kirchner zafaran de una investigación semejante. Baste mencionar que su patrimonio creció un 3.540% en solo 8 años, a razón de 26 mil pesos por día, a valor de entonces. Siempre hablando del "blanco".

El "negro" ya es otra cuestión, que el propio Manzanares mensuró en 10 mil millones de dólares. Otra vez... el regalo de Navidad de Oyarbide, ¿no fue "lawfare"?

Porque el entonces juez sacó su fallo a horas de Nochebuena del año 2009, tal cual había trascendido semanas antes.

Curiosamente, están por cumplirse 10 años de aquel papelón jurídico. Y lo único que queda de esos días es la mirada miope de Cristina, que apunta siempre en una sola dirección: la que más le conviene.