“El gobierno va a tener serios problemas por expropiar Vicentin, básicamente porque la empresa estaba concursada y solo la Justicia puede intervenirla”. La frase me la dijo anoche uno de mis abogados, experto en derecho comercial. Y vaticinó: “La historia va a terminar como YPF, con la Argentina pagando una millonada en indemnizaciones”.

Más allá de lo que vaya a pasar a futuro con esa firma, hay un antecedente que muchos parecen haber olvidado y que involucra al hoy presidente Alberto Fernández.

Refiere a los idus de 2004, cuando Néstor Kirchner intentaba expropiar otra empresa: Curtiembres Yoma, perteneciente a la familia política del expresidente Carlos Menem.

La situación era similar, aunque no tan escandalosa. También había una abultada deuda de la firma con el Banco Nación —de unos 183 millones de pesos— y otro tanto adeudado a los bancos Provincia y Ciudad.

La Justicia federal porteña supo investigar entonces esas operaciones porque presumía que los préstamos habían sido concedidos de manera irregular y que los hermanos Karim y Emir Yoma habían presentado garantías duplicadas para obtenerlos.

“Se han llevado a manos llenas plata de todos los argentinos y hoy no la podemos cobrar, no pagan y están los tribunales impidiendo esos cobros”, dijo Néstor a principios de septiembre de 2004, con elocuente enojo.

Incluso avanzó más allá al acusar a los Yoma de “estafar” al país durante el acto de lanzamiento del segundo tramo del Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de los Microemprendimientos (Fomicro), financiado precisamente con recursos del Nación y que tenía por objetivo respaldar la actividad de los microempresarios.

La vorágine discursiva escaló al paso de los días y, al tiempo que el kirchnerismo insistía en fustigar a los Yoma, Néstor iniciaba conversaciones paralelas con puntuales funcionarios para analizar la expropiación de la curtiembre.

Quien evitó que ello ocurriera fue el mismísimo Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Su añeja amistad con Emir Yoma “obró el milagro”.

Finalmente, el 28 de septiembre de 2005, por decisión de un tribunal de La Rioja, la familia fue desplazada de la conducción de la empresa. Al mismo tiempo, la Justicia nombró a un síndico para que la gestione.

Quien viajó a La Rioja para interiorizarse de la cuestión fue Felisa Miceli, entonces presidenta del Banco Nación.

Dos años más tarde, le encontrarían un bolso con 100 mil pesos y más de 31 mil dólares en el botiquín del baño de su despacho. Por ello, fue condenada a 4 años de prisión y debió renunciar a su cargo como ministra de Economía.

Pero esa… es otra historia.