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Como es sabido, este miércoles se debatirá en el Senado el proyecto de Reforma Judicial, el cual, tiene una aprobación casi asegurada.
Ese mismo día se dará inicio a una movilización que promete continuar el jueves próximo con el objetivo de “abrazar” al Congreso de la Nación.
Si bien dicha protesta será realizada bajo argumentos con esloganes heterogéneos, será el rechazo a la reforma judicial lo que hará que la convocatoria sea masiva.
También es sabido que la semana pasada Oscar Parrilli, a pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández, le hizo un agregado a la iniciativa. El mismo refiere a la presión que supuestamente pueden ejercer los poderes mediáticos hacia los jueces.
Lo que plantea el senador nacional neuquino es que los magistrados puedan denunciar ante el Consejo de la Magistratura si estos se sienten presionados por algún periodista o medio. Sin embargo, la mención es realmente ambigua, lo que profundizaría el problema ya que dicha denuncia, de realizarse, tendrá una resolución meramente subjetiva.
Lo cierto es que ese agregado hecho en el inciso e) del artículo 72 del proyecto funcionará como un caballo de troya. El objetivo es que los medios en general se explayen sobre ese tema puntual restándole importancia a la iniciativa en sí.
Es que, no es para menos, ya que resulta ser una medida que profundizaría la ya avanzada pelea entre el Gobierno y los medios de información. La Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) fue muy clara al advertir que esta modificación generaría que el periodismo se autocensure ante la posibilidad de terminar siendo denunciado por hechos que no tienen una implementación clara.
En ese contexto, desde el propio Gobierno se disputan la aplicación de esta medida. El presidente Alberto Fernández se muestra en contra pero luego sale a defenderla. También uno de los integrantes de la “Comisión Beraldi”, Andrés Gil Domínguez mencionó que es “una forma de instalar un mecanismo, aunque sea proyectivo, de censura indirecta”.
El problema es que hoy, con el avance de las redes sociales, es imposible que la sociedad se desentienda de la tan polémica reforma. Es por ello que, aunque a futuro se elimine la “enmienda Parrilli” con el propósito de aparentar diálogo y concordancia, la sociedad no va a permitir que se avance frente al avasallamiento de las instituciones judiciales en el fuero federal.
Las razones son variadas, ya que dicha avanzada se planteó desde el mismo seno del kirchnerismo para liberar a Cristina, sus hijos, y aliados duros de las causas que los complican. Pero además, ello terminará sumergiendo al país en la más profunda miseria delictual.
Por caso, como ya mencionó Tribuna de Periodistas, de ocurrir, culminará por posar a la Argentina en las manos del narcotráfico, la trata de persona y el contrabando, todos ellos delitos de orden federal.
Es por ello que, si bien la estrategia que esgrime el oficialismo es elocuente, promete no funcionar, o no al menos como lo espera la gran ideadora, la ex presidenta cristina Fernández.
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