Contra todos los pronósticos, la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional generó calma en los mercados. Por caso, esta semana el índice S&P Merval cerró 27% arriba del mínimo que supo tocar el mes pasado.

Incluso, se dio un rebote en las acciones locales medidas en dólares y, sentido directamente proporcional, un retroceso del dólar blue, que supo alcanzar los 350 pesos los últimos días de julio. En cuanto a los papeles en Wall Street, recuperaron casi 20% de sus pérdidas.

A su vez, Gabriel Rubinstein fue confirmado como “número dos” de Massa, tal cual anticipó Tribuna de Periodistas hace una semana. Es otro buen síntoma político, que trae paz y tranquilidad a los mercados, principalmente porque el economista es un histórico propugnador de achicar las cuentas públicas. Rubinstein supo pasar por la función pública allá lejos y hace tiempo, cuando fue director del Banco Central en los días en los cuales Roberto Lavagna ocupaba el Palacio de Hacienda. Ello le da chapa de experto en crisis financieras. 

No obstante, la tranquilidad que se percibe en estas horas es solo algo temporal. Porque los nombres y proclamas de buenas intenciones no cambian un ápice la cuestión de fondo. Los problemas que enfrenta el país a nivel económico.

Por un lado, la carencia de dólares en un contexto de millonarios vencimientos, que costará reprogramar; por el otro, la galopante inflación que sacude los bolsillos ya magros de la mayoría de los argentinos. No es todo: la deuda pública crece de manera desenfrenada y la economía se muestra totalmente paralizada. Sin visos de reactivación.

A efectos de revertir la situación, Massa anticipó que este lunes aparecerá en el Boletín Oficial el decreto que promulga la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

Sin embargo, ello solo servirá para que puntuales funcionarios y ex funcionarios del kirchnerismo y el macrismo aprovechen para blanquear dinero mal habido. Es de manual.

Hablando de corrupción, este lunes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirán una  condena ejemplar para Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, que tiene una pena máxima de 10 años. 

No es el único delito que le endilgarán: también aparecen: fraude al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tal sentido, la suma de penas podría llegar a los 16 años de cárcel.

La vicepresidenta ha jugado todas sus cartas y fracasó, una y otra vez. Planteó nulidades e intentó recusar a jueces y fiscales, pero no tuvo éxito. Ahora le tocará perder, porque las pruebas presentadas en el juicio han sido abrumadoras.

No obstante, falta mucho para que la sentencia quede firme. Por las dudas, Cristina ya le anticipó a su valet Oscar Parrilli que apelará a la Cámara de Casación. Si ello también resultara esquivo, le queda la Corte Suprema. Muchos años por delante antes de que haya una condena real y concreta.

Entretanto, en Juntos por el Cambio enfrentan sus propias tribulaciones luego de que Elisa Carrió expusiera infinidad de hechos reñidos con la ética por parte de algunos de sus integrantes. Los dos más complicados son Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo. El primero por los negociados en la obra pública cuando era ministro de aquella cartera en días del macrismo; el segundo por el presunto salvataje de funcionarios judiciales relacionados al mundo narco. 

Es todo un problema para la oposición, porque los dichos de Lilita carecen de fantasía y especulación. Ergo, ¿cómo refutar lo que es cierto y comprobable? 

Lo sucedido ha paralizado por completo a Juntos por el Cambio, porque ¿cómo estar seguros de que Carrió no seguirá revelando cuestiones incómodas sobre sus referentes? 

A su vez, aparece otra pregunta incómoda: ¿Cómo actuar al respecto? ¿Quién se animará a llamar a la titular de la Coalición Cívica para pedirle que no siga destapando ollas podridas? 

Todos saben que cualquier intento de hacerlo derivará en el inmediato “escrache” público por parte de Lilita. Por lo pronto, la mesa nacional de aquel espacio opositor intenta coordinar una reunión a efectos de diseñar un plan de acción.

Tarde. Porque ya la munición fue disparada y las esquirlas apuntaron para todos lados, generando reacciones allende la propia Carrió. Por ejemplo, la jueza Sandra Arroyo Salgado confirmó que efectivamente Ritondo fue protector del fiscal narco Claudio Scapolan, junto a Massa. 

Respecto de este último, está a punto de presentarse una denuncia en su contra por la compra del haras La Vanguardia por 8 millones de dólares en San Andrés de Giles. Quien hizo la transacción es su presunto testaferro, Daniel Guerra, quien ya había adquirido en EEUU el departamento que Massa suele utilizar cada vez que viaja a Miami. 

El hombre jura que el ministro de Economía nada tiene que ver con sus finanzas ni con la trama en cuestión. El problema es que no puede explicar cómo hizo para juntar 8 millones de dólares como fabricante de envases de plástico.

Durante la semana que pasó, otro abogado estuvo a punto de hacer la misma denuncia, para que se investigue la posible comisión de un delito penal por parte de Massa en aquella compra. Pero desistió luego de recibir un llamado por parte de un ladero de José Luis Lingeri, titular del sindicato de Obras Sanitarias y, a la sazón, miembro de la CGT. 

Este último es un hombre muy cercano a la esposa del aún flamante ministro de Economía: Malena Galmarini sabe regalarle jugosos contratos al gremialista en AySA, organismo que conduce con mano de hierro y poca transparencia. 

Dicho sea de paso, entre las suspicacias que aparecen sobre la millonaria compra de La Vanguardia, también se yergue la figura Lingeri, porque una empresa constructora de su propiedad —manejada por un “prestanombres”— fue la encargada de hacer mejoras allí. Sospechas sobre sospechas. 

En otro orden de cosas, tal cual anticipó este portal el pasado 11 de julio, la AFIP denunció penalmente por lavado de dinero a la empresa NRG Argentina, la cual es proveedora de arena para Vaca Muerta. Es una movida de La Cámpora a efectos de quedarse con ese negocio, millonario.

Así lo contó TDP hace más de un mes: “Hablando de kirchnerismo de paladar negro, La Cámpora busca en estas horas hacerse con un millonario negocio, vinculado a la venta de arena a las empresas petroleras para realizar fracking en la zona de Vaca Muerta. El más interesado es Máximo Kirchner, quien ha puesto el ojo en la firma canadiense NRG, la cual está a cargo de ese redituable trabajo y ya invirtió 100 millones de dólares para instalarse en aquel terruño”.

Ello se materializó esta semana, a través de la pertinente denuncia hecha por el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas en el fuero penal económico.

La acusación es por presunto contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa “a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas".

La investigación preocupa —y mucho— a los capitostes de NRG, principalmente los apuntados por la denuncia de marras: Damián Strier, Oscar Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio y Pablo Marull.

Finalmente, mencionar que la Justicia Federal investiga en estas horas una trama de narcotráfico y lavado de dinero monumental vinculada a una tienda de “convivencia” que la supo romper hace una década en Puerto Madero: “Córner mi lugar”.

Quien se encuentra detrás de la trama en cuestión es un hombre oriundo de México llamado Gerardo González Valencia, alias “Silverio”, otrora lugarteniente de “los Cuinis”, el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, una peligrosa organización narco mexicana. 

En realidad, la movida se operó a través de otra empresa también radicada en Puerto Madero, Círculo Internacional SA, oportuna filial de Círculo México. Según la Justicia, “Silverio” habría lavado 1,8 millones de dólares a través de esa firma. 

Es un expediente que “quema”, porque detrás aparecen reputados funcionarios del kirchnerismo, los cuales, no solo permitieron que se blanqueara dinero narco en la Argentina, sino que además participaban en calidad de “socios” en el negocio. La morsa sigue vigente.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados