En los últimos tiempos, el matrimonio Kirchner ha comenzado a dejar de lado el uso de la flota de la Presidencia de la Nación a la hora de hacer sus viajes oficiales, y empezó a utilizar onerosos taxis aéreos privados de manera discrecional.

Diario Perfil hizo un oportuno pedido de informes a diversos organismos dependientes del Poder Ejecutivo a efectos de “determinar el gasto en la contratación de vuelos privados por parte del Ejecutivo desde que asumió Cristina Fernández de Kirchner”, pero obtuvo resultados casi nulos.

A raíz de ello, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten hizo hace minutos dos presentaciones judiciales ad hoc, las cuales adelantó a este cronista, al tiempo que afirmó: “tenemos todo estudiado y estamos presentando dos denuncias penales, una contra los funcionarios que no dan la información, por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de tratados, que alcanza a los superiores inmediatos de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que entiendo depende directamente de la Jefatura de Gabinete; y otra directa contra Cristina y Néstor por malversación de caudales, de acuerdo a lo que se desprende de los artículos 260 y 261 del Código Penal”.

La primera de las presentaciones que está efectuando el letrado, advierte acerca de “los hechos que en principio podrían constituir los delitos de encubrimiento agravado (Art. 277 del Código Penal), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 y 249 del C.P) y violación de tratados concluidos con naciones extranjeras (Art. 220 del C.P).

En tal sentido, asegura que la acción se dirige “contra quien hasta hoy inviste el cargo de Secretario General de la Presidencia de la Nación, Dr. Oscar J. Parrilli y contra toda otra persona dependiente orgánica de aquél que bien sea como funcionario público o empleado del denunciado la investigación señale autor, partícipe, cómplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar.

Tal como ha sido publicado por el periodista Ramón Indart de Editorial Perfil el día 21 de enero de 2010 bajo el título “El gobierno se niega a revelar datos sobre los taxis aéreos de los Kirchner”, he corroborado que efectivamente, pese a las claras disposiciones del Decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública y los distintos tratados internacionales en que es parte la República Argentina (Conf. Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), el gobierno nacional es reticente en revelar información pública en cada oportunidad que se le requiere, más aún cuando la misma es sensible o le puede generar vértigo proporcionarla en la inteligencia que la misma compromete el accionar de los funcionarios que nos gobiernan”.

La segunda de las presentaciones advierte que, “en los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación y en mi carácter de ciudadano argentino, de profesión abogado y periodista, vengo a formular denuncia penal contra el Presidente del Partido Justicialista, y ex Presidente de la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner, la actual Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y/o contra quien resulte responsable por la contratación y utilización irregular de aviones privados, taxis aéreos y helicópteros, en sustitución de los de la flota oficial, desviando fondos públicos en beneficio propio o fuera del ámbito funcional, y afrontando gastos de terceros ajenos a la administración federal sin justificación, delitos éstos contemplados y reprimidos en los Arts. 174 inc. 5° (fraude en perjuicio de la administración pública), 260 y 261 (malversación de caudales públicos) y 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas) siguientes y concordantes del Código Penal de la Nación”.

Los números de expediente de las referidas denuncias son 751 y 752/2010 y recayeron, una en el juzgado Federal Nro 11 a cargo del juez Claudio Bonadío; y la otra en el juzgado Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Christian Sanz