A no confundirse: la Corte Suprema de Justicia no avaló ni rechazó el cuerpo normativo de la denominada “Ley de Medios”. Lo que hizo fundamentalmente fue revocar una medida cautelar promovida por un legislador mendocino y respaldada por una jueza que dista mucho de ser independiente.

“Que la cuestión sometida a la consideración de esta Corte no se relaciona con la valoración constitucional del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos con fundamento en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario”, reza el texto del supremo tribunal, para no dar lugar a confusiones.

Sin embargo, el fallo es una real pieza de colección. Pocas veces la Corte Suprema ha dado muestras tan contundentes —y unánimes— de “fastidio legal” por tener que poner los puntos sobre la íes en el marco de un expediente que sólo responde a intereses de ciertos grupos mediáticos.

El escrito completo es un implícito tirón de orejas a la jueza Olga Pura de Arrabal. “Queremos evitar que los jueces gobiernen a través de medidas cautelares”, parecen susurrar los supremos magistrados al oído de la mendocina colega. Al mismo tiempo, el cuerpo no deja de cuestionar al legislador que hizo la presentación de marras, por no tener legitimación como ciudadano para objetar una disposición emanada por el soberano Parlamento.

De manera implícita, la Corte demostró que está, no sólo a favor de la Ley de Medios, sino en coincidencia con el dictamen que oportunamente elevó a ese mismo respecto el procurador General de la Nación, Esteban Righi. Las coincidencias entre un documento y el otro no son casuales: el alto tribunal fue quien en su momento solicitó opinión al jefe de los fiscales para tener un sustento que permitiera respaldar el fallo de ayer.

Como sea, el documento del supremo tribunal ha sido un sano disparador para que se vuelva a debatir sobre la actualidad de los medios de comunicación y las normas que regulan su funcionamiento. Es una discusión que merece ser llevada delante desprovista de toda connotación subjetiva, especialmente porque el ciudadano común no entiende aún del todo de qué trata el fondo de la cuestión.

Es muy probable que la Ley 26.522 sea incompleta y perfectible, algo que en el futuro puede corregirse desde el Congreso Nacional; pero de lo que no hay duda alguna, es que la normativa que hoy regula a los medios es un engendro que ha permitido la concentración y manipulación mediática de manera escandalosa.

Sucesivos gobiernos, desde los años de la dictadura hasta el primer lustro de la gestión de los Kirchner —ningún gobierno se salva de esto—, han ido modificando la ley a la medida del grupo Clarín y otros grandes “pulpos” mediáticos.

Esto provocó dos inevitables efectos: por un lado, la información empezó a concentrarse cada más vez en menos manos; por el otro, el poder de empresas como Clarín creció de manera exponencial y estas terminaron transformándose en verdaderas armas de presión política. Paradójicamente, esos grupos terminaron conspirando contra los mismos que les dieron esas concesiones.

Al mismo tiempo, la profesión periodística se fue bastardeando como nunca antes en su historia, siempre en detrimento de los trabajadores de prensa. Merced al crecimiento y concentración de la información en dos o tres grupos —que terminaron fagocitando a los medios más pequeños—, los periodistas sufrieron la erosión de sus derechos más elementales, incluida la gradual pérdida del poder adquisitivo en sus salarios.

Eventualmente, la Ley de Medios permitirá deshacer esta irregular situación, toda vez que los medios no podrán permanecer en pocas manos y, al acrecentarse la oferta de fuentes de trabajo, los periodistas podrán volver a hacer valer sus privilegios…. O al menos intentarlo.

Se insiste en un punto: pueden cuestionarse no pocos detalles de la norma, pero no puede negarse que su aplicación trasuntará, más temprano que tarde, en una mayor pluralidad informativa. Hoy los medios se dividen mayormente en “oficialistas” y “opositores”, ostentando una enorme subjetividad a la hora de informar.

O se elogia completamente al gobierno o se lo critica sin miramiento alguno, los medios hoy no tienen término medio. Cada uno puja en torno a sus propios intereses políticos y comerciales sin adentrarse en las reales necesidades de la gente.

Teniendo en cuenta que hay una premisa fundamental que dice que “la información no nos pertenece, sino a la sociedad”, el uso y abuso de la subjetividad de esos medios termina jugando en detrimento de ese mismo principio.

¿Será la Ley de Medios la encargada de reencauzar al periodismo? sería demasiado pretencioso afirmarlo, aunque sí puede admitirse que la mera discusión por su promulgación —valga la cacofonía—, ha reavivado un debate que se viene postergando desde hace casi 30 años.

No es poco.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1