El avance de la causa por la "mafia de los medicamentos" no sólo deja cada vez más al descubierto irregularidades presuntamente cometidas en la comercialización de fármacos y subsidios a obras sociales sindicales, sino que puso bajo la lupa judicial los aportes para la campaña del binomio Cristina Kirchner-Julio Cobos en 2007.

Se trata de cuatro expedientes que se tramitan en Comodoro Py, que cada vez tienen más puntos en común y que tienen en la mira a un grupo de sindicalistas, incluido el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y al recaudador de la campaña kirchnerista, Héctor Capaccioli.

La investigación más compleja por cantidad de imputados y por las implicaciones políticas que acarrea es la que tiene a cargo el juez federal Norberto Oyarbide.

El magistrado ya tiene procesados a más de una veintena de personas, entre ellas, al sindicalista Juan José Zanola (gremio bancario), por ser el presunto "jefe" de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos adulterados.

También están implicados la pareja de Zanola y ex directora administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay; el empresario de droguería "San Javier", Néstor Lorenzo; la viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Solange Bellone; y un ex funcionario del ministerio de Salud bonaerense, Alberto Costa, entre otros.

La lista de imputados incluye también a una gran cantidad empresarios farmacéuticos, entre ellos, el titular de Global Pharmacy, Gabriel Brito, que figura como aportante de la campaña kirchnerista de 2007 mediante tres cheques.

En ese marco, Oyarbide debe decidir ahora si cita a indagatoria al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y ex recaudador de la campaña oficialista, Héctor Capaccioli, luego que el fiscal de la causa, Luis Comparatore, se lo pidiera en dos oportunidades.

El juez federal Claudio Bonadío, en tanto, lleva adelante una investigación sobre la obra social de los camioneros (Oschoca), por presunta defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE).

Según se sospecha, la obra social habría presentado ante ese organismo troqueles apócrifos para cobrar los subsidios por tratamientos complejos contra enfermedades como HIV, cáncer y hemofilia, que supuestamente nunca existieron.

En las últimas semanas y por orden de Bonadío se allanó la sede de la obra social en busca de documentación, y hasta ahora la defensa del camionero intentó sin éxito plantear la nulidad de la investigación.

Esta semana, y a raíz de que Bonadío le reclama a Oyarbide que se inhiba de seguir investigando a la obra social de los camioneros, este último rechazó la solicitud, por lo que se prevé que será la Cámara Federal la que defina quien investiga esa parte de la causa.

Por su parte, el juez federal Ariel Lijo investiga el posible aporte de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner proveniente de un grupo de empresarios imputados en la causa por la adulteración y falsificación de troqueles de medicamentos.

Se trata de una denuncia realizada por la Coalición Cívica en agosto de 2008, y en esta causa también se investiga a Capaccioli, por presunto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

En los últimos días, Lijo dictó la falta de mérito de Juan Rinaldi, ex gerente general de la Administradora de Programas Especiales, aunque procesó al titular de la obra social del Ministerio de Economía, Edmundo Ruckauf.

Ruckauf fue procesado por "administración infiel y fraude en perjuicio de la administración pública".

Lijo también imputó a Jorge Chiappara, director de la empresa Vita Pharma, y el médico Javier Gauna, entre otros.

"La maniobra consistió en el armado fraudulento de expedientes por parte de la OSME (Ruckauf) para ser presentados en la Administración de Programas Especiales (A.P.E.). En él se adjuntaban: declaración jurada en la que constaba que el paciente que tenía la enfermedad que necesitaba tratamiento amparado en el decreto 53/98 era un afiliado de dicha Obra Social", sostuvo Lijo, en una parte de su resolución.

La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, a su vez, interviene en la causa por las presuntas irregularidades en los aportes a la última campaña presidencial de las elecciones de 2007.

 Servini investiga si hubo irregularidades por parte del Frente de la Victoria, fórmula que consagró presidenta a Cristina Kirchner y vice a Cobos.

En los últimos días, el fiscal electoral Jorge Di Lello dictaminó en contra de que Servini de Cubría aprobara el informe de gastos de la campaña electoral del kirchnerismo de 2007.