El descubrimiento de una trama de lavado de dinero detrás de los aportes de campaña de Cristina Kirchner en 2007, provocó en su momento un tembladeral que explotó públicamente luego de que en el año 2008 se descubrieran los cadáveres de tres jóvenes que habían sido "ajusticiados" en un terreno de General Rodríguez.

Aún hoy la justicia investiga esa trama, donde una docena de empresarios aparecen aportando dinero que en realidad nunca pusieron y que se orienta a dos vertientes principales: el chavismo y el narcotráfico mexicano-colombiano. Por caso, dos de los aportantes "oficiales" están siendo investigados por cuestiones relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El más complicado es Ibar Esteban Pérez Corradi, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

En ese contexto, no sería casual la denuncia que ha hecho la DEA respecto al ingreso de 15 peligrosos narcos colombianos a la Argentina en los últimos 4 años. ¿Puede ser coincidencia que un gobierno que fue financiado por dinero del tráfico de narcóticos haga la vista gorda respecto del ingreso de barones que se dedican a ese mismo negocio? ¿Cómo gravita el hecho de que jamás el kirchnerismo ha hecho campaña alguna para alertar sobre el uso de drogas, siendo que el presupuesto para publicidad oficial ha crecido un 1.300% en apenas ocho años? Se trata de preguntas incómodas que ningún funcionario se atreve a responder.

Aporte a la fuerza

Luego del escándalo referido, vinculado a la trama conocida como la "mafia de los medicamentos", el oficialismo ha decidido cambiar la estrategia a la hora de canalizar los aportes electorales. En esta ocasión, se ha obligado —literalmente— a los principales funcionarios de primera y segunda línea del Gobierno a "donar" efectivo contante sonante para la campaña de Cristina Kirchner. "No había posibilidad de decir que no, fue obligatorio inclusive para empleados de bajo rango de organismos del Estado", admitió a este medio un funcionario de la AFIP. 

Hay que recordar que el propio FPV hizo una presentación ante la justicia electoral de donde surge que se lograron “juntar” $6.871.842 entre contribuciones y donaciones privadas, muchas de ellas provenientes de los mismísimos ministros del Gabinete de Cristina. El que más ha aportado ha sido el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien puso la friolera de $40 mil; luego aparece el jefe de Gabinete Aníbal Fernández con $10 mil, al igual que el ministro del Interior, Florencio Randazzo y la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Si bien el registro de aportantes abarca todas las áreas del Ejecutivo nacional —además de legisladores oficialistas y de la militancia kirchnerista—, hay que destacar que el aporte que ostentan los principales funcionarios salió del salario de los empleados a cargo de cada uno de ellos.

Por caso, Clarín reveló en agosto pasado un mail que circuló por la Anses en el que se pedía la “colaboración” de los altos mandos ejecutivos para financiar la campaña. 

Tiempo antes, desde la AFIP, Ricardo Echegaray hizo lo suyo al utilizar fondos destinados a honorarios de los abogados de Aduana para engrosar los aportes de Cristina Kirchner. 

En realidad, esta trama es aún más densa que la ocurrida en la Anses, ya que en el organismo recaudador directamente desaparecieron casi 3 millones de pesos, dinero que habría culminado en los bolsillos de Pedro Roveda, Subdirector General de Asuntos Legales de Aduana y de su socia politica, la abogada Liliana Alasia, Jefa del Dpto. Judicial de la misma dependencia. Esa trama fue denunciada por Tribuna de Periodistas ante la Justicia en julio de 2011. Allí se presentó toda la evidencia ad hoc y hasta los números de las cuentas adonde se habría desviado el dinero. 

Hay que mencionar que estos hechos repercutieron negativamente en los empleados aduaneros, ya que la Aduana terminó siendo el único organismo del Estado que no obtuvo aumento salarial alguno en el transcurro de 2011, por causa y consecuencia de cuestiones que los superan. 

Dos responsables principales tiene esta insólita trama: por un lado, Carlos Sueiro, jefe del sindicato de aduaneros; por el otro, Echegaray, jefe de la AFIP. Ninguno de los dos es inocente... mucho menos honesto.