Desde que el kirchnerismo llegó al poder, en mayo de 2003, el periodismo crítico y/o independiente ha sido víctima de todo tipo de embates, desde pinchaduras de correos electrónicos y llamadas telefónicas, hasta persecuciones por parte de los intolerantes servicios de Inteligencia vernáculos. En el caso de Tribuna de Periodistas, hubo dos cuestiones que se sumaron a las descriptas: el periódico hackeo de nuestro portal digital y la incesante persecución judicial por parte de funcionarios de primera, segunda y tercera línea del gobierno.

Todo ello, buscó erosionar y desgastar el trabajo de quienes laboramos en este medio, el único que denunció las trapisondas de personajes de la talla de Ricardo Jaime, Julio De Vido y Ricardo Echegaray cuando todos festejaban el “progresismo” K, en los años 2003/2004.

En un vano intento de silenciarnos, en esos —y estos— años hemos recibido cientos de cartas documento y una veintena de querellas penales y civiles por parte de diversos funcionarios oficiales. Cada una de esas embestidas ha sido enfrentada con responsabilidad y seriedad, sin escudarnos en domicilios inexistentes —como hacen algunos colegas— ni recurrir a evasiva alguna.

A pesar de que la acción penal, tanto en la figura de calumnias como la de injurias, se extingue con la mera rectificación del periodista ante el juez —en la audiencia de conciliación de marras—, jamás nos hemos echado atrás en algo de lo que publicamos, aún cuando en dos oportunidades puntuales nos fueron ofrecidos generosos fondos dinerarios para hacerlo.

De esta manera, he logrado ostentar el dudoso mérito de ser el periodista más querellado de la Argentina. Sin embargo, puedo darme el lujo de decir que jamás he perdido uno solo de esos litigios judiciales, mal que le pese a más de un funcionario.

A eso justamente viene esta crónica personal, ya que, en los dos últimos juicios “oficiales” que conservaba, ambos por parte del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, fui sobreseído por la Justicia (ver al pie).

El primero de ellos, fue iniciado en 2005: ese año, el entonces Ministro del Interior me llevó a la Justicia, molesto por una serie de artículos en los que lo vinculaba con un grupo de narcotraficantes de la provincia de Buenos Aires. Allí logré vencer gracias a un fallo de la Cámara Federal.

El segundo juicio fue iniciado en 2009, luego de que yo vinculara a Fernández con uno de los asesinos del Triple Crimen de Gral. Rodríguez, Martín Lanatta (1). En ese expediente fui liberado de culpa y cargo en primera instancia, hace apenas unos días (ver fallo), y fue la última querella oficial que me quedaba. Si bien tengo dos causas judiciales que aún me acosan, por artículos publicados en Tribuna, ninguna de ellas corresponde a funcionarios del Gobierno.

En fin, tal vez lo ocurrido no justificaba la publicación de esta columna, pero no podía dejar de hacerlo, no sólo por la gratificación personal que siento por lo ocurrido, sino por el doble discurso del kirchnerismo respecto a la libertad de prensa y la despenalización de calumnias e injurias.

En tal sentido, mientras la Presidenta Cristina Kirchner hablaba de la descriminalización de esos delitos, un funcionario de su gabinete presentaba una demanda penal en mi contra por esos hechos. Justo en el mismo momento.

Por eso, no debe dejar de condenarse el doble discurso, el cual no es potestad de este gobierno, sino de los políticos en general.

Finalmente, quiero dedicar estas líneas a mi abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien siempre está a mi lado en momentos de zozobra como los referidos. Él me ha ayudado a superar esos interminables ratos de infortunio.

No es poco…

Christian Sanz
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(1)    Lanatta terminó siendo procesado y encarcelado en el marco del Triple Crimen tal y como había publicado este medio meses antes.

(*) La foto de portada es un fotomontaje.