El incipiente descubrimiento de casi 1.000 kilos de cocaína en España a raíz de un operativo en el cual fueron detenidos los hijos de dos brigadieres argentinos, es un hecho que posee más relevancia que la que a primera vista podría apreciarse.

Primero, porque se trata de una cantidad nada desdeñable de estupefacientes —pocos operativos han dado con tanta cantidad de cocaína—, lo cual muestra a las claras que no se trata de un par de improvisados, sino de una banda bien organizada y con importantes proveedores de drogas.

Segundo, porque existen desde hace años —casi desde que el kirchnerismo llegó al poder— incesantes pedidos por parte de la Justicia española para que las autoridades argentinas tomen cartas en el asunto respecto al tráfico de drogas a ese país europeo. Sin embargo, lejos de hacerse cargo y eventualmente programar una acción conjunta entre ambas naciones, los funcionarios vernáculos solo han mostrado desinterés y falta de voluntad.

Hay que decirlo: la política oficial de no informatizar las fronteras y desradarizar al país, han traído consigo consecuencias nefastas. Si a ello se suma la falta de reglamentación de la ley de precursores químicos —que opera cual virtual invitación a carteles mexicanos a la Argentina— y la despenalización de la tenencia de narcóticos, la ecuación se completa con ostensible claridad.

¿Cómo puede explicar el oficialismo de turno que ha impulsado el incremento de la publicidad oficial en un 800% de 2003 a la fecha y jamás ha llevado adelante una sola campaña de prevención contra las drogas? ¿Quién se beneficia con ello?

El triple crimen de General Rodríguez ocurrido en agosto de 2008, fue la postal más cruda de esa realidad, donde quedó en claro que la Argentina dejó hace tiempo de ser solo un país de tránsito de estupefacientes. Es bien cierto que ha sido el menemismo el principal ejecutor de esa “laxitud” respecto a los traficantes de la muerte, pero también es verdad que el kirchnerismo ha avanzado en la misma dirección con más impulso que nadie.

¿Es casual que ello ocurra cuando hay al menos media docena de funcionarios kirchneristas de primer nivel relacionados con el narcotráfico? ¿Hacía falta que los cables de Wikileaks revelaran esto último para darle la magnitud que merece a la problemática de los estupefacientes?

Más allá de los hechos objetivos que relacionan a los hermanos Juliá, hoy detenidos por traficar drogas, con importantes referentes oficiales —principalmente con el “testaferro oficial” Lázaro Báez—, lo que debería sorprender en realidad es la asombrosa continuidad con la que ocurren delitos vinculados con el comercio de narcóticos en los últimos años.

Southern Winds, el referido triple crimen, las valijas de Antonini Wilson, Conarpesa, y ahora Medical Jet, ¿son hechos aislados o son parte de una matriz de negocios espurios? ¿Puede una pequeña empresa, con solo dos aviones, moverse a lo largo y ancho del territorio nacional sin la complicidad de importantes personeros oficiales durante tantos años?

Y si de preguntas incómodas se trata, ¿por qué frente a hechos de este tenor el kirchnerismo siempre atina a tapar la información antes de que se haga pública?

Y siguen las dudas: ¿Por qué el Poder Ejecutivo hace caso omiso a las indicaciones que viene efectuando el GAFI desde hace años y que ayudarían a combatir el lavado de dinero en el país? Hay que recordar que, por esa conducta, la Argentina está a punto de recibir una severa sanción en las próximas semanas.

En fin, el periodista duda, pregunta y busca. Ahora, las respuestas concretas las deben dar los que administran el poder de turno.

Christian Sanz