Su nombre fue mencionado por primera vez por Tribuna de Periodistas, en el marco del envío de droga a España el pasado 2 de enero. Se trata del comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la base aérea de Morón y relevado horas después de que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, admitiera que los 944 kilos de cocaína bien podrían haber salido de la Argentina.

Rápidos de reflejos, los “cerebros” de Casa de Gobierno se apresuraron a descomprimir la situación, sacrificando a un “fusible”; es decir, a un personaje menor dentro de la trama de narcóticos a Europa. No es inocente Ayerdi, pero tampoco es el funcionario más relevante que debe responder por la falta de controles en los aviones que salen de la Argentina.

¿Qué ocurrirá cuando se acabe el secreto de sumario en España y se sepa que hubo muchos otros aviones con droga antes de este episodio del Challenger de principios de año? ¿Cómo explicará el Gobierno que nunca prestó atención a las intermitentes “alertas” que dieron investigadores españoles y la DEA?

Más importante aún: ¿Qué dirá el oficialismo cuando el GAFI sancione a la Argentina por la falta de controles para lavar dinero?

Decíamos ayer

El 21 de enero de 2011, este periódico recibió una carta anónima supuestamente enviada por las “esposas de oficiales de la base Morón”, donde se desnudó parte de la trama que hoy investiga la Justicia. No es casual, ya que ese documento fue aportado al expediente que lleva adelante el  juez Nacional en lo Económico Número 4, Alejandro Catania. Fue el mismo 21 de enero.

Allí, se hace referencia por primera vez a que “el avión Challenger 604 fue cargado en Morón”. Y empiezan a mencionarse los nombres que hasta ese momento se habían callado: “El día 29 de diciembre pasado, el esposo de una compañera se encontraba de turno en el hangar que se incendio hace tres meses, y vino el suboficial Juan Baar y le dijo al esposo de mi compañera que se fuera a la casa que él se hacía cargo del turno, y apareció de inmediato otro suboficial Julio Costilla junto con el vicecomodoro Thomasoni que es el jefe del hangar. Aparentemente este señor Thomasoni tenía las llaves del hangar de C.A.T.A., el que está enfrente y se encuentra abandonado. El avión Challenger se encontraba adentro de ese hangar. El suboficial Baar es mecánico de aviones y fue quien levanto el piso y las alfombras del avión para esconder la droga debajo del piso del avión, y luego tapó todo.”

Luego se hace saber cómo se habrían transportado las drogas “desde el hangar número uno, el que se incendió”, hasta el hangar de CATA: “El vice comodoro Thomason le entregó las llaves al suboficial Pons que trabaja con los simuladores y el entrenamiento de pilotos”.

Según el mismo informe, la droga llegó al hangar en los aviones civiles que se guardan allí adentro, “el LVZNO un C172 de propiedad del brigadier Sergio Gustavo mayor, director general de personal, y en el LVIFI C205 de propiedad del comodoro Maistegui”. Un dato no menor: esos aviones, por ser de jefes de la Fuerza Aérea, no pagan impuestos a la AFIP.

Y allí es donde aparece el nombre de Ayerdi, junto al del vicecomodoro Thomasoni con quien “comparte irregularidades”. Ayerdi, según el documento, “tiene conocimiento total de los movimientos del aeropuerto, y quien ordenó que ningún vuelo de los aviones LVIFI y LVZNO sea registrado en el libro de movimientos aéreos del aeropuerto; solo registrar alguno para que no sea tan sospechoso, esa fue su orden”.

Eso explicaría por qué los aviones que movieron la cocaína no figuran en el libro de movimiento del aeropuerto. Y finaliza: “El comodoro Ayerdi, jefe de la base de Morón, está amparado por su hermano, quien le arregla todos los chanchuyos dentro del Edificio Cóndor, su hermano el brigadier Marcelo Ayerdi, quien es íntimo amigo de Constantino, ni más ni menos. Y todos amigos de Juliá y Miret, ya que si se investiga épocas pasadas, podrán verse que estos le deben favores a los Juliá y a los Miret. Entonces se están cubriendo unos a otros, y desviando la investigación”.

Como  puede verse, aún hay muchos nombres por investigar y hechos por dilucidar. Sin embargo, aún resta indagar sobre la responsabilidad política en la trama, tópico que todavía no se ha desmenuzado como ameritaría.

En tal sentido, es sintomático cómo, no bien se produjo el hecho, el Gobierno se apuró por ocultar que Néstor Kirchner había hecho su campaña en aviones de Médical Jet e intentó forzar la idea de que la droga del Challenger se había cargado en Cabo Verde.

Esos datos, que terminaron auto refutándose frente al impacto crudo de la realidad, no fueron sugeridos solo por casualidad. Existe un desesperado intento oficial por despegar al Gobierno del escándalo, a como sea.

Sin embargo, será difícil que alguien en la Casa Rosada pueda explicar cómo es que se incrementaron de tal manera los envíos de narcóticos desde la Argentina desde 2003 a la fecha. Tampoco será sencillo argumentar por qué no existen campañas oficiales para alertar sobre el uso de drogas prohibidas.

Organismos como la DEA sospechan desde hace tiempo que existe connivencia oficial con el narcotráfico, especialmente después de que ocurriera el triple crimen de Gral. Rodríguez y se desnudara toda una trama de carteles de la droga en la Argentina amparados por funcionarios oficiales. El caso testigo se dio en Quilmes, pero se viene replicando en diferentes lugares del país.

Ello explica por qué el organismo norteamericano ya no alerta a los investigadores argentinos cuando se encuentra detrás de algún operativo contra el narcotráfico vernáculo, como ocurrió con el envío de droga a España.

 Es que hay una realidad que nadie quiere mencionar en voz alta: todas las sospechas dejaron de ser suspicacias luego de que se publicaran los cables de Wikileaks. El vínculo del kirchnerismo con el tráfico de drogas es un hecho.

Christian Sanz