Finalmente, el gobierno terminó confirmando lo que quería relativizar: que Cristina había estado en las Islas Seychelles. No es poco: se trata de un paraíso fiscal que aparece claramente relacionado con operaciones sospechosas que llevó adelante Federico Elaskar, supuesto financista “no oficial” K.

Jorge Lanata sacó de quicio a la presidenta de la Nación luego de presentar un informe que cuestionó el viaje de esta última a esa zona geográfica, fuera del cronograma oficial.

El comunicado que presentó el gobierno, sumado a los enfurecidos tuits de sus funcionarios, provocaron más suspicacia que otra cosa. ¿Era necesario salir a injuriar a un periodista de la manera en que se lo hizo? ¿No es contradictorio que lo haga el mismo gobierno que despenalizó las calumnias e injurias?

El documento gubernamental es contradictorio y pone a Cristina en una posición incómoda, ya que demuestra que existe una real preocupación de la mandataria por las investigaciones de Lanata.

Por otro lado, sorprende el hecho de que no exista una denuncia penal concreta contra el periodista o El Trece TV. Si hay un delito, como dice Oscar Parrilli, ¿por qué no canalizarlo a nivel judicial?

Es bien cierto que el programa de Lanata dejó sabor a poco, con poca evidencia concreta que vinculara a Cristina con las sociedades off shore de las Seychelles.

Sin embargo, el comunicado de Presidencia de la Nación desmiente apenas el 30% de todo lo que denunció Periodismo Para Todos, haciendo foco principalmente en el lapso que estuvo la jefa de Estado en ese archipiélago.

¿Importa si Cristina estuvo 13 o 24 horas en el lugar? ¿Y todo lo demás?

Detrás de la discusión absurda respecto del paso de la mandataria por las Seychelles, se esconde lo más relevante: la creación de la sospechosa firma Aldyne, constituida en 2004 y que maneja 148 sociedades con domicilio en el estado de Nevada, Estados Unidos. El dato más sugestivo es que la misma está controlada por Helvetic, la firma que compró la empresa SGI al mencionado Elaskar.

El fiscal José María Campagnoli explicó oportunamente que estas sociedades administradas por Aldyne trajeron su negocio a la Argentina merced a la empresa de marras: "Entre noviembre y abril hubo un importante flujo de dinero, aproximadamente 208 millones de pesos que trajo en forma de bonos Helvetic y que se depositan en Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez".

Campagnoli es el mismo que en abril de este año pidió investigar a Báez y a la familia Kirchner a través de allanamientos e inspecciones en Santa Cruz. Se trata de un hombre audaz: solicitó incluso que se abrieran las bóvedas que la presidenta pudiera tener en propiedades o estancias suyas.

El foco de debate este lunes debe ser ese: el sospechoso armado de sociedades que nadie aún puede precisar a qué se dedican, donde aparecen los mismos nombres, clientes y domicilios. La mayoría de esas firmas se armaron entre 2003 y 2004 —luego de la llegada de Néstor Kirchner al poder— y fueron inscriptas por la escribana Marta Cascales, a la sazón esposa del todopoderoso Guillermo Moreno.

¿Pueden desconocer Cristina y sus funcionarios esta situación? Para nada. No obstante, es un tema del que nadie habla.

Ni siquiera después de que estallara el Schoklender-gate, cuando muchas de esas empresas fantasma quedaron expuestas a la luz del sol.

Sería ciertamente incómodo para el oficialismo mencionar la cuestión. Principalmente, por un tema no menor: algunas de las firmas bajo la lupa fueron las que financiaron la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007.

Solo hay que investigar dos nombres: Fernando Caparroz Gómez y Jorge Fidalgo.

Christian Sanz
Seguir a @CeSanz1