Lo que se ha destapado a raíz de los cuadernos de la corrupción K, gracias a la encomiable labor periodística del colega Diego Cabot, es un suceso que debe celebrarse, ya que configura una suerte de Watergate argentino.

Se trata de la gran revelación de cabotaje, aquella que permitirá terminar de entender cómo fue la matriz de robo del kirchnerismo.

Desde ese lugar, es una gran noticia, porque representa un hito pocas veces visto en un país tan proclive al latrocinio, independientemente del color político que ostentan quienes ocupan eventualmente el “sillón de Rivadavia”.

Sin embargo, por otro lado, es inquietante saber que se ha saqueado de tal manera el erario público. ¿Acaso podía alguien imaginar que el kirchnerismo iba a llegar a superar al menemismo en lo que a “choreo” respecta?

Basta mencionar que, de acuerdo a los testimonios que vienen tomando el tándem Bonadio/Stornelli —uno de ellos el de Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción— los Kirchner habrían recibido en concepto de “coimas” casi 3 millones de dólares por día en sobornos.

No hace falta ser muy perspicaz para calcular todo lo que se podría haber hecho con ese dinero, desde escuelas y hospitales hasta la mejora de los ingresos de jubilados y pensionados.

Entonces aparece la gran pregunta, la que surge cada vez que se descubre un hecho de semejante magnitud: ¿No se podría haber evitado el “mega robo” de los K? La respuesta es tan simple como dolorosa: sí.

Si la justicia hubiera funcionado como corresponde, interviniendo en el momento adecuado, se podría haber acotado el latrocinio. Y por mucho.

Basten recordar las viejas notas publicadas en Tribuna de Periodistas a partir del año 2004, que empezaron a exponer el circuito de sobreprecios y coimas en la obra pública. Dicho sea de paso, los datos los aportaban los propios empresarios y algún que otro funcionario de segunda línea del gobierno de Néstor Kirchner.

La primera de las denuncias lleva la firma de quien escribe estas líneas y se titula “Julio de Vido: un político indebido”. Allí, en mayo de 2004, se reveló: “La cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que maneja Julito concentra todo lo inherente a saneamiento, obras públicas, vivienda, explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, actividad vial y organización de la inversión pública, una gran caja que se nutre de sobreprecios y otros desaguisados que lleva adelante su segundo, José López, un tucumano devenido en pingüino”.

Poco después, en agosto de 2005, este cronista fue aún más allá al advertir: “En Santa Cruz, Máximo (Kirchner) trabaja con Osvaldo Sanfelice, ex Director de Rentas de la provincia (y “cajero” de Julio De Vido) y Carlos Sancho, vicegobernador santacruceño, en una Inmobiliaria de la calle Alberdi (Sancho), lugar donde se recibe a los lobbistas de la actividad inmobiliaria -compra de grandes espacios de tierras en Santa Cruz- o la construcción de grandes obras, como el Gasoducto Cordillerano Santacruceño ($358 millones)”.

Allí mismo se reveló que “la primera parte de la mencionada obra, consistente en el tramo Boleadoras /El Calafate, se adjudicó a la empresa BTU sin licitación alguna y por la módica suma de $80 millones”.

Meses más tarde, en marzo de 2006, en una nota titulada “Golpe a Acevedo”, este periodista reveló que el entonces gobernador de Santa Cruz había sido eyectado de su cargo por parar “una coima de 30 millones en la obra pública”. Había sido impulsada por Néstor Kirchner.

En agosto del mismo año, en una nota cuyo título no deja lugar a dudas —“Julio de Vido y la cartelización pública”—, quien escribe esta nota contó con pelos y señales que el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, había sido renunciado de su cargo luego de haber denunciado sobrecostos y cartelización en la obra pública en un lugar emblemático: la Cámara de la Construcción.

Así fue relatado entonces: “Lavagna dijo la palabra maldita: ‘cartelización’. Y eso le costó el cargo. ‘Yo creo que, aunque uno tenga entredichos, el país no puede manejarse a los chicotazos’, le dijo el aún ministro de Economía al primer mandatario el pasado lunes en una reunión reservada. La respuesta del Presidente no se hizo esperar: “Bueno, entonces presentáme la renuncia’.”

En septiembre de 2007, este periódico llegó aún más lejos y se anticipó al escándalo Odebrecht, esta vez bajo la firma de Carlos Machado: “El nuevo bochorno para la administración Kirchner lo representa el 35% de sobreprecios en los trabajos que la empresa brasileña Norberto Odebrecht está llevando a cabo, como una de las compañías participantes, en los gasoductos troncales en construcción en el país”.

Los artículos periodísticos se multiplicaron al paso de los años: solo poniendo la palabra “sobreprecios” en el buscador de TDP se podrá ver cómo se denunció esa misma corrupción una y otra vez.  

No vale la pena puntualizar en cada una de las notas que se publicaron, porque son infinitas. Quizás baste mencionar una última, por tratarse de un texto casi filosófico del año 2008. Allí, en un artículo titulado “La matriz de la corrupción K” se explicó el mecanismo a través del cual el kirchnerismo venía robando millonarios fondos públicos.

Un año más tarde, en 2009, este cronista publicó el libro Dossier K, donde se ahondó aún más respecto de los sobreprecios y la corrupción del kirchnerato. Parte de los documentos allí expuestos, fueron presentados a la Justicia Federal. De más está decir que los jueces y fiscales e Comodoro Py jamás actuaron al respecto.

Hoy en día, con la aparición de los cuadernos del chofer Centeno, todo parece novedoso y revelador. No obstante, como puede verse, no lo es.

Ello lleva nuevamente a una de las notas citadas, la de 2008, donde este periodista escribió: “El saqueo que ha hecho el matrimonio Kirchner a la Argentina no tiene parangón alguno”.

Diez años más tarde, esa vieja frase se hizo carne.