Ayer viernes, la noticia pasó sin pena ni gloria por las redacciones de los medios. Allí se daba cuenta de que un funcionario de la Policía de Salta había sido detenido con más de 50 kilos de cocaína en un procedimiento realizado en la localidad salteña de General Güemes por efectivos de la fuerza provincial, que además detuvo a otros dos hombres.

Fuentes policiales informaron públicamente que el operativo se concretó cuando personal policial perteneciente a la División Protecciónal Medio Ambiente realizaba un control de prevención sobre la ruta provincial 8.

En ese momento, cuando los policías identificaban a los ocupantes de un Volkswagen color gris, vieron que el conductor de un Fiat Uno que llegaba detrás, al advertir el control, giró imprevistamente en U con intenciones de huir, por lo que comenzó una persecución policial. Al llegar al kilómetro 45 de la ruta, el conductor del Fiat perdió el control del auto, que sufrió algunos desperfectos, lo que permitió a los policías alcanzarlo.

Los voceros informaron que al ser identificado el conductor se determinó que se trataba de un policía llamado Carlos Gallardo, quien se desempeñaba como jefe en el área de Inteligencia Criminal de Tartagal, de la policía de Salta.

Durante el procedimiento, se observó que en la zona del lote Santa Rosa había un tercer auto, un Volkswagen Bora gris, cuyos ocupantes, al notar la presencia policial, también intentaron huir.

No obstante, fueron alcanzados y detenidos por la policía, que estableció que se trataba de dos hombres de 29 y 43 años. Ante la trascendencia del operativo, el subjefe de la policía de Salta, Simón Pistán, se presentó en el lugar para ponerse al frente de las investigaciones y supervisar el cumplimiento de las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso, teniendo en cuenta que uno de los sospechosos era miembro de la fuerza.

Detrás de esta historia se esconde otra historia, que involucra a referentes y políticos salteños y que roza los pasillo de Casa de Gobierno, en Buenos Aires.

El país que no miramos

“Hoy en Salta capital la cosa está que arde. Los políticos no salen a dar la cara y el pueblo se pregunta hasta dónde abarca el narcotráfico y la corrupción”, aseguró con fastidio una importante fuente investigativa de Salta a este cronista.

Las especulaciones son valederas, ya que las personas que fueron detenidas ostentan enorme relevancia tanto en la policía como en el departamento de inteligencia salteños. Más allá de Gallardo, quien supo trabajar en el departamento de Drogas Peligrosas de la Capital —considerado oportunamente un "súper agente”—, uno de los prófugos que no pudieron capturar los investigadores es un comisario de apellido Jiménez quien, junto a sus hermanos —también policías—, aparecen implicados en el tráfico de estupefacientes.

A su vez, estos tres hermanos, son hijos del fallecido comisario General Luis "Lito" Jiménez, quien fue en dos oportunidades Jefe de la Policía de Salta.

“Lo conocí a Lito, era un señor con todas las letras. Pobre, menos mal que se murió hace poco, porque si no se hubiera muerto hoy de vergüenza por lo de sus hijos”, admitió una fuente consultada para este artículo.

Como sea, las sospechas se incrementan al paso de las horas ya que muchos creen que en tres vehículos caben mucho más que 52 kilos de droga. “Es obvio que traían mucho mas. Fíjese la hora y fecha, 25 de mayo, a la noche y por camino secundario.  Pensaron que nadie controlaba y se largaron”, aseguró uno de los investigadores a este medio.

Otra fuente aseguró algo similar: “Esto que agarraron es la milésima parte de lo que circula de droga por este norte. No hay controles, no hay controles. Le digo porque camino y ando por todos estos lugares y nadie controla nada. Es alarmante”.

El llamado de la comandante Teresa

Pocos saben que el pasado domingo 22 de mayo fueron secuestrados 100 kilos de cocaína que estaban siendo trasladados en una camioneta Toyota 4x4, a través de la ruta Provincial nº 5, a la altura del paraje La estrella, en Salta. Hay que mencionar que desde ahí sale una ruta de tierra hacia Rivadavia Banda Sur y que se trata de un camino poco transitado y sin controles.

Según la prensa salteña solo se detuvo a una persona como resultado del procedimiento. Sin embargo, fuentes oficiales de esa provincia han admitido a este medio que allí iban también dos policías. ¿Se tratará de los mismos uniformados que fueron demorados en este nuevo procedimiento?

Independientemente de cualquier suspicacia, hay un dato que pasa del terreno de las sospechas al de los hechos. Es que, al día siguiente al secuestro de esa cocaína —el lunes 23—, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, llamó en persona al juez Federal de Orán, Raúl Reynoso. Según refieren fuentes del propio juzgado, la funcionaria “estaba muy interesada sobre los detenidos, adónde iba destinada esa droga y demás”.

Garré ordenó en ese mismo momento un vuelo en el avión de Gendarmería desde Campo de Mayo hasta Orán, argumentando que su intención era llevar a "periodistas" para que difundieran el procedimiento. En realidad se trató de dos hombres del ministerio de Seguridad que fueron a "interiorizarse" en detalle de todo lo ocurrido. Un dato: ninguno de los entrevistados por los falsos hombres de prensa se creyeron la farsa, ni los gendarmes, ni los funcionarios judiciales.

¿Para qué querría saber una funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional qué ocurrió con un cargamento de drogas secuestrado en una provincia tan lejana? ¿Qué implicancia oficial podría haber en el asunto?

Aunque a muchos pueda parecer algo normal, no es usual que ocurra un contacto como el descripto entre un ministro y un juez Federal, especialmente cuando se trata de un procedimiento rutinario de secuestro de droga (1).

Concluyendo

¿Por qué recurrentemente aparecen hechos vinculados con narcotráfico que rozan a funcionarios del kirchnerismo, desde 2003 a la fecha? ¿Por qué la continua presión a la justicia para que no investigue y el desmantelamiento permanente de los controles a la droga?

Con el antecedente de un gobierno que ha financiado parte de su campaña política con fondos proveídos por narcos foráneos, es imposible no sospechar acerca de los vínculos entre el oficialismo y la laxitud de los controles al narcotráfico. A eso debe sumarse que existe media docena de funcionarios que pertenecen al Ejecutivo Nacional que están directamente relacionados con ese negocio.

En Salta, no hay excepción a estos hechos. El joven gobernador Juan Manuel Urtubey, que parecía en un principio una suerte de “superador” del siempre sospechado de narco Juan Carlos Romero, parece haber sucumbido finalmente al rentable negocio de los narcóticos.

Todos saben en Salta quiénes son los personajes cuestionados y cómo se maneja la droga, pero nadie hace nada al respecto. Una simple anécdota servirá para entender cómo el poder político encubre al narcotráfico.

Oportunamente, el ministro de Justicia salteño, Pablo Kossiner, propuso a Urtubey echar al jefe y subjefe de la policía, junto a 15 comisarios vinculados a los sectores de Investigaciones y Drogas —todos ellos vinculados al negocio de los estupefacientes—, pero el gobernador dijo que no, argumentando que “sería aumentar el escándalo”.

¿Alguien puede creer realmente tan pueril excusa? En realidad, Urtubey permite que se cometan este y otros delitos a cambio de una suerte de “peaje” que maneja su propio hermano y secretario privado, Facundo. Así lo reveló en su momento a este medio una fuente muy cercana al Ejecutivo salteño: “El recaudador de todos los negocios es el hermano del gobernador, que tiene una oficina al lado de su despacho. Está  popularizada acá en Salta una frase del Gobernador, quien  luego de otorgar créditos o contratos a intendentes, contratistas, etc., les dice ‘pasá y velo a facundito’. Allí se deja la parte que exige el gobernador.”

El dato ya había sido revelado en 2010 a Tribuna de Periodistas por un funcionario del Departamento Orán, quien reveló que fue a pedir a Urtubey 150 mil pesos para hacer unas cuadras de “cordón cuneta” y algunas alcantarillas en su pueblo y que luego de la charla de marras le llegó la famosa frase. Acto seguido, luego de cobrar, debió dejar en la oficina de Facundo Urtubey la friolera de $ 60 mil. En realidad, cobró 90 mil y firmó por 150 mil.

Lo aquí contado es una pequeña parte de un sistema que existe no solamente en Salta, sino también en otras provincias argentinas. Tiene que ver con muchos negocios pero especialmente el narcotráfico, que aparece como el más rentable del planeta. La droga, hay que mencionarlo, mueve 600 mil millones de dólares al año en todo el mundo.

Ello explica lo que hoy ocurre en la Argentina, donde repentinamente han aterrizado narcotraficantes de diversas partes del mundo y el lavado de dinero se ha convertido en una cuestión tan natural como el dulce de leche (2).

Todo ello es permitido por el oficialismo de turno, aún cuando existe evidencia de sobra que roza a banqueros, empresarios y hasta a referentes sociales. A ese respecto hay una veintena de denuncias elevadas ante la ineficaz Unidad de Información Financiera (UIF) que comanda José Sbatella.

Pero el kirchnerismo nunca hará nada, ya que cualquier acción terminaría actuando cual búmeran impactando contra sus propios intereses. No hay momento menos oportuno que este, cuando se necesita recaudar dinero para la campaña de octubre y no hay olla donde rascar. El sistema que permitió obtener importantes fondos en 2003, 2005 y 2007 —surgidos de la asesina mafia de los medicamentos— fue desmantelado casi por completo.

Quienes conocen el tema, aseguran que esos fondos ahora debieron ser reemplazados por otros que provienen de la venta de una sustancia blanca, un polvo muy fino. Ojo: no se trataría de azúcar impalpable.

Christian Sanz

(1) Una situación similar también surgió del seno del kirchnerismo, cuando el hoy jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el marco del escándalo de los cuatro policías federales que en 2004 volcaron con su patrullero conteniendo 116 kilos de cocaína en Jujuy, llamó a varios jueces para “interiorizarse en el asunto”. Se comunicó varias veces con Raúl Reynoso, de Salta; luego dos veces con su colega de Jujuy, Mariano Cardozo; y finalmente, se contactó con el entonces Juez federal de Salta, Abel Cornejo, quien nunca lo atendió porque presumía la intención del entonces Ministro del Interior. 

(2) Baste recordar solo dos casos que hoy escandalizan a los medios para entender la naturalidad del blanqueo de dinero: la muerte de María Marta García Belsunce y los fondos que maneja la Fundación Madres de Plaza de Mayo.