Aún no parece haber terminado de estallar el escándalo que se generó luego de que se conociera que el secretario General del SUPARA (Sindicato del Personal Aduanero), Carlos Sueiro, su mujer —una ex jueza del fuero laboral llamada María Cruz Juanes Hernández— y el funcionario de la AFIP Andrés Vázquez, giraron 461 mil dólares a la cuenta bancaria N°140852 de la sucursal radicada en la ciudad de Luxemburgo del “BNP Paribas”, y a la cuenta n°744476, sucursal de la isla de Curazao del “ING Bank NV”.

Si bien este dato ha provocado la intervención del fiscal federal Federico Delgado (1), hay dos cuestiones que aún restan por implosionar: por un lado, un mediático abogado prepara una caliente denuncia contra Vázquez y otros funcionarios de la Aduana; por el otro, varios empleados de esa misma dependencia han comenzado a mostrar enojo por lo que consideran una desigualdad insostenible. “Nosotros estamos aportando todos los meses al sindicato del SUPARA la suma de $600 por planilla de haberes, ¿para que Sueiro se lleve la plata a sus cuentas de Suiza y Luxemburgo?”, dijo con enojo un empleado de carrera de la Aduana.

En realidad, en los corrillos aduaneros se asegura que Sueiro y Echegaray se niegan sistemáticamente a otorgar aumentos salariales como castigo por la derrota kirchnerista en los comicios del 10 de julio en Capital Federal.

Si así fuera —algo que no cuenta con respaldo de evidencia—, sería la génesis de un nuevo escándalo, ya que no puede responsabilizarse a empleados de un ente gubernamental por la no victoria de un mediocre candidato a jefe de Gobierno.

Lo que debería preocupar a Echegaray y sus “soldados” es el inminente allanamiento por parte de la Justicia Federal a la división Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas. Se trata de una medida que se da en el contexto de un expediente que investiga a puntuales funcionarios por pedidos de coimas y aprietes a contribuyentes en procedimientos e investigaciones encomendados a la Aduana por la Justicia Penal Económica.

Esa causa penal se inició por denuncia de la fiscal Rivas Diez, en virtud de una serie de seguimientos y escuchas telefónicas a funcionarios de la AFIP, las cuales se venían efectuando en el marco de otra causa penal. Hay que mencionar que en ese expediente existe una "requisitoria fiscal" y el juez Federal Daniel Petrone cuenta con las escuchas telefónicas remitidas por Rivas Diez.

¿Cuál era el "negocio" de los funcionarios? “Apretar a personas que están siendo investigadas por contrabando en la Justicia. Cuando la Justicia le solicita alguna actividad a la Aduana en materia de investigaciones, aprovechan para demorar oficios, allanamientos, asesorar a contrabandistas; pero la Justicia se avivó y mando a efectuar escuchas, de las cuales resultó que desde los teléfonos oficiales de sumarios de prevención los ‘contrabandistas investigados’ pedían colaboración y asesoramiento para que sus causas terminen en infracción aduanera y no en contrabando”, admitió una fuente judicial a este medio.

Lo interesante del escándalo es que ¿casualmente? la División Sumarios de Prevención está a cargo del abogado Nelson Pablo Brunotto —Legajo Nº 24.307-8—, titular de la cuenta cuenta 005-0000003409/8 del Banco Ciudad, donde estarían depositados los dos millones de pesos que desaparecieron hace poco de la Aduana y cuya trama fue revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas.

Independientemente de lo que ocurra con este expediente, hay una realidad que ya mismo debería preocupar a Echegaray y sus adláteres: fuentes judiciales han confirmado que en los próximos días se allanará una oficina oficial ubicada en cercanías de la sede de la AFIP.

¿Será el principio del fin?

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1