El escándalo comenzó hace más de dos semanas, el pasado 22 de julio, cuando diario Perfil reveló que en un departamento perteneciente al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se desarrollaban tareas vinculadas a la prostitución.

Sin embargo, recién en las últimas horas el magistrado deslizó —tibiamente, por cierto— que haría una acción civil contra la inmobiliaria. Rectificamos: el juez dijo que “evaluaba” actuar legalmente “mientras se están desalojando los inmuebles cuestionados”.

¿Por qué Zaffaroni aún no hizo nada contra aquellos en los que supuestamente descansó a la hora de alquilar sus departamentos? ¿Cómo debe interpretarse que apenas evalúa hacerlo? ¿Por qué no hace nada a nivel penal?

Hay que reconocer que cada paso dado por Zaffaroni genera más y más sospechas sobre su propia persona. Por caso, ¿por qué aún no ha mostrado los contratos de alquiler que había prometido oportunamente?

Ese dato no es el único que genera suspicacias: cuando le preguntaron por la cualidad profesional de su “apoderado”, Ricardo Montivero, el magistrado no dudó en defenderlo y aseguró que “pueden darlo vuelta” y no le van a encontrar más que “una (casa) prefabricada en Entre Ríos y un auto viejo”. ¿Olvidó Zaffaroni que él mismo responsabilizó a su “mano derecha” al principio de este escándalo, como el único conocedor de todas las irregularidades?

Sorprenden las contradicciones de Zaffaroni, pero más aún su puerilidad manifiesta. ¿Puede seguir sosteniendo a esta altura que desconocía lo que pasaba en sus inmuebles? ¿Puede asegurar que nadie lo notificó que en 2009 —hace cuatro años— tres de sus inmuebles habían sido denunciados ante el procurador General de la Nación, Esteban Righi?

Si realmente el juez no hubiera sabido nada de lo que ocurría en su periferia desde hace años, hay que concluir que no merece ser ministro de la Corte Suprema. Se trata acaso de un cargo de enorme relevancia, que amerita una lucidez a prueba de descuidos.

En realidad, como se dijo anteriormente en este mismo sitio, Zaffaroni es un hombre éticamente cuestionable: no solo ha jurado por los estatutos de las últimas dos dictaduras argentinas, sino que ha sido defensor de los peores delincuentes y narcos que pueda registrar la historia argentina.

No por nada el magistrado insiste en decir que “el ejercicio de la prostitución no es delito y que, en todo caso, se violó el reglamento de los edificios y el destino contractual que tenían los alquileres (para vivienda)”. Esas palabras, pronunciadas por él ante la consulta de radio Mitre, son más que sintomáticas.

¿Espera de esa manera que el impacto del escándalo se atenúe a los ojos de la sociedad? Hay que recordar —como lo hizo Tribuna al principio de esta misma trama— que el psicólogo Jorge Corsi, condenado por abuso de menores, en el marco de una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, intentó defender su complicada posición al asegurar que la “pedofilia” no era un delito tipificado en el Código Penal.

¿Estará Zaffaroni intentando la misma estrategia? Es muy posible.

Por lo pronto, hay que admitir que la maniobra de ocultar la verdad no le ha sido nada beneficiosa.