Hay algo que no cierra. Muchos insisten en hablar del supuesto progresismo del kirchnerismo pero hay cuestiones que no encajan con esa supuesta pretensión. Basten recordar solo algunos de los tópicos oficiales de los últimos años: evaporados fondos de Santa Cruz, estadísticas oficiales manipuladas, denuncias cruzadas en el Inadi, escándalo y sobreprecios en el marco del affaire Schoklender-Madres de Plaza de Mayo, entrega de recursos naturales a la minera Barrick Gold, envío de cocaína a través de la línea aérea Southern Winds y corrupción dentro de la empresa Aerolíneas Argentinas.

A eso debe sumarse la apertura de las fronteras al narcotráfico foráneo —incluido el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner a través de fondos del tráfico de estupefacientes y la mafia de los remedios— y la persecución no solo al periodismo crítico sino también a los consultores privados que difunden información que molesta al Gobierno.

¿Adónde está el supuesto progresismo del Gobierno? ¿Se puede tapar el sol con un dedo? ¿Acaso alguien dirá que “roban pero hacen”?

Cristina Kirchner aún debería explicar cómo es posible que la mitad de su gabinete de ministros esté conformado por personajes que cuentan con verdaderos prontuarios, algunos de ellos relacionados con el repudiable tráfico de narcóticos.

También debería dar cuentas de sus propias hipocresías: su discurso es muy bonito, pero ella mismo se ha enriquecido en un 800% desde su asunción al poder y, a pesar de fustigar a los que envían dinero fuera del país, cuenta con una frondosa cuenta en el banco Credit Suisse de Suiza.  Asimismo, pide la Presidenta que no se compren dólares en el mismo momento en que ella misma ha adquirido tres millones de esos verdes billetes.

Habla la mandataria de transparencia, pero su declaración jurada carece de ella. Por caso, si no fuera por la mano protectora del juez Norberto Oyarbide, oportunamente hubiera sido imputada por enriquecimiento ilícito por las inconsistencias en ese documento.

No es una antojadiza afirmación de este cronista sino la conclusión de profesionales intachables como Alfredo Popritkin, quien fue eyectado del cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia por atreverse a enfrentar al poder y no ceder ante la corrupción oficial. Fue el mismo que aseguró que la declaración jurada de los Kirchner contaba con “una serie importante de irregularidades, falencias y omisiones, importantes en número y en significación, o magnitud de valores”.

El profesional mencionó puntualmente ciertas inconsistencias, pero nunca fueron tomadas en cuenta por Oyarbide quien, rápido de reflejos, sobreseyó a Néstor y Cristina basándose en un informe del contador personal del matrimonio cual si fuera este un perito independiente.

Se insiste en la pregunta, ¿es esto progresismo? ¿La corrupción debe permitirse en nombre de un supuesto “modelo” de izquierda que no es tal?

No debería sorprenderse el lector, ya que otrora funcionarios como Horacio Rosatti y Gustavo Béliz fueron expulsados de sus cargos por denunciar sendos hechos de corrupción. El primero habló de sobreprecios en la remodelación carcelaria, el segundo de espionaje oficial por parte de la SIDE. Fue en los comienzos de la “gesta K”, en 2004 y 2005.

Frente a ello, en lugar de combatir las irregularidades, el oficialismo optó por borrar del mapa a los denunciantes. Una constante en realidad: lo mismo haría años más tarde con el fiscal Anticorrupción Manuel Garrido.

Eso sí, se mantuvo en sus cargos a personajes como el “cajero” Julio De Vido, el enriquecido Florencio Randazzo y el megasospechado Aníbal Fernández. Progresismo puro.

Dicen que a veces es mejor esconder las cosas malas bajo la alfombra que combatirlas de lleno, sobre todo cuando la corrupción es parte de la naturaleza intrínseca de quien gobierna.

En esos casos, es más sencillo falsear estadísticas, esconder las cifras de la inseguridad y callar al periodismo con ingentes partidas de pauta oficial. Es parte del “modelo” que nos legaron los Kirchner, hay que decirlo.

¿Cómo digerir de lo contrario tamaña corrupción oficial, donde no solo debe tolerarse el favoritismo a los testaferros del poder —los Báez, Eskenazi, López— sino también el vaciamiento dinerario que los “jóvenes” de La Cámpora ejercen incesantemente en puntuales reparticiones oficiales?

Con una crisis mundial en ciernes y cuentas públicas cada vez más deficitarias, el modelo implosiona y comienza esto a traducirse en la quita de subsidios a la energía y otros rubros. Pronto, ello complicará también el otorgamiento de beneficios sociales lo cual será un duro golpe para un gobierno que ya casi no puede rascar de la abundante olla de la Anses o el Banco Central.

Cuando esto ocurra, ¿seguirá tolerando la sociedad la corrupción que hasta hoy aguantó gracias a la buena ventura de la economía? Por ahora, solo por ahora, es una pregunta que no tiene respuesta.