Anteayer fue Martín Sabbatella, so pretexto de detallar cuáles habían sido los grupos mediáticos que presentaron sus planes de adecuación de cara al 7D. Hoy lo refrendó un nervioso Julio Alak.

Los dos funcionarios admitieron lo mismo: que dentro de dos días se aplicará la Ley de Medios a sangre y fuego, más allá de lo que decida la Justicia. "En 48 hs comienza la aplicación plena de la Ley de Medios", advirtió el Ministro de Justicia de la Nación. "Las acciones de la Cámara Civil y Comercial son pasibles de ser recurridas por revocatoria y nulidad ", agregó, anticipándose a lo que pueda decidir ese fuero.

¿Realmente está dispuesto el Gobierno a cruzar esa frontera, que divide la institucionalidad del totalitarismo? ¿Conocerá Alak los extensos tratados acerca de la necesidad republicana de la división de poderes?

Es grave que la persona que está a cargo de la cartera de Justicia de la Nación haga una confesión tan poco feliz, enfrentada con el más puro espíritu democrático. “Estirar la cautelar sería alzamiento”, agregó el funcionario en referencia a la medida que beneficia a Clarín. Frente a tamaña presión, ¿cómo pueden trabajar en paz los jueces que deben decidir esta espinosa cuestión?

La ignorancia de Alak sobre la más básica filosofía del derecho ha sido descripta de sobra por los más reputados juristas y amerita preguntarse cómo una persona con tal nivel de ignorancia puede ser Ministro de Justicia.

Por si hiciera falta más analfabetismo, se sumó luego el siempre desacertado Marcelo Fuentes, quien echó más nafta al fuego: "Gobierna quien tiene el mandato popular y los votos". El Senador del FPV acusó en ese mismo momento a la Corte Suprema de querer “gobernar” a través de sus fallos judiciales. ¿De dónde sacó tal disparate? ¿Por qué ningún funcionario jamás cuestionó a ese mismo cuerpo supremo cuando emitió dictámenes a favor del oficialismo de turno?

Las palabras de Alak y Fuentes son la postal de cómo el kirchnerismo concibe el poder: habrá respeto solo cuando le convenga al Gobierno. De lo contrario, el ataque será feroz e implacable.

El imperdonable “escrache” que públicamente los funcionarios llevaron a cabo contra los jueces Francisco de las Carreras y Graciela Medina, por supuestos vínculos con el grupo Clarín —lo cual deberá analizar la justicia y eventualmente fallar al respecto— choca de frente con el silencio oficial frente a los vínculos de Norberto Oyarbide con el kirchnerismo a través del operador Javier Fernández. ¿Cuál es la vara con la cual se mide la institucionalidad K?

Lo más sorprendente llegó cuando Alak acusó a De las Carreras de estar “denunciado penalmente”, por lo cual tendría que excusarse de pronunciarse sobre el tema Clarín. ¿Qué decir entonces de Oyarbide que cuenta con media docena de presentaciones judiciales en su contra? ¿Por qué el kirchnerismo no dice nada al respecto?

Independientemente de todo ello, luego de la exposición de este mediodía queda claro que la Ley de Medios fue sancionada por el kirchnerismo casi concluyentemente para embestir contra el grupo Clarín. ¿Qué duda cabe luego de tanto “sincericidio” junto? ¿Por qué el 90% de lo que los funcionarios dicen públicamente sobre esa norma es referido al holding que comanda Héctor Magnetto?

En realidad el kirchnerismo sueña con repetir la secuencia que en enero de 2010 recorrió el mundo: la de Hugo Chávez quitándole la licencia a la contestataria señal RCTV.

Sin embargo, hay varias cuestiones que parece no tener en cuenta el oficialismo: en primer lugar, el momento de gran debilidad que vive el “cristinismo”, tanto a nivel político como institucional; en segundo término, la diferencia entre la idiosincrasia de la oposición venezolana en comparación a la argentina.

A ello debe sumarse un factor casi terminante que puede terminar de definir el futuro del propio Gobierno: las movilizaciones del 6, 13 y 19 de diciembre. Esta última es la madre de todas las batallas, mal que le pese a Cristina.