Julio Alak, quizás involuntariamente, quizás no, dejó en evidencia en los últimos días cómo el Poder Ejecutivo maneja la Justicia argentina de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.

Lo hizo al anunciar que recusará al juez Raúl Torti, quien había sido designado por la Cámara Civil y Comercial federal para tramitar el "expediente Clarín". El argumento del Ministro de Justicia es pueril por demás: como anteriormente falló a favor del proveedor de internet Fibertel, no sería un magistrado imparcial.

Anteriormente, Alak presionó —amenazas de por medio— al jubilado Raúl Tettamanti, forzándolo a renunciar por "violencia moral".

Tal es así, que el ex fiscal Pablo Lanusse confesó que si estuviera en funciones analizaría si Alak pudo haber avasallado la independencia del magistrado e "incurrido en el delito de amenazas coactivas".

No es nuevo el dato de que el oficialismo maneja la Justicia a su antojo, TDP lo ha revelado en muchísimas ocasiones desde 2003 a la fecha, basado en testimonios de los propios jueces y fiscales que se sienten molestos por la presión que reciben por parte del kirchnerismo.

¿Quiénes presionan? Principalmente dos funcionarios de alta relevancia: uno se llama Javier Fernández y es auditor de la AGN; el otro es el subsecretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez. Casualidades o no, este último reporta directamente a Alak, su supuesto jefe.

Ambos han sabido presionar a jueces, especialmente federales, para lograr hacer zafar a los funcionarios más corruptos de la administración K. Por ejemplo, hay quienes recuerdan aún a Fernández caminando los despachos del juzgado de Norberto Oyarbide justo antes de que este sobreseyera a Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito a fines de 2009.

Con estos antecedentes, queda claro que el Gobierno no es afecto a la independencia de los poderes, a lo que ahora se ha sumado esta nerviosa embestida que se da en el seno del Consejo de la Magistratura —hecho grave si los hay— para tratar de llegar al 7 de diciembre con un juez "amigo" a cargo de una causa tan cara a los intereses oficiales. Es curioso que, ante ese panorama, Alak asegure sin ponerse colorado que es Clarín quien "pone y saca" magistrados en la Argentina.

La operación que hoy lleva adelante el oficialismo en su caprichoso plan de desmantelar a ese conglomerado es de una gravedad institucional pocas veces vista en la Argentina.

Es tan obvio y desprolijo cómo esto se lleva adelante, que ha dejado a la vista los peores vicios de un gobierno que cada día se acerca más a la definición de "totalitarismo".

Carlos Forte
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