El escándalo que involucra a Sergio Schoklender y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, comienza a mostrar síntomas de preocupación dentro de las filas del Gobierno. Por lo pronto, la presidenta Cristina Kirchner ha impartido la firme orden de silenciar todo comentario oficial al respecto. "El plan oficial es reducir la repercusión política del caso a 'una cuestión interna' de Madres de Plaza de Mayo. Su presidenta, Hebe de Bonafini, es aliada histórica del Gobierno y emblema kirchnerista de la defensa de los derechos humanos. Pero la Presidenta tiene un profundo malestar con ella y con Schoklender", publica hoy diario La Nación.

Sin embargo, más temprano que tarde, este hecho terminará salpicando al mismísimo oficialismo, ya que el descontrol de los fondos que le fueron otorgados a Madres de Plaza de Mayo salpica al propio corazón de los inquilinos de Balcarce 50. En tal sentido, fuentes oficiales admiten que nunca hubo controles suficientes sobre lo que se hacía y los respaldos documentales siempre fueron inconsistentes.

La cartera más complicada es la de Julio de Vido, ya que del Ministerio de Planificación han salido casi todos los fondos que financiaron el hoy cuestionado plan "Sueños Compartidos", que lleva construidas 5000 viviendas y manejó fondos por casi 300 millones de dólares.

"Hubo obras que se realizaron sin licitación, otras con dudosos concursos, y se habría incurrido en irregularidades, como la entrega de fondos sin que se presentaran los certificados de obra correspondientes. En la construcción intervino la empresa Meldorek, que comparte domicilio fiscal con Schoklender y es la propietaria de dos aviones que suelen utilizar Schoklender y Hebe de Bonafini. Las viviendas, de unos 70 metros cuadrados, se cotizan a unos 1000 dólares el metro cuadrado", según La Nación.

Hoy, todas las sospechas se posan sobre la referida firma Meldorek (1), que es la que levanta las plantas para fabricar los módulos premoldeados de telgopor y concreto con los que se construyen los barrios con fondos nacionales. Se trata de una empresa que nació junto con la llegada de Néstor Kirchner en el año 2003 y que posee todos los condimentos que suelen caracterizar a las organizaciones que lavan dinero.

"El rápido crecimiento de Meldorek comenzó a registrarse el 30 de junio de 2003, apenas 20 días después de su creación como sociedad. Hasta entonces, la empresa pertenecía a dos ancianas: Noemí Raquel Averza, de 84 años, e Inmaculada Concepción Fazio, de 70. De inocultable espíritu emprendedor, por esa misma época ambas mujeres presidían otras 46 sociedades anónimas, todas creadas por un sólo día y con un capital de 12.000 pesos", dice revista Noticias.

Ese 30 de junio de 2003 la empresa pasó a manos de Daniel Laurenti y Oscar Gabriel Castillo, quienes registraron un significativo aumento del capital social el 6 de diciembre de 2006: de 12.000 pesos a más de dos millones. Para 2009, siempre según registros del Boletín Oficial, el patrimonio de la empresa alcanzó los 4,5 millones de pesos.

"Un año después —prosigue Noticias— la empresa sumó a su patrimonio un yate de 14 metros de eslora, valuado en 420.000 dólares, de nombre Arete y matrícula REY 044668". De acuerdo con la publicación, Schoklender también habría sido visto en el crucero por los clientes de la guardería náutica Canestrari, de San Fernando, que cobra 2.000 pesos mensuales por el servicio de amarras.

A pesar de esos antecedentes, que jamás pudo desconocer el kirchnerismo, Meldorek ha sido acreedora de millonarias concesiones para la construcción de viviendas y otros emprendimientos. ¿Por qué el oficialismo obvió las denuncias de Coalición Cívica y hasta de cámaras de construcción de diversas provincias que ya hablaban hace años de lavado de dinero en el marco del trabajo de las Madres y Schoklender?

De eso deberán dar puntual cuenta Claudio Freidin y Abel Fatala, el primero es presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad; el segundo, es subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Ambos han liberado millonarios fondos para el plan Sueños Compartidos aún cuando en muchos de los casos faltaba la presentación de certificados de obra que demostrara los avances constructivos.

No se trata solo de irregularidades, sino de delitos penales complejos y de blanqueo de dinero, donde aparece una pata inesperada y escandalosa: la de la mafia de los medicamentos.

Es que, según pudo comprobar Tribuna de Periodistas, Sergio Schoklender operaba con la financiera Créditos Sur (2), perteneciente a Juan Manuel Manzorro y Jorge Fidalgo. Se trata de la misma empresa que aparece relacionada a la trama de los remedios "truchos", a través de la compra de documentos a cuestionadas droguerías, una de las cuales pertenecía a Sebastián Forza, asesinado a balazos en agosto de 2008 en el marco de triple crimen de General Rodríguez. Hay que recordar que por ese hecho hoy se encuentra detenido Martín Lanatta, otrora mano derecha del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

"Pocos saben que Forza tenía una mesa de dinero, tema en el cual estaba involucrado su propio padre. Gran parte de los ingresos iniciales de Forza estuvieron vinculados a este 'emprendimiento', luego engrosados por los jugosos cheques que cobraba por parte de diversos laboratorios medicinales y que cambiaba en diversos instituciones financieras, una de ellas es una cooperativa llamada Créditos Sur, perteneciente al empresario Jorge Fidalgo y presidida por Juan Manuel Manzorro, y Advantage Cooperativa Limitada, del Señor Fernando Caparrós Gómez, ex socio de Fidalgo. Fidalgo y Caparrós operaban depositando en cuentas de Forza o de sus empresas grandes sumas de dinero. En algunos casos, intercambiaban cheques entre ellos mismos para 'blanquear' sus operaciones", publicó Tribuna en agosto de 2009.

Según fuentes de la propia fundación, Schoklender negociaba los cheques de Madres con el referido Caparroz en persona. Muchos de esos valores son los que aparecen como "sin fondos" cuando se consulta la solvencia de Madres de Plaza de Mayo en la página del BCRA.

Sin embargo, a pesar de todas las denuncias y evidencias, nada ocurrirá. Como ya se publicó en este periódico, la Unidad de Información Financiera (UIF) que comanda José Sbatella, recibió hace un año una denuncia presentada por Coalición Cívica donde se dejaba constancia de cómo se blanqueaba dinero a través de ciertas operaciones de esa fundación. No solo nada hizo desde la UIF, sino que Sbatella exigió en las últimas horas, a sus funcionarios a cargo, que no hablaran al respecto, excusándose en que no puede ventilarse una investigación en curso por lavado de dinero. Parece olvidar el funcionario que actuó de manera totalmente opuesta en el caso de Francisco De Narváez en el año 2009, cuando no solo se divulgó una indagación en curso, sino que se la exageró.

Asimismo, habría que recordarle a Sbatella que las denuncias del tipo de la referida deben ser resueltas —para bien o para mal— dentro de un plazo de tres meses, tal cual ha declarado a diario Clarín la ex titular de la UIF Alicia López.

Concluyendo

La revelación que ha hecho este periódico, que vincula el escándalo Schoklender-Madres con la mafia de los medicamentos, abre una nueva línea de investigación que refuerza las sospechas de blanqueo de capitales en torno la Fundación ad hoc.

Oportunamente, y sin motivo aparente, el juez Norberto Oyarbide abandonó la línea de investigación que involucraba a ciertas cuevas financieras en el marco del expediente de los remedios "truchos".

Tal vez sea esta una buena excusa para reimpulsar una causa judicial que parece haberse estancado justo cuando empezaba a quemar al poder de turno.

No es poco.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1

(1) Otras empresas que deben investigarse son Antártica Argentina, Regie Royale y Stilo Car.

(2) Créditos Sur Cooperativa de Vivienda CUIT 30-70759260-1, con domicilios en Esmeralda 351 Piso 7 Dpto A; Corrientes 456 1º "12"; Sarmiento 776 08º y Carlos Pellegrini 27 5º K. Todos ellos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus socios principales son Juan Manuel Manzorro y Jorge Fidalgo.