Ángeles Rawson tenía 16 años al momento de ser asesinada. Vivía en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires e iba a un conocido colegio de clase media.

Hace casi un mes —mañana se cumple la fecha trágica— su familia aparecía en los medios de prensa pidiendo por su aparición con vida, luego de que desapareciera de los lugares donde solía mostrarse.

No pasó demasiado tiempo hasta que se descubrió que había sido asesinada. La sociedad toda empezó a partir de entonces un incesante seguimiento del caso, con indignación por lo que parecía un crimen cometido contra una persona inocente y joven.

Las hipótesis más insólitas se tejieron a partir de entonces y muchas de ellas persisten al día de hoy. Se hicieron peritajes y estudios técnicos de toda índole a efectos de esclarecer la cuestión.

Sin embargo, los puntos más relevantes del caso jamás han sido respondidos hasta el día de hoy: ¿Cuál fue el móvil del crimen? ¿Cómo fue la muerte de Ángeles? ¿Hubo un asesino o más de uno? ¿Cómo es posible que no haya un solo testigo directo de lo sucedido?

Son las preguntas básicas que surgen en cualquier hecho delictivo, pero en este puntualmente nadie ha podido contestarlas. A ello se suman otros interrogantes: ¿Por qué aún no aparecen los resultados de los estudios hechos al automóvil del encargado Jorge Mangeri? ¿Qué pasó con el pedido que hizo el abogado Miguel Pierri para que cotejen también el ADN de la familia de Ángeles?

En el juzgado de Martín Ríos juran que esas medidas ocurrirán más temprano que tarde. Sin embargo, los días pasan y nada sucede. ¿Cuánto puede demorar hacer un cotejo genético? ¿Por qué no se termina de realizar?

En estas horas, solo hay confusión en torno a la causa judicial. Por caso, no son pocas las dudas respecto a la culpabilidad de Mangeri como único autor del homicidio de marras.

A ello se suma el análisis que hicieron especialistas en salud mental sobre el portero y que arrojaron un resultado inesperado: no ostenta personalidad psicopática. Ello aleja aún más la posibilidad de determinar cuál habría sido su móvil como eventual autor del crimen de Ángeles.

Tampoco ha quedado del todo claro cuál fue la participación del secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el complejo entramado judicial. Cuando esto le fue preguntado por el periodismo, el funcionario apenas atinó a decir que su presencia intentó "garantizar que se cumplan todos los protocolos de preservación de la prueba en este tipo de situaciones".

¿Es que acaso había alguna duda respecto a la conservación de la evidencia? ¿Se presentará Berni a partir de ahora a toda escena criminal a efectos de preservar cada elemento de prueba?

El “súper secretario” tiene mucho que explicar, como el hecho de haber gestionado el ostentoso alojamiento al clan de Ángeles en un barrio privado de la zona norte del conurbano. Según él mismo aseguró fue una suerte "gesto de humanidad".

También tendría que dar cuenta de otra curiosidad: por qué advirtió, sin que nadie se lo preguntara, que "nadie protege a la familia".

Públicamente, Berni se involucró en al menos cuatro oportunidades en el expediente. Estuvo en el juzgado ad hoc, luego en el Ceamse —donde apareció el cuerpo de Ángeles—, más tarde en la morgue judicial y, finalmente, se dejó ver en el edificio de la calle Ravignani 2360. ¿Es esto usual? ¿Es habitual?

La fiscal Paula Asaro no está convencida aún de la trama oficial que hoy se maneja en todos los ámbitos, incluido el periodístico. Por ello, insiste en llamar a declarar a Sergio Opatowski, padrastro de la adolescente asesinada.

La funcionaria cree que de ese trámite algo sustancial puede llegar a develarse. Entre otras cosas, sus sospechas se centran en las copiosas finanzas familiares.

Hay un testigo de identidad reservada que oportunamente llamó la atención de Asaro. Fue quien dio el puntapié para que se pusiera el foco sobre la relevante economía del clan, que jamás podría justificarse en los magros $2.830 que supo cobrar María Elena Aduriz —madre de Ángeles— por parte de la firma Hope Duggan y Silva hasta febrero pasado.

En su declaración, el informante dejó dos menciones al pasar que oportunamente deberá investigar la Justicia: habló de “lavado de dinero” y de “narcotráfico”.

Como se puede ver, el expediente tiene mucho que indagar aún. Muchísimo.

Christian Sanz
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