"Son todos narcos y de los malos. Son todos traficantes ¿Y si no el sistema qué?". Sr. Cobranza - Bersuit Vergarabat 

El domingo 26 de junio por la tarde, nos encontramos con gran sorpresa con que la página de Tribuna de Periodistas había sido hackeada una vez más. No nos llamó demasiado la atención por el hecho en sí, ya que nos había sucedido antes, pero nos provocó gran curiosidad la manera y el momento en que esto fue efectuado: en medio de nuestra profunda investigación del tema de las valijas voladoras de Southern Winds y justo cuando comenzaba a aparecer de manera insistente el nombre del ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Tal cual comentamos en un reciente artículo de este periódico, ya nos había advertido un informante -perteneciente a la cartera referida- que el citado ministro quería callar de toda manera posible nuestra indagación en curso.

En ese contexto, comenzamos a buscar quién podría encontrarse detrás del ataque a nuestro periódico digital, lo cual culminó el lunes por la noche, luego de no menos de cuatro entrevistas con personas vinculadas al mundo de los hackers y el espionaje, reforzadas con llamados a "fuentes oficiales". Supimos entonces que el autor de los ataques -escudado bajo el mail de pablin_77@argentina.com- se llamaba Juan Carlos Carnero, alias Kato y trabaja en la SIDE (1).

Con ese dato contactamos a una de nuestras fuentes en Casa de Gobierno y nos confirmó que el mismísimo Aníbal Fernández le había ordenado hacer el ataque a nuestra página (2). "Kato recibe ordenes directas del ministro del Interior", nos aseguró el informante.

Supusimos entonces que el ministro estaría seguramente susceptible por una investigación que Revista XXIII había publicado y que lo mostraba como protector de una banda de narcos del norte del país, en consonancia fiel con nuestras históricas denuncias en Tribuna de Periodistas.

Fernández odia que lo relacionen con el mundo de los estupefacientes y así lo hace saber toda vez que puede. Eso tal vez explique el acoso que venimos sufriendo algunos de los periodistas que escribimos en este periódico, traducidos en seguimientos y llamadas constantes -y cortantes- que se multiplican en los últimos meses.

Es evidente que, si la presión es grande, es porque estamos en el camino investigativo correcto. Recordemos que desde este periódico desnudamos la estrecha relación del ministro Fernández con una banda de narcos de la zona de Quilmes (3), aparte de la referida investigación que dejó al descubierto sus vínculos con el escándalo de las valijas de SW. Pero aún hay más...

Drogas en el norte

El 8 de mayo pasado, cuatro efectivos de la Policía Federal, entre ellos el tercer jefe de la Delegación Salta, fueron detenidos en Jujuy con 116 kilos de cocaína, luego de volcar la camioneta oficial en la que viajaban. La Policía Federal sostuvo que la droga que tenían los agentes había sido incautada durante un procedimiento realizado en la ciudad fronteriza de Salvador Maza y que los uniformados la estaban trasladando desde esa ciudad hasta la capital salteña. Pronto se supo que eso no era verdad y el juez federal jujeño Mariano Cardozo, ordenó detener a los policías hasta que todo se esclareciera.

Quien finalmente aclaró todo fue otro magistrado, Raúl Reynoso -de la localidad de Orán-, quien contó que él mismo había ordenado realizar peritajes sobre esa droga y solicitó a los uniformados que le enviaran el sumario con el cargamento de cocaína, lo cual nunca sucedió. En lugar de ello, la comisión policial partió desde Salvador Maza, en Salta, por la ruta 34 y, lejos de dirigirse a Orán, siguió viaje a través de la provincia de Jujuy, en dirección a la capital salteña. A partir de ese momento, funcionarios judiciales que intervinieron en la causa comenzaron a evaluar la posibilidad de que los policías estuvieran traficando esa drogas.

Los implicados directos fueron el cabo Javier Aguilera, el subcomisario Daniel Dionisio Ferreyra, el subinspector Dante Callave y el cabo primero Daniel Guzmán, quienes viajaban en el vehículo que volcó con los estupefacientes. A nivel superior, fueron relevados de sus cargos el jefe y subjefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, comisarios Carlos Díaz y Guillermo Osler, respectivamente.

En ese marco, sucedió lo inesperado: Aníbal Fernández envió al director de Delegaciones de la Policía Federal, comisario José Darío Mazzaferri para apoyar a los policías detenidos, lo cual fue interpretado por los jueces -junto a varios llamados del Ministro del Interior- como un “acto mafioso”. Según consigna Revista XXIII, habría habido presiones para que el juez de Orán “inventara un operativo para justificar el origen de la droga”.

"Tengo la absoluta tranquilidad respecto al proceder de los efectivos", aseguró Mazzaferri en referencia al proceder de los uniformados que llevaban la droga. Días después, el 8 de junio, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Medina, acusado de entorpecer la labor judicial al manifestar públicamente que el secuestro ilegal de cocaína había sido "exitoso" y defender la labor de los efectivos que están detenidos.

Consultada sobre este tema una de nuestras fuentes más importantes, aparecieron los nombres restantes que ayudan a entender la trama de esta historia: "el abogado del matrimonio español detenido en España por llevar drogas desde Argentina es de apellido Riveros y es un ex policía de la Federal. Ahora los de la Federal que controlan el contrabando son de apellidos Pardal, García Mera, Portaluro, Vergara y Villarruel, los cuales eran amigos y compañeros de Riveros. Villarruel estuvo como jefe en drogas y la esposa era la jefa de drogas de la Aduana en Ezeiza y está desde hace mucho tiempo, por eso es que salía por ahí. Antes no veían nada y ahora encuentran drogas todos los días.

Pero vean cómo la policía forma la banda, porque Pardal y Garcia Mera estuvieron de jefes en el noroeste, por donde todos saben que entra la droga, Garcia Mera fue hasta jefe de Salta, uno se fue y vino el otro para continuar con lo que tenían  armado, y ahora están juntos, que casualidad".

Otra de las fuentes oficiales consultadas por Tribuna de periodistas, nos aseguró que el nombrado Carlos Alberto Pardal fue comisario Inspector en Jujuy y actualmente tiene comunicación fluída con Aníbal Fernández. "Los policías de Salta que ahora están detenidos fueron puestos por ellos, el de apellido Ferreyra (Daniel Dionisio), que llevaba la droga, era mano derecha de Pardal. Por eso es que dice el juez que hacían de 'mulas' para sus superiores. Es verdad, está en lo cierto", agregó el informante.

Aníbal, el caníbal

Aníbal Fernández, hoy Ministro del Interior, es contador y en diciembre de 1991 llegó a la municipalidad de Quilmes con promesas de alto vuelo: "La justicia estará omnipresente en cada acción de gobierno. (..) Vamos a poner las bases   de un municipio austero y eficaz, que sirva de marco para un distrito dedicado a la producción y el trabajo. (..) Y se detectará a toda persona que haga negocios con los dineros públicos". 

Cuatro años después se retiró por la puerta de atrás del edificio municipal. Lo dejó con una deuda de 11 millones de dólares, un déficit de 1.400.000, un incremento en los tributos del 40 por ciento, y apenas 200 mil dólares en la cuenta bancaria, según el balance que hizo su sucesor. 

Aníbal también cargó con una deuda moral: "No puedo demostrar a la gente que las denuncias judiciales son falsas", reconoció públicamente luego de ver frustrado su sueño de un nuevo período en laintendencia.

Nunca se sabrá si los fueros que le otorgó su banca fueron la razón de su libertad ambulatoria. Pero esas denuncias que no pudo desmentir lo pusieron en fuga de la Justicia. 

Según cuenta Daniel Otero en su excelente libro El entorno, "Aníbal llegó a la municipalidad de Quilmes de la mano de Angel Abasto. Y Abasto llegó a su banca de diputado nacional de la mano del gobernador (Eduardo Duhalde). Ambos recibieron los beneficios de los fueros cuando su conducta los puso en la mira de la Justicia.

(...) Abasto como máximo referente local de la Liga Federal y Fernández como intendente convirtieron a Quilmes en un infierno de denuncias. Hubo escenas del más puro grotesco:  

En octubre de 1994 la bonaerense allanó 'Estadio Chico'. El local fue en sus días de gloria uno de los escenarios que tuvo el rock nacional en el sur del conurbano. En los noventa cayó en la agonía. Hubo un pase de manos. Y hubo también un cambió de rubro. 

En el procedimiento, la ley secuestró medio kilo de cocaína de mediana pureza, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La mercadería estaba ordenada en pequeñas bolsas plásticas. Tenían una etiqueta que indicaba el destinatario: bares y colegios secundarios de la zona.  

Lo incautado -estimaron los investigadores- fue nada más que 'la diaria'. La sustancia y la balanza fueron encontradas entre miles de boletas -de la reforma constitucional de la provincia-, por el Si, sobrantes de la consulta popular que se había realizado el 2 de octubre de ese año. 'Estadio Chico' llevaba tres años como local de la LigaFederal. 

Una apretada síntesis de los escándalos que estallaron durante la gestión de Fernández daría el siguiente resultado: alquiló por 36 meses las instalaciones de una vieja clinica para destinarlas a los Tribunales a un precio similar al de su compra -$ 792.000-; impulsó y obtuvo el nombramiento como juez del último intendente de Quilmes durante la dictadura militar; contrató los servicios de una empresa que entregaba comida con materia fecal a losempleados del área de salud del municipio. Cuando se descubrió el condimento de las viandas no suspendió el contrato; pagó 720 mil dólares anuales en la telefonía celular del municipio, el doble de lo destinado a Acción Social y la mitad de presupuesto de Salud; a uno de los directores técnicos del club Quilmes, incluso, le cedió un Movicóm de la intendencia; citó a cien mil contribuyentes -entre ellos jubilados, exentos, entidades de bien público e incluso vecinos con las cuentas al día-, para que demuestren que no mantenían deudas con la comuna; privatizó de modo ilegal la cobranza de deudas municipales. Los estudios beneficiados iniciaron 12 mil juicios de apremio y en muchos casos los honorarios superaban la deuda. Etcétera. 

De ese raíd -cuando un funcionario judicial tocó a su puerta- Aníbal pasó a la clandestinidad. Pidió 'garantías' desde su quinta en Florencio Varela, donde pasó el breve exilio interno. Y se entregó a la Justicia: 

'Vengo para dar la cara', aseguró en su reaparición pública. 'No estoy arrepentido porque lo que llevamos adelante fue una propuesta honesta de trabajo. Puede haber habido algún error administrativo, como sucede en las mejores familias'.  

Las garantías solicitadas tuvieron formato de banca legislativa. Para incluirlo en la lista de candidatos en las elecciones de 1995 el gobernador debió rediseñar la ingeniería de repartos. Se bajó a la candidata femenina -casualmente era la secretaria de Abasto- que ocupaba el quinto puesto, y se la incluyó en la lista de diputados provinciales. 

Tras las elecciones, el primer uso que hizo Aníbal de sus fueros como senador electo, fue negarse a declarar ante el juez Ariel Gonzáles Elicabe, en el proceso que se le inició por transferir sin licitación la Dirección de Servicios Sanitarios a Aguas Argentinas (....) Fernández encontró cobijo parlamentario e, incluso, escaló luego hasta una subsecretaría de Gabinete. El secreto estuvo en la reserva. Y en la lealtad".

Los aprietes a la prensa

Fernández es un asiduo lector de medios de comunicación y, quienes lo conocen, aseguran que vive obsesionado por las críticas que estos hacen sobre su gestión. Muchas veces, cuando algún hombre de prensa lo acusa periodísticamente de un delito determinado, el ministro no duda en insultarlo y, en ciertos casos puntuales, lo denuncia ante la justicia por calumnias o injurias, sin tener en cuenta la posible contundencia de las pruebas que pueda haber contra él.

Por caso, hace pocos días Fernández querelló por el presunto delito de "injurias" a Juan Manuel Lugones, Editor Propietario desde 1994 de la revista Reporter, integrante de la Red de Medios de la Ciudad de Buenos Aires, quien denunció que "barras bravas" vinculados con equipos de fútbol trabajan en el Registro Nacional de las Personas. Dicho señalamiento fue potenciado por la existencia de presiones a la prensa a fin que no se publique la información sobre los presuntos "barrabravas del Estado".

Según cuenta el propio damnificado, en un comunicado llegado a la casilla de quien escribe estas líneas, "Fernández presentó la querella contra el abogado, quien en un reportaje con la radio La Red denunció la supuesta presencia de los aficionados violentos en el ámbito de la cartera política. Aníbal Fernández, a través de su abogado, Carlos Frasquet,denunció a Lugones ante el juzgado en lo correccional número cinco, a cargo de la magistrada subrogante Patricia Guichandut. En la denuncia el ministro consignó que 'no se puede dejar impune el ataque artero y metódico de personas que sin temor alguno a ser castigadas, dicen lo que les place y viene en ganas, cuando quieren y donde quieren y jamás reciben su correspondiente retribución punitiva. Dedico mi vida a la función pública, a servir a la gente, a buscar soluciones para los problemas, a promover el desarrollo social y económico, desde el lugar en el que el Sr. Presidente de la Nación me ha designado, depositando también su confianza', abundó Fernández. Por su carácter de ministro, Fernández añadió que la 'lesión subjetiva' que sufre 'no es la misma que podría sufrir un hombre ajeno' a ese rol político. 'El trato injurioso que me dispensa el imputado provoca en mi persona una seria lesión en el bien jurídicamente tutelado: el honor... la situación política e institucional de la República merece hoy más que nunca un equilibrado trato entre las personas', concluyó. Tras negar enfáticamente la existencia de aficionados violentos en el ámbito de su ministerio, Fernández pidió que se condena a Lugones 'al máximo de la pena prevista en el Código Penal, un año de prisión'. Además, el ministro anunció que podría 'iniciar acción resarcitoria por los daños y perjuicios provocados por el querellado'.

Lugones, victima de la ira de Fernández, fue delegado de la Junta Interna de delegados de ATE del Ministerio del Interior, es abogado, especialista en el tema de la Violencia en el Futbol y Editor Propietario de la revista Reporter."

Concluyendo

Mientras desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se acumulan diferentes pedidos de interpelación contra Aníbal Fernández -quieren preguntarle si existe una red de narcotráfico que cuenta con cobertura de la policía a su cargo-, el oscuro ministro continúa apretando a los pocos medios independientes que se atreven a investigar, no sólo sus oscuros vínculos con grupos mafiosos, sino a aquellos que tratan de echar luz sobre cuestiones delictivas en las que aparece involucrado el propio Presidente de la Nación, Néstor Kirchner.

Christian Sanz 

(1) Juan Carlos Carnero, DNI Nº 11.184.623. Se domicilia en la calle F. Drumond Nº 1152, de Almirante Brown, Tel. 4293-7741.

(2) Uno de los que comanda desde la SIDE el hackeo a sitios de Internet críticos a la gestión del gobierno de Kirchner, es Alejandro Campillay, sumariado en su momento por tema de drogas.

(3) Ver artículo "Drogas en el conurbano": https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=683