Aníbal Domingo Fernández es un hombre con suerte, siempre lo ha sido. Desde su sinuoso paso por la intendencia de Quilmes en los años 90 —en los días en los que era un soldado menemista— hasta su llegada al poder K, el hoy secretario General de la Presidencia supo cómo esquivar los escándalos más relevantes que lo han tenido como personaje central.

Ya en octubre del año 94 quedó en el foco de la tormenta por encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado:  fue en el marco de un procedimiento policial en el emblemático Estadio Chico de Quilmes donde se encontró medio kilo de cocaína de mediana pureza, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La mercadería estaba ordenada en pequeñas bolsas plásticas y tenían una etiqueta que indicaba el destinatario: bares y colegios secundarios de la zona.

La droga y la balanza fueron encontradas entre miles de boletas de la reforma constitucional de la provincia por el Sí, sobrantes de la consulta popular que se había realizado el 2 de octubre de ese año. Estadio Chico llevaba tres años como local de la Liga Federal que comandaba el mismísimo Fernández.

Diez años después, en 2004, un nuevo escándalo rozaría al entonces Ministro del Interior. Fue el 16 de septiembre de ese mismo año, cuando se descubrieron sesenta kilos de cocaína escondidos en cuatro valijas de la empresa Southern Winds que partieron del aeropuerto de Ezeiza hacia España.

Desde un primer momento, el kirchnerismo mostró gran temor por las repercusiones que podría generar el incidente. Y allí aparece una prueba fundamental que ilustra esta nota: el contacto que mantuvo un funcionario cercano a Aníbal Fernández con las autoridades españolas a efectos de interiorizarse sobre el recién iniciado expediente.

Insólitamente, el hecho ocurrió el mismo día en que el Departamento de Aduanas español abrió las polémicas valijas, cuando una persona llamada José Juan Díaz Fraga, que se identificó como comisario de la Policía Federal Argentina, llamó desde Buenos Aires para interiorizarse sobre los estupefacientes incautados. Esa comunicación telefónica llamó la atención de las autoridades aduaneras españolas, porque muy pocas personas sabían del secuestro de la droga.

Un dato más que interesante: según consta en la causa judicial, Díaz Fraga dijo trabajar como agregado del Ministerio del Interior en la embajada española en Buenos Aires: como se dijo, una cartera a cargo de Fernández.

Para reforzar las sospechas sobre el actual jefe de Gabinete, es dable señalar que este sólo se animó a denunciar el envío de las valijas —hecho del cual tenía conocimiento no bien sucedió—después de que el escándalo trascendió a los medios de información.

Pero hay un dato aún más elocuente: Andrés Machado, ex chofer de Néstor Kirchner, viajó a España en los días en los que se traficaban drogas a España con mandato de Christian Maggio. En esos días era empleado de seguridad de SW, al tiempo que manejaba el auto del ex Presidente de la Nación.

A partir de ese momento, la Justicia sufrió presiones de todo tipo y el expediente se cerró sobre media docena de “perejiles” que poco y nada tuvieron que ver con lo ocurrido.

El triplete del triple crimen

En agosto de 2008 llegaría el tercer hecho que comprometería a Fernández en el tráfico de estupefacientes: el triple crimen de General Rodríguez, donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Ese hecho dejó al desnudo por primera vez cómo el narcotráfico se mezclaba con la política a través de puntuales aportes de campaña al Frente para la Victoria. En sentido similar, quedó a la vista la vinculación de funcionarios oficiales con traficantes mexicanos y sicarios argentinos.

A lo largo de la sustanciación del juicio oral que indagó en el triple homicidio, esa realidad quedó a la vista y mostró nuevamente la mano del ex Senador Fernández en el negocio del contrabando de efedrina.

El funcionario no solo quedó expuesto a través de puntuales testimonios judiciales, sino también por sus vínculos con los acusados de asesinar a los tres jóvenes empresarios. Uno de ellos, Martín Lanatta, supo ser la mano derecha de Fernández durante los últimos 12 años, incluso cuando este supo ser funcionario del duhaldismo.

Esos datos impulsaron a que la Justicia Federal se interesara en continuar investigando el expediente del triple crimen, solo que esta vez poniendo el foco en la pata política del mismo.

Las sospechas sobre el ex jefe de Gabinete son demasiado elocuentes y fueron refrendadas en las últimas horas por dos ex socias políticas: Graciela Ocaña y Elisa Carrió. Ambas sostienen que el personaje “Morsa” que aparece en la voluminosa causa judicial que culminó en diciembre pasado y que ofrecía protección judicial a los narcos, es el mismísimo Fernández.

En las próximas semanas, dará inicio el nuevo mamotreto jurídico. Allí se terminarán de desnudar los puntos sueltos que comenzaron a exponerse luego del juicio por el triple crimen.

Ello incita a una inevitable pregunta: ¿Por qué el kirchnerismo sigue protegiendo a Fernández? ¿Por qué Cristina lo premia con un cargo al frente de la poderosa Secretaría General de la Presidencia de la Nación?

Misterios insondables que solo reposan en la cabeza de la presidenta de la Nación, tan locuaz para ciertas cuestiones y demasiado reservada para tantas otras.