Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Guillermo Dietrich es un hombre mediático, simpático, incluso algo pragmático. Supo acompañar a Mauricio Macri como subsecretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015, no sin controversias de por medio.
Para el hoy presidente, pareciera que su gestión fue exitosa, y por ello es presumible creer que lo nombró ministro de la misma cartera a nivel nacional el pasado 10 de diciembre de 2015.
Sabrá Macri por qué lo hizo, ya que hay severas acusaciones que pesan contra Dietrich, una de ellas es una contundente denuncia por “negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Ello, al haber contratado, desde la cartera a su cargo en la Ciudad, a una consultora que tiene como socio a Francisco Ortega, que integra el Consejo de Administración del grupo macrista G25, del que supo formar parte el propio Dietrich.
La consultora de Ortega, McKinsey, recibió por contratación directa un contrato para mejorar los semáforos por 9.9 millones de pesos. Quien dude de la elocuencia de la denuncia solo debe consultar el expediente de marras, a cargo del juez de instrucción Omar Peralta.
No se trata del único señalamiento: en noviembre de 2014, el mismo funcionario fue denunciado junto con Horacio Rodríguez Larreta por “graves irregularidades” por los costos de la obra del Metrobús Norte que une Buenos Aires con el partido bonaerense de Vicente López.
En ese expediente, se puntualizó acerca de la falta autorización de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para el uso de fondos públicos porteños, como así también la falta de un estudio de impacto ambiental.
Pero hay más: a Dietrich se lo acusó oportunamente de haber beneficiado al periodista Luis Majul por servicios supuestamente inexistentes cobrados a la Subsecretaría de Transporte, que él manejaba.
En tal sentido, hay nueve facturas que comprometen al periodista: su productora, La Cornisa, realizó durante 2013 tareas de reparto de volantes para esa subsecretaría por un total de 932 mil pesos.
Lo curioso es que, según consta en la página web de La Cornisa, el reparto de volantes en la vía pública no figura como parte de sus actividades.
Mucho más podría contarse, como el escándalo que envolvió a Dietrich a principios de marzo de este año, cuando usó el helicóptero presidencial para ir a su country.
Sin embargo, la cuestión pasa por otro lado: ¿Cómo es que el gobierno sostiene a un funcionario con esos antecedentes? ¿Cómo explicar tal decisión?
Desde esta misma columna, se ha radiografiado en las últimas semanas a otros ministros de Macri que también cuentan con duros señalamientos en su contra, como Miguel de Godoy y Néstor Grindetti. No son los únicos, como puede verse.
De hecho, apenas asumido el gobierno de Macri este diario reveló el pasado desconocido de los principales ministros y secretarios del presidente de la Nación. No como una crítica destructiva, sino como algo constructivo, una suerte de aporte al naciente gobierno, que prometía que no toleraría la eventual corrupción de sus funcionarios. ¿En qué quedaron esas palabras?
Está muy bien que sean juzgados —y eventualmente presos— aquellos funcionarios que saquearon las arcas públicas durante el kirchnerismo, pero ello no excluye la obligación periodística de poner la lupa sobre el poder de turno.
Como dijo alguna vez el editor del New York Times, Bill Kovach, “el periodismo es la primera versión de la historia”.
