Mientras todos hablan sin cesar del escándalo Odebrecht —lo cual está muy bien, porque lo amerita— la cuestionada firma Dienst Consulting sigue sumando negocios con el Estado, aún cuando sus prácticas están bajo cuestionamiento.

Quienes controlan la empresa son Gustavo Elías, Guillermo Martín, Hugo Moyano y Daniel Llermanos. Todo un equipo de pesos pesados.

Como viene publicando Tribuna de Periodistas —junto a otros medios, para ser justos— la empresa se encuentra complicada por la utilización de facturas truchas y el descontrol de las licencias a los educadores.

Por si fuera poco, le fue extendido el convenio en la Dirección de Escuelas de Buenos Aires y se quedó con la emisión de certificados psicofísicos para usar armas y le adjudicaron un opulento contrato en la Policía porteña

“Lo que hay con esas licencias (de docentes de las escuelas públicas) es un abuso porque si uno mira el ausentismo de los policías, si uno mira (sic) el ausentismo de los enfermeros, si uno mira (sic) el ausentismo de los mismos docentes dentro de la escuela privada, son niveles más bajos. Hay un abuso objetivo de esas licencias”, dijo la gobernadora María Eugenia Vidal el pasado 29 de marzo, en momentos en que desde el Ejecutivo provincial se informaba el pago a educadores de premios por presentismo.

Como bien puntualiza diario Hoy de La Plata, al analizar las causas del ausentismo docente, “aparece que el contralor de las licencias en la Dirección General de Cultura y Educación está a cargo, desde el año 2009, de una empresa llamada Dienst Consulting SA. Se trata de una compañía que entró por la ventana a la administración pública mediante una contratación directa, sin llamado a licitación. Esa resolución fue objetada en aquel entonces por el gremio Soeme, cuyos representantes letrados llevaron el reclamo a la Justicia en lo Contencioso Administrativo”.

De más está decir que se trata de un negocio por demás suculento: actualmente la Provincia de Buenos Aires destina 150 millones de pesos por año a esta compañía para que realice una tarea que debería estar a cargo del Estado bonaerense, tal como lo establece la normativa vigente.

“Hay números que hablan por sí solos: tras ocho años de gestión tercerizada, el propio gobierno alerta que los niveles de ausentismo en territorio bonaerense se ubican en torno al 17%, un índice inédito que supera ampliamente la media del país”, según Hoy.

Según el mismo diario, el actual titular de la Dirección de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, tuvo la oportunidad de ponerle fin al vínculo con Dienst Consulting, heredado de la anterior gestión. Pero optó por otro camino. Le extendió el contrato por un año y a cambio le exigió una serie de mejoras como el reemplazo de algunos profesionales, la puesta en funcionamiento de más consultorios y la creación de un nuevo Centro de Juntas Médicas en San Justo. Se prevé que recién a fines de 2017 se convoque a una nueva licitación.

La inconsistencia mayor se registra cuando se compara la voluntad política que viene manifestando la gobernadora para transparentar el régimen de licencias con algunas acciones que realiza el macrismo a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 4 de abril, la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Renar), Natalia Gambaro, le adjudicó a Dienst el contrato para la prestación “del servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credencial de legítimo usuario de armas de fuego”.

“A partir de esta contratación, cada trámite pasó de tener un costo de entre $600 y $800 a $4.500 en un país como la Argentina, que tiene un total de 2 millones de armas declaradas. Así, los certificados de aptitud psicofísica, que tienen una duración de 5 años, podrían convertirse en una caja política millonaria”, de acuerdo a Hoy.

Y, a su vez, se configura un servicio monopólico que quedó en manos de Dienst Consulting, poniendo fin a un esquema que permitía a profesionales de todo el país, debidamente habilitados, emitir la certificación psicofísica. Además, ahora la prestación del ex-Renar quedó circunscrita a determinadas ciudades del país, constituyendo un serio riesgo, ya que ante la imposibilidad de hacer adecuados controles podría incrementarse el uso de armas ilegales.

Finalmente, un último dato: sugestivamente, Dienst pasó su domicilio fiscal a Banfield, agencia donde tienen relación con algunos funcionarios corruptos de la AFIP de Región Centro.

A su vez, el domicilio legal fue trasladado a Bahía Blanca, donde opera la empresa Laneko que es proveedora de ellos mismos en temas de medicina laboral.