La semana pasada decidí escribir una nota explicando quiénes y por qué espían a Elisa Carrió. Lo hice porque en los medios de comunicación reinaba una gran confusión y las redes sociales acusaban indistintamente a kirchneristas y macristas de hacer el espionaje en cuestión.
Entonces, me sentí con la responsabilidad de echar luz a un tema que pocos conocían y que involucra a referentes de ambos gobiernos.
Allí, expliqué por qué Lilita estaba bajo la lupa de la exSIDE: “(Carrió) estaría tras los pasos de una organización vinculada al tráfico de drogas, principalmente efedrina, donde participarían excapitostes del espionaje vernáculo junto al narco Ibar Pérez Corradi y dos pesos pesados: el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y del otrora jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”.
A su vez, añadí: “Todo centrado en el Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas —que comanda el cuñado de Ritondo— y una firma llamada C3, a cargo del siempre sospechado Leonardo Scatturice”.
Luego de publicado el artículo de marras, la líder de Coalición Cívica decidió tuitear —a pedido del gobierno, valga la aclaración— que en realidad no había sido espiada e incluso aseguró que Arribas le presentó "un informe satisfactorio" al respecto. Fue algo escueto, forzado.
De hecho, este jueves, en una entrevista que le hizo diario Clarín, Carrió insistió en que sí es perseguida: “Que quede claro: acá me espían, me vigilan, escuchan mis conversaciones y hacen informes sobre la gente que se reúne conmigo”, sostuvo.
Acto seguido, refrendó mi investigación: “Allá (en Paraguay) tuve varias reuniones muy serias con fiscales anticorrupción y otras autoridades, en busca de información muy seria sobre el tráfico de drogas en la Hidrovía del Paraná y las vinculaciones de Aníbal Fernández, el ‘Caballo’ Suárez y hasta aviones de Lázaro Báez”, sostuvo.
También mencionó a los otros personajes referidos por mí en mi nota: “Majdalani se tiene que ir. Ella controla lo que se hace en la AFI, y la usa para hacer espionaje político y operaciones. Y en esas cosas trabaja también con Cristian Ritondo, que es asesorado por Granados (el intendente de Ezeiza, ex ministro de Seguridad de Scioli), Matzkin (ex jefe de la Bonaerense) y una agencia de inteligencia que se llama C3 y que maneja un señor Leonardo Scatturice”.
En el mismo orden de cosas, Lilita reveló un episodio luctuoso, que involucra a la misma gente: “El día en que allanaron la casa de la ex esposa de Ibar Pérez Corradi para enviarle un mensaje mafioso a él, que estaba prófugo, Majdalani y Ritondo seguían el procedimiento personalmente en una sede policial. Ese operativo fue cuestionado por la justicia, fue un apriete”.
Como puede verse, hay funcionarios del actual y anterior gobierno detrás de la trama, algo que no debería influir en el periodismo a la hora de informar con honestidad. Ello no ocurre en la Argentina de la grieta.
Quizás habría que prestar atención a los oportunos dichos de la colega española Julia Navarro: “Tengo un defecto gravísimo para el ejercicio de mi profesión. Creo que el periodismo es un servicio público donde debe primar la verdad y no los intereses de los políticos, de los empresarios, de los banqueros, de los sindicatos o del que me paga”.