El 6 de octubre de 2000, el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su cargo en medio de irrefrenables denuncias de corrupción. Habló de pérdida de confianza y embistió contra los jueces federales.

No obstante, aclaró: “Voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza y a nuestro gobierno”.

Las palabras del entonces el segundo de Fernando de la Rúa se parecen en demasía a las que viene pronunciando Elisa Carrió en los últimos días.

Y no es una referencia casual ni malintencionada: la propia Lilita advirtió hoy en una entrevista concedida a diario La Nación que ella no haría lo que hizo Chacho Álvarez. Lo curioso es que nadie se lo había preguntado.

Trascendió su frase más fuerte —"Perdí la confianza en el presidente Mauricio Macri"— pero casi no hubo profundidad en lo que se escondía detrás de esa oración. ¿Por qué la principal espada de Cambiemos decidió patear el tablero? ¿Qué pudo haberla molestado tanto?

Contra todo lo que se cree, las fricciones empezaron mucho antes de que Gustavo Garavano advirtiera que no era bueno que un expresidente de la Nación terminara tras las rejas.

Fue al enfrentarse con Mario Cimadevilla, en el marco de la acusación a los exfiscales Mullen y Barbaccia por encubrir el atentado a la AMIA. Fue una pulseada que terminó ganando el ministro de Justicia y que enfureció a Carrió.

Los motivos detrás de la peligrosa impunidad concedida a ambos exfiscales remite a las presiones de EEUU e Israel, los mismos que han pergeñado el invento de la pista iraní detrás de la explosión a la mutual israelí. ¿Cómo se iba a condenar a los mismos que ayudaron a imponer una historia tan burda?

Luego de tan eficaz trabajo, que le costó a Garavano el escarnio público, llegó el turno de avanzar en otras tareas, a pedido del tándem Mauricio Macri-Marco Peña.

La primera de ellas, lograr la impunidad de Carlos Menem por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El gestor fue el propio ministro de Justicia a través de su operador favorito, Manuel Ignacio Izura, hombre oscuro, de fluidos contactos con sectores de inteligencia de la Armada y de la Policía Metropolitana.

Es el mismo que en estas horas intenta frenar los intentos de Claudio Bonadio de meter presa a Cristina Kirchner. Dicen los que saben que a Macri no le conviene que la expresidenta esté detenida porque, de ocurrir, el PJ lograría unificarse contra él, echando por tierra sus sueños reeleccionistas. Es cierta la versión, pero hay otras razones, aún más objetables.

"Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el Presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie", manifestó Carrió durante la entrevista con La Nación, con evidente molestia.

¿Por qué la líder de Coalición Cívica mencionó al radicalismo entre los sospechados? ¿Acaso hay sectores de ese partido que están negociando algo en favor de alguien en particular? Ciertamente, la mención de Macri, el PJ y la UCR en la misma oración da escalofríos, sobre todo cuando se habla de “impunidad”.

El nuevo vendaval se desató luego de que fueran eyectados de la AFIP tres funcionarios que estaban identificados con la propia Carrió: Horacio Castagnola, quien estaba a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI); Carlos Bo, asesor de este; y Jaime Mecikovsky, subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior.

Para Lilita tal decisión, el hecho de sacarlos del organismo de marras, "equivale a aliarse con (Ricardo) Echegaray y su gente".

Su referencia no fue inocente: Mecikovsky, adepto a filtrar información a puntuales periodistas, fue el que permitió que se descubriera cómo la AFIP en los años de Néstor y Cristina sirvió para encubrir a Lázaro Báez y otros testaferros K que amasaron dinero mal habido en favor del matrimonio.

En esos días, quien comandaba la entidad era Echegaray, quien junto a su segundo Rubén Ángel Toninelli, se cansaron de entregar información falsa a la justicia, para desviar todas las investigaciones que pudieran complicar al kirchnerato. El juez Javier López Biscayart, quien investigó a Báez, puede dar fe de ello.

La suerte del trío Castagnola, Bo y Mecikovsky se terminó de sellar luego de que el primero de ellos le hiciera llegar al juez Claudio Bonadio un informe sobre movimientos sospechosos de una cuenta bancaria controlada por Iecsa, perteneciente al primo hermano de Macri, Ángelo Calcaterra.

A ello deben sumarse las sospechas de Macri respecto de que habría sido Mecikovsky el que filtró los datos del blanqueo de capitales publicado oportunamente por Página/12 y que puso en jaque a varios de sus funcionarios y familiares.

Como sea, la pelea entre el presidente y la principal artífice de Cambiemos promete seguir escalando. La propia Carrió ha sido terminante al respecto: "Es la línea Angelici o yo: elige o cae", sostuvo, sin posibilidad de dobles interpretaciones. El kirchnerismo y el moyanismo se frotan las manos.

Entretanto, la propia AFIP decidió emitir un lavado comunicado de prensa en el cual advierte que "estas modificaciones no obedecen a ningún condicionamiento político, no frenan ninguna investigación en marcha ni tampoco la activa y permanente colaboración de la AFIP con las diversas causas que lleva adelante la Justicia Federal".

Es curioso, porque en ningún lugar mencionan a los funcionarios expulsados. No hay remate.