Ahora mismo, lo más complicado para el gobierno no será explicar las motivaciones detrás de la recién presentada reforma judicial —tarea titánica si las hay—, sino más bien “acomodar” sus propias contradicciones.

Porque, ¿cómo puede pedir Alberto Fernández que la Corte se amplíe cuando en 2016 advirtió que ese mismo cuerpo debía tener 5 miembros y que el resto era “una fantasía", como publicó Tribuna de Periodistas hoy mismo?

Lo mismo cabe para Cristina Kirchner, quien en noviembre de 2006 supo militar en pos de la reducción de la cantidad de jueces de la Corte e incluso criticó la idea de dividir “en salas” el supremo tribunal de Justicia.

"La percepción de la sociedad en cuanto a que la Justicia no funciona no tiene que ver con que haya nueve, siete, cinco, cuatro, tres o dos miembros en la Corte", puntualizó entonces la hoy vicepresidenta. Y no se equivocaba.

Como sea, ello denota la verdadera naturaleza detrás del interés de reformar la Justicia por parte del gobierno. No es para mejorar ese poder, sino más bien para controlarlo.

Está claro que, si hubiera interés real en hacer un cambio en lo que al tópico jurídico respecta, la reforma se hubiera impulsado mucho antes. O se hubiera buscado separar a los jueces corruptos, aquellos a los que, en cambio,se privilegió proteger, como Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral.

Pero no, desde 2003 los K fueron funcionales al sistema judicial perverso que pergeñó el menemismo y que los sucesivos gobiernos utilizaron en su propio provecho.

Un sistema donde los jueces se manejan a través de “padrinazgos”, con fallos cuyos precios aparecen en puntuales “tarifarios”. Todos cobrando sobresueldos de la Agencia Federal de Inteligencia, con fortunas imposibles de justificar.

Lo único que hizo el kirchnerismo apenas llegado al poder —allá lejos y hace tiempo— fue copar y corromper el Consejo de la Magistratura, convirtiéndolo en un apéndice del Poder Ejecutivo.

El caso del juez Federico Faggionato Márquez, que encubrió a Aníbal Fernández en el expediente que investigaba la “ruta de la efedrina”, es el caso más emblemático. Pero hubo muchos otros.

Dicho sea de paso, en esos días reputados organismos independientes relacionados al mundo jurídico se deshacían en ruegos para que el Ejecutivo dejara de meter sus narices en su terruño y dejara a los magistrados trabajar de manera independiente. Entonces, los K miraban para otro lado.

Porque, se insiste, lo que busca el gobierno es venganza e impunidad, no justicia. Este cronista lo contó en detalle el 13 de mayo pasado, cuando nadie aún se percataba de lo que venía.

Es una trama que arrancó el martes 5 de ese mismo mes, en el contexto de una caminata que unió los destinos de Cristina y Alberto por los jardines de la Quinta de Olivos.

Allí mismo, la vicepresidenta le pidió al hoy mandatario que avanzara contra la Justicia Federal y la Corte, no casualmente sus dos principales obstáculos a la hora de tratar de desligarse de las causas judiciales que la aquejan.

Porque, hay algo que ya debería quedar claro a esta altura: si los problemas de Cristina se dieran en el marco de un expediente Civil, la reforma que se anunció esta tarde habría sido en ese fuero.

No obstante, las preguntas pasan por otro lado. Por caso, ¿cómo puede garantizar una mejor justicia que haya más jueces? ¿No es más adecuado mejorar el sistema de selección de magistrados si se busca lograr una mejor calidad y eficacia, más que centrarse en la cantidad?

El caso de Luis Rodríguez es el más claro a ese respecto: se demostró que en el examen que rindió ante el Consejo de la Magistratura se copió. Así y todo, el kirchnerismo decidió que era apto para el cargo. No hay remate.

Luego, respecto de la cantidad de miembros de la Corte, ya es una discusión vetusta y anacrónica. Viene desde los tiempos del brutal menemato y aún antes. De tan absurda, ni siquera merece mencionarse.

Por eso, las palabras de Alberto al presentar su tan mentada reforma, suenan a pura hipocresía.

Sin ponerse colorado, el presidente dijo: "La defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma y que el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión".

¿Es un chiste? ¿Es que no recuerda Alberto las palabras del mismísimo contador de Cristina, Víctor Manzanares, quien reveló de manera más que gráfica las presiones que le endilgó la vicepresidenta a Oyarbide para “zafarla” junto a su marido en una causa por enriquecimiento en 2009?

“Proponemos consolidar una Justicia independiente. Proponemos organizar mejor la Justicia Federal", insistió el jefe de Estado.

El mismo referente —Alberto— que durante la campaña presidencial, en mayo de 2019, dijo que iba a “revisar” el accionar de jueces como Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Solo por haberse atrevido a investigar a su compañera de fórmula, por delitos que cuentan con elementos probatorios más que contundentes.

Acaso lo único certero que dijo hoy Alberto fue aquella frase hecha que jamás ha respetado el kirchnerismo: "Sin Justicia independiente no hay República".

Y, como se dijo, lo hizo sin siquiera ponerse colorado.

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