En estas horas, una comitiva de funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se encuentra en Rusia.
Su misión es la de aprobar “de emergencia” la vacuna rusa contra el coronavirus. La ya célebre Sputnik V. La misma que el propio Vladimir Putin reveló que no está aconsejada para personas mayores de 60 años.
Si el sincericidio de marras es inquietante, más debería serlo el hecho de que una de las “científicas” del ANMAT que deberá rubricar la efectividad de la vacuna no tiene ninguna experiencia al respecto.
Se trata de Graciela Liliana Testa, quien jamás en su vida pisó una planta de vacunas. Solo hace inspecciones en laboratorios de medicamentos.
Más aún: según pudo confirmar Tribuna de Periodistas, es la responsable de evaluar “gases medicinales” en las empresas que visita.
“Nada que ver con vacunas, no trabaja ni trabajó nunca en ese sector. Pero, eso sí, tiene la firma fácil y es afín a las autoridades”, dijo a este portal una fuente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Y dejó un dato curioso: “Es conocida en toda la industria farmacéutica. Todos la conocemos”.
Dicho sea de paso, ¿viajará la delegación argentina a la India para hacer este mismo trabajo de verificación de eficacia de la vacuna?
La pregunta no es ociosa: la próxima partida de la Sputnik V —cerca de 100 millones de dosis— se producirá en un laboratorio de ese país.
Sin mencionar otro hecho, ya revelado por quien escribe estas líneas: el posible pedido de “retorno” del gobierno argentino al laboratorio Pfizer.
Ni más ni menos que el regreso de la “mafia de los medicamentos”. Ahora, a efectos de recaudar dinero de cara a las Legislativas de 2021.
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