Observar a Mauricio Macri asegurar que no sabía nada acerca de la estructura de espionaje que comandaba el comisario Jorge Fino Palacios, ex titular de la Policía Metropolitana, es casi infantil. No sólo le fue advertido por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA en reiteradas oportunidades, sino también por dos conocidos legisladores porteños.

En el mismo sentido, existen media docena de denuncias contra Palacios y su troupe por intervenciones ilegales de teléfonos: las primeras de ellas —contadas en detalle por Tribuna de Periodistas— se remontan a mediados de los años 90.

La realidad indica que Macri sí sabía acerca de la sociedad entre Palacios, Guillermo Montenegro y otros impresentables y los dejó actuar, creyendo que jamás se descubriría esa trama.

En tal contexto, el jefe de Gobierno debe purgar condena por haber permitido que ocurriera lo que ocurrió.

Sin embargo, el kirchnerismo no ha sido ajeno a la desgracia de Macri, sino todo lo contrario. Si se investigara el profuso cruce telefónico existente entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Sergio Burstein —familiar de una víctima del atentado a la AMIA—, ocurrido semanas antes de que apareciera la primera denuncia contra Ciro James, parte de la mentira oficial caería por completo.

Peor aún: no sólo se ha fogoneado esa denuncia puntual, sino que se ha presionado al juez Norberto Oyarbide a través del operador preferido del kirchnerismo, Javier Fernández, a la sazón auditor de la AGN. Por caso, las visitas del funcionario al magistrado justo antes de que procesaran a Macri, son realmente sugestivas (1).

Pero no es lo único suspicaz en torno a esta causa judicial. Aún no se comprende por qué, si para Oyarbide Macri es culpable, Montenegro no corrió la misma suerte. El ministro de Seguridad porteño es una pieza ineludible en el esquema de escuchas y eso está probado en el mismo expediente que el juez tiene en su despacho.

Tampoco se entiende cómo avanza tan raudamente esta causa judicial y nada ocurre con el aparato de espionaje que el kirchnerismo ha montado a lo largo de los años contra propios y ajenos. Comparada con esa maquinaria, las imputaciones hechas a Macri son un real juego de niños.

Pinchaduras telefónicas, intervención de cuentas de correo electrónico y seguimientos personales son sólo algunos de los condimentos que el oficialismo ha montado para lograr avanzar en algunos de sus cometidos.

Las denuncias se cuentan por docenas aunque sólo hayan trascendido las más relevantes, como las ocurridas a Enrique Olivera o Luis Juez. Pocas conversaciones con funcionarios de primer o segundo nivel pueden darse de manera natural. La frase más usual utilizada por estos en el marco de diálogos picantes es la siguiente: “creo que tengo mi teléfono pinchado”.

¿Cómo puede tolerarse semejante nivel de persecución? ¿En nombre de qué supuesto progresismo?

Está perfecto que se investigue a Macri por su posible participación en hechos de esta naturaleza, pero suena hipócrita hacer silencio frente al espionaje que el gobierno viene efectuando sobre todo aquel que representa una amenaza a sus oscuros intereses.

Christian Sanz

(1) Fernández también tuvo importantes reuniones con Eduardo Farah, uno de los camaristas que confirmó el procesamiento de Macri. Farah es cercano al kirchnerismo y fue uno de los que “ayudó” a Aníbal Fernández en su cruzada para despenalizar el consumo de drogas.