Como anticipó este cronista el 12 de mayo pasado, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue procesado y embargado como miembro de una "asociación ilícita" que interceptó teléfonos ilegalmente, en un fallo de alto contenido político firmado por el juez federal Norberto Oyarbide.

El magistrado responsabilizó a Macri por las escuchas telefónicas que tuvieron como víctimas a su cuñado, Néstor Leonardo, y a Sergio Burstein, principal referente de la Asociación Familiares Víctimas del atentado a la AMIA.

De acuerdo a lo publicado por Tribuna de periodistas a principios de abril de este año, Macri no puede desentenderse del escándalo de las escuchas. Mentiría, por caso, el Jefe de Gobierno si dijera que no conocía los antecedentes del ex comisario Jorge “Fino” Palacios a la hora de designarlo al frente de la Policía Metropolitana. Su oscuro historial le fue recordado en diversas marchas de las cuales fue víctima mientras “cocinaba” la conformación de esa fuerza.

Se trata de escándalos harto conocidos: el rol de Palacios en el marco del encubrimiento en la investigación por el atentado a la AMIA, su participación en la masacre del 19 y el 20 de diciembre del 2001 durante las protestas contra el gobierno de Fernando de la Rúa, y en su accionar central en una banda de secuestradores que fue responsable del asesinato de Axel Blumberg, en el año 2004.

Si bien Macri conocía todos esos antecedentes, decidió avanzar en el nombramiento de Palacios, con quien siempre se sintió en deuda por haber sido uno de los principales protagonistas de su liberación en el año 1991, cuando estuvo secuestrado.

Respecto al espía Ciro James, el jefe de Gobierno tampoco puede decir que desconocía su existencia, toda vez que el espía trabajó en el club Boca Juniors mientras él era presidente del club. Luego, James se convirtió en uno de los integrantes del equipo de seguridad de Macri, el cual respondía al gerente general de Socma, Sideco y Boca, Andrés Ibarra, actual Subsecretario de Educación de la Ciudad.

En ese marco, ¿cómo puede explicar el jefe de Gobierno que James tenía un contrato por un monto de 72 mil pesos anuales con el área de auditorías externas del ministerio de Educación de la Ciudad, desde diciembre del 2008?

A ello hay que agregar un dato no menor: el espía cobró de esa dependencia hasta el mes de octubre de 2009, días antes de ser detenido y cuando el escándalo por las escuchas ilegales ya había tomado estado público.

La banda elástica

El joint venture que se armó para “pinchar” teléfonos no es nada novedoso. Hay que remontarse a los años 90 para encontrar el principio de la conformación de esta banda.

En esos días, el entonces comisario ostentaba la titularidad de una organización privada dedicada a escuchas ilegales y operaciones de diversa índole, siempre al borde de la ley. Uno de los que sufrió los efectos de esas actividades fue el ex diputado nacional Eduardo Varela Cid.

“El Fino Palacios solía denominar a Paulo Starc (ex subsecretario de Investigaciones bonaerense) y al fiscal Guillermo Montenegro (ministro de Seguridad de Macri, hoy sobreseído inexplicablemente) ‘tropa propia’. Entre los tres operaron para que Yabrán pudiera sacar una ley de correos que ya tenía media sanción del Senado y que permitía el lavado de dinero. Starc y su gente atacaron despiadadamente a los diputados que nos oponíamos a este despropósito que tenía dictamen de la Comisión sin disidencia ni observaciones”, admitió Varela Cid a este diario.

Otra fuente, un ex amigo y operador de Macri, dio algunas definiciones similares. Algunas de sus afirmaciones son elocuentes:

-“Macri sabía lo que hacía Palacios, no puede hacerse el desentendido, y ojo porque el operador de toda la banda era Palacios”.

-“Starc y Montenegro eran parte del sistema”.

-“Hacían operativos juntos con Toma y Macri en los noventa”.

-“No todos los operativos eran ilegales: ellos son los que pusieron un equipo de grabación en la cancha de Boca para detectar a los barras bravas. Pero usaban ese ‘equipo’ para hacer otras cosas”.

-“Ese equipo lo ponían a servicio de operaciones ilegales, durante años”.

Más claro, echarle agua.

La pata política

Más allá de la responsabilidad que les cabe a los hombres más cercanos al jefe de Gobierno —y eventualmente a este último—, el expediente fue armado y fogoneado por el propio kirchnerismo. “Todo se armó entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y un gran amigo suyo… ¡Sergio Burstein!”, admitió a este medio una histórica fuente oficial.

A su vez, la pata judicial, ha sido manejada a través del operador “todoterreno” de Casa de Gobierno, Javier Fernández, quien dio instrucciones precisas al juez Oyarbide para que avance sobre la figura de Macri.

“Los Kirchner necesitan que se deje de hablar un poco del escándalo de Jaime (Ricardo, ex secretario de Transporte de la Nación), en momentos en los que ambos están creciendo en las encuestas (…) Por eso aparece la indagatoria a Macri”, admitió en su momento a este periódico una fuente de la Auditoría General de la Nación, donde posee su cuartel de operaciones el referido operador Fernández.

Más allá de esto, la sociedad hoy se pregunta si el procesamiento de Macri es pertinente. En otras palabras, el mero conocimiento del delito cometido, ¿convierte a Macri en culpable?

Por la evidencia que hasta ahora se acopia en la causa de Oyarbide, pareciera que no. De hecho, el único dato que supuestamente compromete de manera seria a Macri son una serie de escuchas telefónicas que le fueron efectuadas a su cuñado, Daniel Leonardo, entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2008. Según el expediente, Ciro James activó su celular en la zona de Barrio Parque después de retirar las referidas grabaciones.

El lugar es harto relevante para Oyarbide, ya que —según el propio juez— en ese lugar vivía el jefe de Gobierno, lo cual motiva a la sospecha de que James le reportara a Macri cada una de esas escuchas.

Lo que el magistrado no tiene en cuenta es que el mandatario capitalino en esos días no vivía en ese lugar, sino en Libertador y Tagle.

Concluyendo

Cuanto más se acerquen las elecciones de 2011, más operaciones de este tenor irán apareciendo. El kirchnerismo no logra mejorar en las encuestas y necesita, para avanzar de manera inversamente proporcional, destrozar la imagen de sus rivales más fuertes.

A Francisco De Narváez lo han cooptado y a Julio Cobos lo golpean diariamente. Con Macri —al igual que se hará con Eduardo Duhalde en el mediano plazo— se ha optado por la persecución judicial.

Son las miserias de la política kirchnerista, una suerte de patota que cuenta con el vergonzoso acompañamiento de un poder judicial corrupto. Una sola pregunta queda por responder antes de finiquitar la cuestión: ¿cómo es posible que Oyarbide haya sido procesado tan velozmente a Macri y aún no haya hecho lo mismo con el mega sospechado Ricardo Jaime?

Pan y circo… más que nunca.

Christian Sanz