Finalmente se solucionó el conflicto por la toma de tierras en la Ciudad de Buenos Aires y quedaron al desnudo varias cuestiones: por un lado, el doble discurso del kirchnerismo, que finalmente hizo todo lo que juró que no haría; por el otro, quedaron al descubierto los lazos del Gobierno con barrabravas de frondosos prontuarios. Como yapa, podría comentarse que Aníbal Fernández mostró, una vez más, que no sabe nada de Derecho, al haber asegurado que la “usurpación” no era un delito. Hablando de esa figura, ¿hacen falta más pruebas para notar que el jefe de Gabinete no es abogado?

La realidad indica que será muy complicado dar cumplimiento efectivo al plan de viviendas que anunció la Nación junto al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. El único elemento efectivo y real que se posee es el censo que se hizo hace unos días. Nada más.

Esto deja al desnudo otro aspecto que deja a Macri en ridículo: no existe plan de vivienda alguno en la Capital Federal, aún cuando en el marco de su campaña política el actual jefe de Gobierno prometió construir 70 mil inmuebles a lo largo de su gestión.

Mal que le pese al jefe de Gobierno, ese ha sido el germen para que los más humildes hoy protesten por falta de techo.

Pero hay algo aún más grave como se verá a continuación.

El desmadre de las Madres

Luego de comprobarse que algunos de los punteros que generaron violencia en Villa Soldati tenían oportunos contactos con Sergio Shocklender, tal vez sería momento de investigar los millonarios negocios inmobiliarios que lleva adelante la agrupación Madres de Plaza de Mayo.

Es que existen serias sospechas de corrupción en el manejo de los fondos que se utilizan para construir viviendas: sobreprecios, empresas fantasma —en tal sentido, sería conveniente que se investigara a Diego Cerboni— y trabajadores en “negro”, son solo algunos de los tópicos que se han comprobado.

Oportunamente, la delegación chaqueña de la Cámara Argentina de la Construcción cuestionó la adjudicación de obras públicas a Madres de Plaza de Mayo, al sostener que representan una "competencia desleal" que está "avalada por el poder político".

La queja que interpusieron las constructoras en su momento puso el foco en el presupuesto que el Estado destina a planes habitacionales y otros emprendimientos mediante contratos que se adjudican en forma directa, cotizándolos por encima de lo que se abona a los privados por proyectos similares.

"Las empresas estamos en total desacuerdo con este tipo de organizaciones que construyen, porque desde hace veinte o treinta años pagamos impuestos. No sé si tienen a los obreros blanqueados como los tenemos nosotros, y así se hace muy difícil competir. Y cada vez se les dan más obras para hacer, no sé con qué capacidad técnica tampoco", planteó el presidente de la CAC chaqueña, Ricardo Siri a diario Clarín.

El empresario agregó que el Gobierno nacional paga de modo muy distinto a unos y otros y dio un dato escandaloso: las viviendas que construyen las Madres le cuestan al Estado 210.000 pesos, "y por las nuestras, que son las mismas, nos pagan 81.000, o a lo sumo 100.000 si se hace alguna ampliación a la obra".

Finalmente, Siri comentó que la CAC le planteó el tema al gobernador chaqueño, Jorge Capitanich y este les respondió crudamente: "Esto viene de Buenos Aires como un paquete cerrado".

Pero el escándalo ya venía de antes: la incursión de la Fundación Madres en el rubro constructor ya había quedado expuesta a partir del conflicto que se suscitó con los piqueteros K liderados por Emerenciano Sena, al que le cedieron la ejecución de un barrio de 500 casas en Resistencia.

Cuenta Clarín: “La obra era parte del proyecto Sueños Compartidos, que dirige la fundación y se sostiene con fondos federales. Este año las Madres despidieron a más de cien obreros, alegando que no se cumplían las pautas acordadas, que los trabajadores eran explotados por Sena y que se desviaban recursos. El dirigente piquetero acusó también al apoderado nacional de las Madres, Sergio Schoklender, de haber desalojado a su gente a los tiros.

Por otro lado, Sena aseguró que los operarios ‘estaban en negro’. En defensa de la entidad que dirige Hebe de Bonafini, Armoa dijo que ‘si eso llegara a haber ocurrido, sería responsabilidad de terceros, no de la fundación’. Y explicó que las Madres rigen todas las relaciones laborales de su ámbito de competencia por los convenios respectivos.

En el caso del barrio de Resistencia, rige el convenio de la UOCRA. Este gremio informó a la Justicia que cuando quiso inspeccionar la obra ‘no le fue permitido’. Y Armoa apuntó —sin nombrarlo— contra Sena y su gente. Y agregó que en la demanda laboral iniciada por los piqueteros contra la fundación ‘hay una cantidad importante de personas que en realidad nunca pisaron siquiera la obra’.”

No son los únicos casos: en enero de 2007, en la Ciudad de Buenos Aires el ex jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, adjudicó 32 millones de pesos a la agrupación de Hebe de Bonafini en el marco de una licitación que debía arrojar en seis meses la construcción de 432 casas en el barrio Los Piletones. Más allá de la evidente sobrefacturación, la obra nunca se terminó de realizar.

Concluyendo

Cuando factores como los descriptos se entremezclan entre sí, se genera un peligroso caldo de cultivo que termina explotando en la cara de la propia sociedad.

Cuando la desidia gubernamental se suma a la alianza con personajes con prontuarios delictivos y negociados inmobiliarios en nombre de un progresismo que no es tal, el resultado inevitable es el vivido en los últimos días, aún cuando parte de lo ocurrido ha sido incitado por funcionarios de primera línea.

Villa Soldati tiene que haber servido como caso testigo de lo que no debe volver a ocurrir, ni a nivel político, ni a nivel social. El involucramiento de los gobiernos de la Nación y la Ciudad en los problemas de la gente, urge.

La hora de echarse la culpa unos a los otros, ya se terminó hace rato.

Christian Sanz