Konrad Adenauer supo decir alguna vez que en la política los correligionarios podían ser más peligrosos que los adversarios. En la realidad argentina de los últimos años, esto se ha vuelto una verdad de Perogrullo y se ha hecho carne de manera elocuente.

Baste recordar que hoy el principal adversario que tiene el Gobierno es su mismo (supuesto) aliado, Hugo Moyano, quien ostenta una permanente relación de amor-odio para con el kirchnerismo. Sería ingrato negar que el camionero suele ofrecer ciertos privilegios al oficialismo de turno, pero también es real que suele pedir mucho más de lo que otorga.

Y lo que suele reclamar no es moco de pavo: entre otras cosas, el titular de la CGT negocia en estos días la posibilidad de seguir manejando la poderosa caja de la Administración de Programas Especiales (APE), en el foco de todas las tormentas por las irregularidades allí cometidas.

Este periódico ya contó hace un año los detalles de esos negocios y destacó el creciente poder del camionero en esa dependencia. “Moyano ha sido —y aún es— el real `mandamás´ detrás de todos esos negocios (de la APE) (…) Quien maneja esa caja en la actualidad es otro abogado de Moyano: Daniel Colombo Rusell”, aseguró este diario en junio de 2010.

Y aunque hoy se ha cambiado el nombre de quien se encuentra a cargo de esa administración —el abogado Manuel Martín Alves es su novísimo titular—, no ha cambiado el hilo conductor detrás de la ruta de los negocios. Como refirió ayer diario La Nación, el reemplazante de Colombo Russell fue en realidad “una medida de la Presidenta que requirió el aval del líder de la CGT.”

Por caso, los dos laderos principales de Moyano, nunca han sido removidos de sus cargos. Se trata del abogado Abel Sergio Beroiz, hijo del ex tesorero de la Federación Nacional de Camioneros que fue asesinado en noviembre de 2007; y Christian Asorey, quien pisa fuerte en el área de seguridad informática.

Frente a este panorama, la pregunta surge inevitable: ¿El Gobierno avala que esos funcionarios se encuentren en lugares tan sensibles a la salud pública o se encuentra preso de los caprichos de Moyano?

La respuesta pareciera encontrarse en este último punto, tal cual ha refrendado la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, a este medio en el marco de la trama de la mafia de los medicamentos. “Cristina es rehén de Moyano”, dijo entonces, coincidiendo con un ex ministro —poderoso en sus días, junto a Néstor Kirchner— que admitió que el camionero “extorsiona al gobierno”.

Cuando se le pidieron precisiones, el ex funcionario recordó las presiones del titular de la CGT —de las cuales fue testigo directo— en las que impulsó la colocación de hombres de su confianza en cargos relevantes del área salud. “Hay contrataciones directas, sobreprecios y otras cuestiones ilícitas escandalosas que involucran a los moyanistas puestos por Hugo”, aseguró el otrora ministro.

El rastro es firme y deja huellas por doquier, motivo por el cual la referida Ocaña prepara una fuerte denuncia penal para presentar en los días venideros. Moyano es el principal denunciado, pero también aparecerán señalados empresarios de la salud y otros funcionarios que hasta hoy insisten en jurar que nunca hablaron siquiera por teléfono. Mal que les pese, su coartada está a punto de caer.

El teléfono descompuesto

Pocos son los funcionarios del gabinete nacional con los que habla Moyano, y solo confía en uno de ellos, Julio de Vido. Tal vez porque ambos conocen demasiados secretos entre sí, tal vez por la afinidad que muestran en cierta confluencia de negocios —lícitos, desde ya—, ha existido siempre un canal de diálogo directo entre Hugo y Julio que se maneja sin necesidad de intermediarios. Esa permanente senda comunicacional, ha permitido descomprimir todo tipo de roces a lo largo del tiempo judicial, especialmente a partir del 27 de octubre pasado, luego de la desaparición física de Néstor Kirchner.

Fuera de la figura del Ministro de Planificación Federal, el camionero no confía en nadie. De la misma manera, desde el seno del Gobierno,  nadie confía en él. No solo por sus arrebatos de “rebeldía paralizadora”, sino también por sus intermitentes contactos con referentes de la oposición. En ese contexto, la relación que más encoleriza al oficialismo es la que Moyano tiene con Eduardo Duhalde, a quien el titular de la CGT siempre ha aborrecido pero con quien terminó trabando fuerte amistad en el año 2001 en el marco de una historia de necesidad política mutua que los llevó a confluir en el mismo objetivo. Y hasta en el mismo enemigo.

Sin embargo, Cristina Kirchner —en realidad, el kirchnerismo en general— hoy necesita de Moyano, y viceversa: ambos son rehenes de la necesidad ajena. Ambos tienen planes a corto, mediano y largo plazo que necesita del acompañamiento del otro.

Una quiere poder político y el otro quiere poder real. Una sueña con su reelección y el otro con el manejo de las áreas más sensibles de la gravitación vernácula. Es cierto que Moyano también sueña con ser presidente, pero no aún. Su tiempo soñado asoma recién en 2015.

En fin, esa necesidad mutua es lo que explica lo ocurrido ayer, cuando el Gobierno debió frenar en la Cámara de Senadores un proyecto de ley para que se investigue la espuria relación entre puntuales obras sociales, poderosos sindicalistas y los fondos de la APE. La oposición definió lo ocurrido como un verdadero escándalo y el oficialismo calló por completo frente a la impotencia de no poder refutar ese calificativo.

¿Le preocupaba al Gobierno que se investigara esa caja? Para nada, pero sabe que ello conllevaría a un punto sin retorno con el titular de la CGT, algo sumamente inconveniente en un año tan sensiblemente electoral.

El agradecimiento por el gesto oficial resonó en los teléfonos de la Quinta de Olivos por parte del dirigente gremial Juan Carlos Schmid, uno de los habituales voceros del camionero. Sin embargo, junto con el mensaje, el sindicalista de dragado y balizamiento insistió en reclamar —siempre en nombre de Moyano— el cobro del millonario Fondo de Redistribución Solidario. Una vez más.

"Hay malestar y todos saben que el dinero está disponible”, dijo la semana pasada el dirigente Schmid a diario La Nación con evidente enojo. No casualmente, en la ostentosa movilización que el próximo 29 de abril hará Moyano sobre la avenida 9 de Julio —en conmemoración del día del Trabajador—, se prevé que reclame públicamente la entrega de ese dinero, el cual le había sido prometido —al menos 1.000 millones del total— el pasado 18 de marzo a cambio de dejar de lado la movilización que preparaba como insólito repudio a un desafortunado exhorto suizo.

Me das cada día más

El reclamo de Moyano no se limita solo al Fondo de Redistribución Solidario, sino también a la participación en el armado de las listas oficiales que competirán en la provincia de Buenos Aires este año. El pedido empezó como una especie de broma, luego como una sugerencia y finalmente se ha vuelto una suerte de imposición.

El gobierno mira para otro lado, no responde aún, pero sabe que más temprano que tarde deberá dar las respuestas que exige el titular de la CGT.

En realidad se trata de una paradoja irresoluble. Si se niega a darle participación, el oficialismo se juega a que Moyano pare por completo el país y genere negativas consecuencias en el humor social.

Si cede, el kirchnerismo perderá la gracia del mismo sector progresista que intenta captar en estos días con medidas impulsadas a favor de las clases más relegadas y carenciadas. Todas las encuestas han mostrado que los votantes de la izquierda, no aceptan en general a Moyano.

Por otro lado, si da cabida al camionero, el Gobierno tendrá que tolerar el consecuente enojo por parte del sector más radicalizado del Gobierno, encabezado por los jóvenes de La Cámpora. Se trata de activistas poco afectos a entender las urgencias electorales del kirchnerismo y que tienen sus miradas puestas en la dura tarea de reconstruir el puente que se habría dinamitado el 13 de julio de 1973 con la renuncia de aquel que da nombre a su agrupación.

En fin, hoy todas las encuestas muestran al frente de las preferencias políticas a Cristina Kirchner, con un porcentaje que supera el 30% de intención de voto. El Gobierno sueña con captar a su vez un 15% adicional que se encuentra en manos del progresismo que representan Ricardo Alfonsín y Pino Solanas. De esa manera, la victoria oficial podría darse en primera vuelta y no habría que temer por posibles alianzas electorales.

Si a ello se agrega una oposición disgregada y perdida, que aún no sabe adónde se dirige, el sueño no parece inalcanzable.

Solo existe un único problema, que nada tiene que ver con esos opositores electorales. Se trata del ya mencionado enemigo interno: el impredecible Hugo Moyano.

No es poco.

Christian Sanz