Puede parecer un chiste, pero no lo es: la figura de "Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual", prevista en la Ley de Medios será ocupada por una periodista del oficialista diario Tiempo Argentino. Se trata de Cynthia Ottaviano, designada por el todoterrono Agustín Rossi, quien tendrá a su cargo una gran responsabilidad vinculada al "monitoreo" oficial a la prensa.

El dato es preocupante toda vez que se trata de una función imprecisa dentro de la ley de marras. Por caso, según el inciso "a" del artículo 19, la flamante "defensora" podrá "recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente".

Allí surge la primera pregunta: ¿Qué tipo de requerimientos ciudadanos deberá resolver Ottaviano? La normativa no lo precisa, aunque sí anticipa que la defensoría tendrá "legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial". ¿Se acerca acaso una nueva era de avance contra los medios de prensa? ¿Por qué la ley no es más concreta a la hora de definir este tipo de cuestiones?

Para agregar más preocupación a la preocupación, la legislación anticipa que a la hora de presentarse la defensora a la Justicia no será necesaria ninguna "causa individual", siendo su "legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a la forma republicana de gobierno". ¿Quién evaluará que no se excedan esos límites? ¿Qué ocurrirá si alguien es considerado "infractor"?

Para entender lo que viene, basta repasar el inciso "i" del mencionado artículo, el cual habla de "representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitarse la anulación de actos generales o particulares".

Un dato importante: la movida que viene no será solamente judicial, sino también de posible "escrache" público. Al menos así lo sugiere el inciso "c" del artículo referido. Allí se habla de "convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación".

El punto siguiente avanza sobre el eventual escrache, al hacer referencia a la publicación de los "resultados" del "seguimiento de los reclamos y denuncias presentados". ¿Dónde se publicarán? ¿Habrá posibilidad de tener derecho a réplica? Las dudas se acumulan y la ley no parece dar precisiones para evacuarlas.

La idea de que exista una Defensoría del Público no es desacertada, es algo ya vigente en países del primer mundo que se destacan en lo referido a legislación sobre medios. Por ejemplo, en Italia existe la figura del "Defensor del Oyente" y en Andalucía la del "Telespectador de Radio y Televisión".

Sin embargo, la Defensoría que acaba de refrendar el kirchnerismo en la figura de una periodista de Tiempo Argentino —a la sazón esposa del director de ese medio, Roberto Caballero— posee imprecisas atribuciones que difícilmente colaboren para mejorar el trabajo de los medios.

Teniendo en cuenta la obsesión que ostenta el Gobierno respecto al control mediático del "relato", lo más probable es que esta nueva figura solo sirva para avanzar un nuevo tramo en contra de la libertad de expresión. Parecía imposible a esta altura, pero se ve que no lo es.

Christian Sanz
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