“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Cicerón.

Hace apenas unas horas, los camaristas Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez, dictaron penas de entre 10 y 22 años para nueve de los diez acusados por el secuestro de María de los Ángeles "Marita" Verón, que fue vista por última vez en abril de 2002, en Tucumán. 

El tribunal constituido para revisar el caso condenó a 22 años de prisión a José "Chenga" Gómez y a Gonzalo Gómez; a 18 años a Daniela Natalia Milhein y Alejandro Gómez; 17 años a Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada; 15 años a Azucena Márquez; 12 años a Humberto Derobertis; y 10 años a Mariana Bustos y Paola Gaitán.

Cabe mencionar que los acusados habían sido absueltos en diciembre de 2012 por la Sala II de la Cámara Penal provincial, fallo que fue revertido por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán.

Acto seguido, Susana Trimarco, madre de Verón, aseguró: "Vamos a seguir peleando hasta saber qué hicieron con Marita".

Su proclama es, por lo menos, curiosa. ¿Quién mejor que ella para saber qué pasó con su hija?

Pero primero lo primero… el fallo no se sostiene en ninguna prueba concreta ni concluyente. Es más, considera válidos testimonios que el fallo de 2012 había demostrado que eran armados y contradictorios y que por ello se habían rechazado.

Allí, mientras alguien aseguraba haber visto a Marita en La Rioja, otra persona juraba que su presencia era visible en Tucumán. Esos y otros testimonios carecen de detalles concretos y la mayoría fueron descartados cuando se supo que eran interesados, ya que correspondían a personas que trabajaban para la Fundación María de los Ángeles Verón.

Parte de esa irracionalidad puede leerse a fojas 18 del fallo, donde se admite que existe “falta de precisión” en las declaraciones pero se las justifica diciendo que “en un próximo juicio, en el que los años transcurridos habrán aumentado” se corre el riesgo de que los testigos “sean cada vez menos precisos”. O sea, es mejor la imprecisión que los testimonios muestren ahora y no la que pueda haber en un futuro, aún mayor. Sin palabras.

Eso no es todo: a efectos de minimizar el hecho de que incurrieron en graves contradicciones y omisiones, se asegura que los testigos al menos “tuvieron el valor de declarar” en el juicio.

A fojas 19, el Tribunal justifica el hecho de haber dado entidad al pedido de la querella —de volver a juzgar a los imputados—, al considerar que “no puede entenderse la sentencia y sus fundamentos sino se lo aprecia desde una perspectiva de género”. En este punto, ya no parece interesar el hecho en sí mismo, sino en el marco de que le ocurrió a una mujer. ¿Hubieran dicho lo mismo los jueces si Verón hubiera sido hombre?

Por si fuera poco, el Tribunal acusa a los jueces que absolvieron a los acusados de "discriminadores", "prejuiciosos" y de tener interés en el resultado final del litigio. Poco importa la contundente fundamentación que hace la Cámara —eso es lo que debe discutirse—, sino que intenta tirarse abajo sus razones por subjetivas. Un absurdo total.

Lo curioso es que el fallo reivindica al comisario Jorge Tobar, verdadero impulsor de la mentira urdida en torno a la desaparición de Marita. Tobar es quien presionó a la mayoría de las testigos para que dijeran que Verón estaba en lugares puntuales donde luego los investigadores no encontraban nada. Esto fue señalado y denunciado por un ex fiscal tucumano y consta en el expediente.

El fallo de marras intenta dar fe de que Marita estuvo en lugares donde es imposible que haya estado. No hay un solo dato objetivo ni evidencia que la ubique en esos lugares, pero para la justicia el hecho de que una testigo poco creíble lo haya dicho, es suficiente.

Debe mencionarse que existen fotos, videos y testimonios de sobra respecto de la existencia de una veintena de mujeres sometidas a explotación sexual en esos sitios, pero extrañamente no hay siquiera una huella digital que ubique a Verón allí.

La Justicia da crédito a testigos de identidad reservada, algunos de los cuales trabajan para Trimarco, son parte interesada. En el expediente aparecen con las iniciales FM, LT, ADR, VB y JC.

La declaración de ADR, por caso, es inverosímil. Tiene huecos preocupantes, como el hecho de no poder explicar cómo y por qué ella misma estaba en La Rioja o por qué apareció repentinamente en la casa de Trimarco. En los casos de VB y JC, las contradicciones son elocuentes e insalvables.

Se trata en general de testigos que mintieron, que no solo se contradijeron unos a otros, sino a sí mismos tomando en cuenta los diferentes momentos en los que declararon. A su vez, existen juicios cruzados entre algunos de esos testigos que no fueron tenidos en cuenta. Es un hecho que serviría para entender la motivación de algunas de sus declaraciones.

Hay un dato grave y del cual nadie habla, por ejemplo: se ha demostrado que la mayoría de los testigos que llevaron el expediente hacia el lugar que pretendía Trimarco pernoctaron en el domicilio de la madre de Marita. Es más, antes de brindar testimonio judicial, todos fueron asistidos por el grupo de psicólogos de la fundación Verón. No es especulación: ello consta a fojas 24.

Pero hay más: para el tribunal, el hecho de que los acusados estén vinculados a la trata de personas, es prueba suficiente para acusarlos de la explotación de Verón (Fojas 33).

Varias decenas de fojas se pierden recordando fallos jurisprudenciales y explicando el fenómeno, sin sentido alguno, siendo que más bien deberían reflejar es el vínculo real y probado entre la desaparición de Verón y los hoy condenados.

Olvidos y desmemorias

En el juicio se demostró que muchas de las mujeres que declararon recordaban detalles muy puntuales respecto de lo que les tocó vivir. Sin embargo, no recuerdan mayores datos de sus encuentros con Marita (Fojas 51).

La observación no es de este periodista sino de la psicóloga Zaida Gabriela Gatti, quien asegura que las mujeres que declararon no olvidaron “nombres, ni apodos ni rasgos físicos”. Solo a Verón.

Finalmente, el Tribunal admite que las pruebas no son suficientes, pero lo justifica diciendo que la existencia de un nuevo juicio oral “conllevaría necesariamente un nuevo e innecesario proceso de declaraciones testimoniales de las testigos-víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, con el peligro cierto de actualizar nuevamente sus traumáticas experiencias, pudiéndose provocar la manifestación de antiguas sintomatologías y producir un efecto de retraumatización como una nueva mortificación y padecimiento psicológico todo lo cual constituiría una verdadera revictimización".

Es decir, los jueces privilegian los posibles traumas que podrían sufrir los testigos antes que llegar a la verdad del caso. Insólito.

Susana Trimarco tiene mucho que explicar, como el hecho de acusar públicamente al proxeneta Rubén “Chancha” Alé por el secuestro de su hija, pero no mencionarlo jamás en sede judicial. ¿Cómo se explica semejante contradicción? 

En realidad, la seguridad que muestra la madre de Marita en los medios, se evapora por completo cuando se encuentra en sede judicial, donde abundan sus “no recuerdo” y “no sé”. 

Dicho sea de paso, Trimarco debería aclarar por qué su abogado es Carlos Varela Álvarez, otrora defensor del narcoterrorista Monzer Al Kassar y parte responsable del vergonzoso fallo que coronó la impunidad en torno a las coimas en el Senado.

Pero hay más dudas aún: ¿Por qué hoy la madre de Marita elogia públicamente a Alperovich y su mujer, Beatriz Rojkés, dos de los principales responsables de la trata de personas en Tucumán? La propia Trimarco lo advirtió en febrero de 2012: “Yo, de estúpida me iba a la Casa de Gobierno (provincial): estaba toda la mafia ahí. (...) Son los que manejan la droga y la prostitución en esta provincia. Yo no sé por qué todo el pueblo de Tucumán no se anima a enfrentarlos".

La explicación tal vez repose en los fondos que la fundación María de los Ángeles Verón recibe por parte del mandatario tucumano, algo que Trimarco niega públicamente. El último de ellos consta en el Decreto 74 / 2013 del 22/01/2013, que se basa en el expediente N° 088/110-F-2013.

Allí reza claramente que se le otorga a la institución que comanda Trimarco “un subsidio con cargo de oportuna rendición de cuentas, por la suma total de $480.000.- pagadero en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas por un monto de $80.000 cada una, a partir del mes de enero del corriente año”.

También Trimarco cobra un jugoso sueldo por parte del Ente Cooperador Ley 23412, ubicado en Lima 265 piso 3 de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. Allí, desde abril de 2011 tiene un salario mensual de $17.000 por hacer... nada. A su vez, cobra una pensión por $ 2.757,  nadie sabe en concepto de qué.

Colofón… y justificación

A la hora de analizar el caso Verón no sirven las especulaciones ni el silencio cómplice de la mayoría de los periodistas. Lo que sirve es la evidencia, que mayormente reposa en el corazón del expediente judicial.

Todas las contradicciones y mentiras proferidas por Trimarco se encuentran allí, tal cual fue revelado por este periodista en varias notas de investigación y análisis. Un dato no menor: la madre de Marita no vacila en injuriar y calumniar a quien escribe estas líneas, pero no admite un debate cara a cara con el mismo.

De la misma manera, ha hecho todo lo humanamente posible por desactivar el testimonio de este cronista en esa causa judicial, lo cual fue pedido por la Justicia tucumana en el año 2012. ¿Qué es lo que teme Trimarco?

Antes de terminar esta nota, debo aclarar que todos los acusados por el secuestro y desaparición de Verón son delincuentes de probada laya, que deben estar tras las rejas por diversa cantidad de delitos, de eso no hay duda. Sin embargo, nada tienen que ver con el hecho que se les imputa.

Por más que Trimarco grite y patalee, ello no hace más o menos culpable a nadie, lo que logra ese efecto es la evidencia concreta.

Ya lo dijo Rabindranath Tagore, filósofo y escritor indio: “La verdad no está de parte de quién grite más”.