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Pocos temas deben preocupar más a Cristina Kirchner que el de su falta de título de abogada. Los hechos de corrupción que la salpican también la incomodan, pero sabe que lo solucionará finalmente a través de la eventual presión judicial o la cooptación de jueces y/o fiscales.
Frente a la ausencia de diploma, la solución no es tan sencilla: a esta altura, la sociedad pretende ver un documento que desactive todas las dudas. Si es posible, el certificado analítico.
Nada de ello existe, y ello explica que la jefa de Estado deba masticar en silencio el malestar que le provocan las palabras de Daniel Sabsay, y otros, que dudan que sea realmente abogada.
En alguna otra oportunidad, una legión de ministros y secretarios hubieran salido a defenderla. Sin embargo, pocos se animan a inmolarse respecto de este tema en particular.
Ello explica que solo dos funcionarios —Aníbal Fernández y Jorge Capitanich— salieran a responder públicamente a Sabsay. Eso sí, jamás mostraron el título de Cristina.
Ni siquiera los siempre activos blogueros K se atrevieron a defender a la mandataria. Por lo visto, este tópico es el límite para casi todos.
Frente al golpe propinado por el tema del diploma de la presidenta, lo único que apareció en las últimas horas es una torpe nota-operación publicada por diario El Cronista, que me había sido anticipada un días antes.
"Se vienen una serie de notas en un importante diario económico", aseguró a este cronista una alta fuente de Casa Rosada.
Como sea, el diario referido, en un artículo firmado por Sebastián Iñurrieta, habla de la denuncia judicial por “usurpación de títulos y honores” que hizo este cronista en el año 2007 y que —no casualmente— cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.
En la misma nota-operación se asegura algo que no es cierto: que el rector Hernán Gómez de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó copia del analítico y del diploma de Cristina al juez.
Ello no es real y es fácil de comprobar, solo basta otear el expediente 14.522/07 para descubrirlo (Todos hablan pero nadie hizo la consulta de rigor).
Allí, el único “documento” presentado por la UNLP es una nota —que no tiene siquiera membrete— donde se asegura que Cristina sí se habría recibido, un día de octubre de 1979. Eso sí, nadie se percató de que esa jornada fue un feriado.
Con ese precario elemento, Oyarbide decidió archivar el expediente, sin dar la posibilidad a este periodista a apelar ante la Cámara Federal. ¿Qué temía el juez que ocurriera si otorgaba esa facultad? ¿Sufrió el magistrado algún apriete oficial para archivar tan rápidamente el expediente?
A esas dudas se suma otra más elocuente: ¿Cómo pudo Oyarbide cajonear una causa judicial sin exigir ver la documentación ad hoc? ¿Cómo se pudo conformar con algo tan poco creíble como una nota sin membrete?
Sorprende la liviandad con la que se manejó el juez, en un hecho inédito, sobre todo cuando se lo exhortó a citar a puntuales testigos y requerir documentación concreta a esa universidad. Oyarbide no hizo nada de nada.
La nota-operación de El Cronista también hace referencia al único documento que presentó la UNLP públicamente: la ficha de entrega de título, la cual está claramente adulterad. Allí, según el matutino, “Cristina Kirchner figura bajo la matricula 10.433.615, inscrita el 12 de febrero de 1980 (Tomo II Folio 160)”.
En realidad, los datos corresponden a Valentín Olmos, a quien le fraguaron su propia ficha de entrega de título, tal cual puede verse a continuación. Es algo que El Cronista no supo cotejar.
En las últimas horas, se presentó una nueva denuncia contra Cristina por su falta de título. Se espera que la Justicia ahora sí se anime a avanzar como corresponde.
Respecto del periodismo, mucho no se puede esperar. Apenas sí que algún colega se tome el trabajo de consultar el expediente judicial antes de publicar alguna barbaridad sin fundamento.
