Lo dije varias veces, y lo repetiré una más: los hermanos Lanatta, Cristian y Martín, pueden abrir las puertas para que Cristina Kirchner termine en prisión.

Es que ambos conocen los detalles de cómo se lavó dinero en la campaña del Frente para la Victoria en el año 2007.

Allí, media docena de jóvenes empresarios, "dueños" de pequeños laboratorios medicinales, pusieron dinero para que Cristina Kirchner lograra zanjar el camino para llegar a la presidencia.

En realidad, no pusieron nada, solo fingieron hacerlo: me lo confesaron varios de los involucrados en la trama, dos de ellos de gran relevancia, uno fue el propio Sebastián Forza —fui el único que pudo entrevistarlo—; el otro, Gabriel Brito, dueño de la firma Global Pharmacy Service SA.

En buen romance: uno y otro aparecen en la nómina de aportantes pero no pusieron un solo peso.

Ergo, ¿quién puso el dinero? ¿Por qué se fingió que alguien más lo aportó? ¿Tan impresentables son los verdaderos benefactores del FpV?

Según fuentes de la embajada de Estados Unidos, en la campaña de 2007 el kirchnerismo tuvo aportes genuinos, pero mayormente dinero del chavismo venezolano —valija de Antonini Wilson mediante— y el narcotráfico mexicano.

Es plata que aterrizó en el país merced a la gestión de un viejo amigo y socio de Aníbal Fernández: Ibar Esteban Pérez Corradi, a la sazón uno de los mayores protegidos por Néstor y Cristina a través de Ricardo Echegaray y Héctor Timerman.

La trama es tan pero tan obvia, que los peritos de la Corte Suprema de la Nación emitieron un dictamen hace unos meses confirmando por escrito que efectivamente se blanqueó dinero en la campaña de marras.

Los detalles finos, la trama política, la conocen unos pocos: los hermanos Lanatta, Pérez Corradi y el propio Aníbal. Todos ellos, a su vez, involucrados —no casualmente— en el tráfico de efedrina.

Por eso, cobra suma relevancia la fuga que estos protagonizaron a fines de 2015, sobre todo en el marco del pedido de ampliación de indagatoria que había refrendado en secreto María Romilda Servini de Cubría a fines de 2015, a la sazón la misma jueza que decidió en febrero de 2016 “aglutinar” el expediente del triple crimen de General Rodríguez.

Si a esto se suma que los Lanatta purgaban prisión por ser los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez, justamente a pedido de Aníbal y Pérez Corradi, todo empieza a cobrar sentido.

No se trata solo de ese hecho, ocurrido en 2008, o de los aportes de campaña, sino de algo más profundo, de una matriz de corrupción y crimen que perduró durante 12 años, bajo la fachada de una supuesta "revolución política".

Forza lo tenía claro y terminó acribillado a balazos. Eso sí, luego de haber aportado —supuestamente— a la campaña de Cristina Kirchner. “Sé que Aníbal Fernández me va a matar”, me dijo en mayo de 2008, meses antes de caer bajo un racimo de balas.

Cuando hice pública esa entrevista, el ex jefe de Gabinete me hizo una querella penal, que se sumó a otra que me había hecho en 2005 por decir que estaba vinculado al oscuro negocio del narcotráfico.

En ambos juicios, salí victorioso y Aníbal quedó con la sangre en el ojo.

Su bronca se multiplicó por mil cuando Martín Lanatta le dijo a Jorge Lanata —valga la cacofonía— a mediados de 2015 que mi investigación había sido impecable y que la justicia me tenía que llamar a declarar.

Los jueces nunca quisieron escuchar mi testimonio y ello explica por qué Aníbal jamás ha sido complicado a nivel judicial. Ello a pesar de que en los archivos de la DEA hay información de sobra que vincula al ex jefe de Gabinete con el mundo de las drogas y el crimen organizado.

¿Por qué nadie jamás dio importancia a esos documentos foráneos? ¿Cómo explicar que se hicieran oídos sordos a las alertas que aportó la agencia norteamericana en 2008 respecto del copioso ingreso de efedrina al país?

El kirchnerismo hizo oídos sordos, una y otra vez. Ello, a su vez, permitió que Aníbal gozara de la impunidad suficiente como para amenazar a los Lanatta y Schillaci, provocando su fuga carcelaria.

Por eso, la triple evaporación que estos refrendaron a fines de 2015, es mucho más que ese hecho en sí.

Es parte de una trama espesa que merece desempolvar viejos expedientes judiciales y antiguos archivos periodísticos, donde se cruzan nombres y fechas, una y otra vez.

Por caso, quien recaudó dinero para la suspicaz campaña de Cristina Kirchner en 2007 fue Héctor Capaccioli, entonces superintendente de Servicios de Salud.

Allí fue puesto por el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, quien a su vez estuvo complicado en una trama por blanqueo de plata años antes: la de Eduardo Duhalde y “Palito” Ortega de 1999, financiada por el cartel de Juárez a través de un personaje llamado Aldo Ducler.

Este último fue quien manejó el errático destino de los evaporados fondos de Santa Cruz, ello a pedido de Néstor Kirchner.

Como puede verse, los nombres se cruzan una y otra vez, en una trama maldita que vincula la explosión del narcotráfico en el país, la tristemente célebre mafia de los remedios y el devenir de puntuales narcotraficantes foráneos. Todo ello coordinado y permitido por poderosos políticos vernáculos.

Por todo lo expuesto… y por mucho más, es necesario este libro. Para unir las piezas de un rompecabezas que hasta ahora nadie juntó. Básicamente, para lograr entender.

Espero que sepan valorarlo, ustedes caros lectores.

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(1) La "morsa y la fuga", editorial Wu Wei, febrero 2016. Se puede conseguir en las mejores librerías del país o en edición digital en Bajalibros.com. También en Mercado Libre, haciendo clic acá.