En las últimas horas, el juez Claudio Bonadío decretó un sorpresivo secreto de sumario en el expediente que investiga la tragedia de Once ocurrida el pasado 22 de febrero. Esa medida se suma a la prohibición de salir del país a los titulares de la firma TBA, los hermanos Cirigliano —uno de los cuales se encuentra en Miami— y al secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.

Aunque muchos celebran por las medidas judiciales que lleva adelante el magistrado, hay quienes muestran escepticismo, como el abogado Javier Miglino, representante de varios de los familiares del accidente de Once. "Hay que ver cómo sigue la investigación, no confío en una justicia que parece que investiga al Estado pero le permite ser querellante", admitió el letrado a este medio.

Algo similar aseguró Rubén “Pollo” Sobrero, presidente del cuerpo de delegados de la línea Sarmiento de la Unión Ferroviaria, quien dijo que “lo de Bonadio es fulbito para la tribuna” ya que “sabemos quién es” al recordarlo como “hombre de la servilleta de Carlos Corach” y que ya dejó prescribir una de las causas de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte kirchnerista.

¿Es así? ¿Es Bonadío un juez permeable al poder o solo un magistrado independiente?

Juez y parte 

Criado en un hogar de clase media de la localidad de San Martín, estudió en el colegio La Salle de Florida y se recibió de bachiller en 1973. En los años 70 militó en Guardia de Hierro, una organización de la derecha peronista que sería semillero de notorios cuadros como José Luis Manzano y Matilde Menéndez.

En 1983, con el retorno de la democracia, Bonadío se vinculó al Frente de Unidad Peronista, la línea interna de Eduardo Vaca y Miguel Angel Toma que dominó por años el aparato del PJ de Capital Federal, aliada al megadenunciado intendente Carlos Grosso.

Fue asesor en el Concejo Deliberante y en los albores del menemismo Vaca lo acercó al estudio jurídico de Carlos Corach, quien lo insertó en la Justicia Federal luego de acceder al Ministerio del Interior de la Nación, aún cuando carecía de la más mínima “carrera judicial” y a pesar de no ser jurista de nota en especialidad alguna.

Bonadío no olvidará ese enorme favor y lo pagará con creces sobreseyendo a diversos funcionarios públicos del menemismo acusados por hechos de corrupción, de la talla del ex interventor del PAMI, Víctor Alderete. Por este último expediente, será denunciado por la Oficina Anticorrupción, quien lo acusará de haber realizado “manejos sospechosos” en una causa para beneficiar al cuestionado personaje.

En sentido similar, a principios de agosto de 2009, Bonadío será citado a declarar por el Consejo de la Magistratura acusado de "mal desempeño" por presuntas irregularidades en el trámite de una causa que investigaba créditos otorgados al grupo Yoma.

Si su costado profesional es cuestionable, aún más lo es su perfil financiero. A pesar de ostentar un elevadísimo nivel de vida, Bonadío ha tenido una carrera estrepitosa: el Banco Ciudad cerró su cuenta en 1991 y fue inhabilitado por el Banco Central hasta 1993. Designado juez, Bonadío recuperó su cuenta en el Banco Ciudad, entidad a la que aún hoy le debe 10.100 pesos.

A pesar de que en sus comienzos no tenía bienes a su nombre, en su última declaración jurada aseguró que posee una casa en Capital Federal, con valor fiscal de 83.151 pesos, y parte de otra en San Martín, por 10.022 pesos. Consignó, además, un jeep Rangler, valuado en 20.000 pesos, y un Audi A 3, modelo 2001, de 57.189 pesos. También declaró, por un total aproximado de 30.000 pesos, bienes del hogar y "armas de puño". Por si fuera poco, en el banco aseguró tener 20.000 pesos y 25.000 dólares.

El acomodaticio 

La mayor celebridad de Bonadío llegará de la mano del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo incluyó en la célebre servilleta donde reposaban los nombres de jueces federales entonces afines al gobierno.

Derrumbado el menemismo, rápido de reflejos, Bonadío se alineará rápidamente al kirchnerismo a partir de su llega al poder, en el año 2003, siendo una importante herramienta a la hora de desestimar denuncias contra funcionarios señalados por hechos de corrupción y perseguir a aquellos que se muestran críticos a las políticas del oficialismo. Baste recordar lo ocurrido en su momento con los ex ministros Gustavo Béliz y Horacio Rosatti.

De la misma manera sabrá cajonear y demorar importantes expedientes que comprometían a funcionarios del gobierno. Dos de ellos han sido la irregular importación de autos diplomáticos por parte de funcionarios de Cancillería —donde avanzó sólo sobre un par de “perejiles”— y la célebre causa Skanska.

A su vez, en gesto de gratitud, el kirchnerismo paralizará oportunamente las denuncias que pesaban sobre Bonadío ante el Consejo de la Magistratura.

Con esos antecedentes, ¿cómo esperar ahora que el magistrado se maneje de manera independiente en el marco de la investigación de la tragedia de Once?